La legislatura ha echado a andar en el Congreso de los Diputados. Tras tanto tira y afloja sobre la investidura, la más ajustada que se recuerda, ya es tiempo de negociar sobre leyes y políticas. En ese marco, EH Bildu va a plantear a corto y medio plazo una encrucijada al nuevo Gobierno de PSOE y Podemos: el traslado de los presos de ETA a cárceles vascas y navarras. Y, para ello, cuanto con el apoyo de uno de los dos partidos gobernantes, ya que los podemistas se sumarán otra vez a la protesta.
El final de la conocida dispersión de reclusos de ETA es uno de los principales objetivos, quizás el primero, de la coalición abertzale que lidera Arnaldo Otegi. Para los bildutarras se trata de una cuestión estratégica en la que, además y contra lo que es habitual en casi todos los ámbitos, cuentan con el respaldo sin fisuras del PNV, socio prioritario del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Es obvio que los seis diputados peneuvistas que comanda Aitor Esteban defenderán en el Parlamento que la política de dispersión de presos etarras tiene que acabarse. Es la postura oficial de los jeltzales desde hace tiempo, si bien les diferencia de Bildu que reclaman que los reos abjuren de la violencia terrorista que perpetraron. El PNV tiene otras prioridades para esta legislatura y, de hecho, este asunto no aparecía en su acuerdo con el PSOE, pero su apoyo está garantizado. Podemos también respalda esta tesis, de manera que la pelota está en el tejado del PSOE.
La presión en la calle... junto a Podemos
Otegi y los suyos empezarán este mismo sábado a presionar al Gobierno en la calle para que acabe la dispersión de reclusos de ETA. En Bilbao se celebrará la ya tradicional y habitualmente multitudinaria manifestación que pida el traslado de los reos a prisiones vascas y navarras. El año pasado participaron en la protesta unas 70.000 personas.
La manifestación, organizada un año más por la red Sare, colectivo que recientemente causó polémica al invitar a un etarra a la Universidad del País Vasco, se prevé otra vez más que relevante. Al igual que en años precedentes, la AVT pidió a la Audiencia Nacional la suspensión de la protesta, pero el tribunal permitió su celebración y ordenó a las Fuerzas de Seguridad vigilar si se producen actos de enaltecimiento del terrorismo. Asimismo, Vox puso una denuncia contra los organizadores.
Otra manifestación se celebrará en Bayona al mismo tiempo que la de la capital vizcaína. Estas marchas sobre los presos de ETA se producirá este año en un contexto político diferente. Porque coincide con la formación del nuevo Gobierno de PSOE y Podemos. En el seno de las formaciones nacionalistas vascas creen que este Ejecutivo sí podrá dar pasos para el traslado de los reclusos. Un razonamiento bastante lógico si se tiene en cuenta que, como ya ha informado este diario, Podemos participará en la marcha de Bilbao.
El partido de los círculos ya ha acudido a esta marcha en los años precedentes. En esta ocasión su presencia cobra especial relevancia al ser uno de los dos partidos que conforman el primer gobierno de coalición en España desde la Segunda República. ¿Hará caso Sánchez a su socio en esta espinosa cuestión?
Y las iniciativas parlamentarias que vendrán
Además de la tradicional marcha en las calles de este sábado, Bildu va a presionar al Gobierno mediante iniciativas parlamentarias que presentará en el Congreso. Ya en el polémico discurso de la diputada Mertxe Aizpurua durante la investidura, que fue el momento más tenso del debate, quedó claro que los bildutarras pretenden un cambio de calado en la política penitenciaria.
La portavoz de Bildu reclamó "un cambio en la política penitenciaria que la ajuste a la legalidad y la rescate definitivamente de la excepcionalidad y la venganza en la que la han instalado". "Porque para la convivencia es necesario también acabar con la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascas -expuso Aizpurua-, un alejamiento que se puso en marcha tras una decisión política y que hoy, además de ser una anacronía improcedente con la situación que se vive en Euskal Herría, es además una injusticia de crueldad extrema".
Precisamente a raíz de estas palabras y de otras de su discurso, la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo de Luis Portero, asesinado por ETA, ha denunciado a Aizpurua ante el Tribunal Supremo por una "vejación" a las víctimas del terrorismo.
