Hablar de transferencias es una costumbre casi ancestral en el País Vasco. Desde la aprobación del Estatuto de Gernika, allá por 1979, una serie de competencias quedaron pendientes de ser transferidas desde el Estado a la comunidad autónoma. Poco a poco el PNV, que ha gobernado desde entonces salvo durante el paréntesis del gobierno de Patxi López (2009-2012), ha ido arañando algunas de esas materias. Los diferentes gobiernos de PSOE y PP han cedido a las exigencias de los peneuvistas a cambio de sus votos en el Congreso de los Diputados. Las célebres transferencias han estado siempre, por todo ello, en el centro del debate político en Euskadi. Ahora, vuelven a estarlo y serán decisivas para las generales del 28-A y las municipales y forales del 26-M.
Las 33 transferencias acordadas
Siguiendo esa tónica de negociación con los nacionalistas, el Gobierno de Pedro Sánchez, quien salió victorioso de su moción de censura contra Mariano Rajoy gracias al apoyo definitorio del PNV, se comprometió a ceder hasta 33 transferencias al País Vasco. Para ello, el pasado enero remitió un calendario al Ejecutivo autonómico que dividía las transferencias en tres bloques que tendrían que finiquitarse en enero de 2020.
El primer bloque está compuesto por siete transferencias: productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por eres, transporte ferroviario en línea de cercanías y Feve, escuelas viajeras, centros de estudio y experimentación y obras públicas, y administración institucional e innovación tecnológica. La gestión de las prisiones en el País Vasco, clave por encontrarse en dichas cárceles muchos presos de ETA y por ello la más polémica, quedó relegada al tercer bloque.
Un plan perfecto para Urkullu
El escenario era perfecto para el partido y el gobierno liderados por Íñigo Urkullu. En varias fases, el PNV iría logrando más y más competencias del Gobierno central. Sería, tanto para su parroquia como para la sociedad vasca en su conjunto, la demostración perfecta de que su política pactista es efectiva y eficaz. El camino alfombrado para las elecciones vascas, previstas para septiembre de 2020, en las que el lehendakari se presentaría a la reelección como el artífice del milagro: el Estatuto de Gernika, hecho carne. O casi, porque lo cierto es que el PNV amplía las exigencias hasta 37 materias e incluye una joya de la corona que el PSOE no incluyó en su esquema: la Seguridad Social propia. En todo caso, las cartas de Urkullu eran ganadoras en esta partida. Y siempre habría tiempo para reclamar también la Seguridad Social más adelante.
Sin embargo, Sánchez adelantó las elecciones generales. Eso lo cambió todo. Porque el 28-A paralizó el plan acordado por PSOE y PNV. La plasmación de esas 33 transferencias depende ahora de qué ocurra en las elecciones generales. Si los partidos de centro derecha logran una mayoría absoluta, no habrá competencias para el País Vasco. Se acabó el chollo para los nacionalistas que, de hecho, temen una “involución”, puesto que Ciudadanos y Vox ya han hablado de recentralizar algunos asuntos clave que ahora están transferidos a las comunidades. Esa hipótesis cobraría forma de terremoto de imprevisibles consecuencias en Euskadi.
El primer bloque antes del 28-A, clave para el PSE
Los planes de Sánchez pasan por aprobar las siete transferencias del primer bloque antes de las elecciones generales. Isabel Celáa, actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno y que ya fue consejera de Educación en el Ejecutivo vasco de Patxi López, afirmó hace unos días en una entrevista a ‘Diario de Noticias’ que “nuestra intención es transferir a Euskadi esas siete materias” antes del 28-A. En el Gobierno consideran que “hay tiempo”.
Sería, en caso de concretarse, un gran paso para que los socialistas intenten recuperar el terreno perdido en el País Vasco. Porque Idoia Mendía y los suyos se presentarían ante los ciudadanos con la vitola de que el PSOE favorece el autogobierno por la vía de cumplir el Estatuto de Gernika. El partido gubernamental ha obtenido tradicionalmente buenos resultados en esta comunidad. Siempre era el más votado entre los no nacionalistas. Sin embargo, en las generales del 20-D de 2015 y el 26-J de 2016, el PSOE perdió miles de votos y fue tercera fuerza, por detrás de Podemos, que ganó, y del PNV, que quedó en segundo puesto. Además, los socialistas casi empataron tanto con Bildu como con el PP; ambos quedaron separados por pocos miles de votos.
Para los socialistas vascos, por tanto, es básico que se aprueben esas primeras transferencias antes de la cita con las urnas. Y para el PNV, otro tanto. Una vez disueltas las Cortes, el Gobierno de Sánchez tiene que legislar por decreto para sacar adelante sus propuestas. Y en la Diputación Permanente depende de los votos de lo peneuvistas. Blanco y en botella. Eso sí, los nacionalistas necesitan algo más porque esas siete transferencias del primer bloque acordado son menores. Como ha publicado Vozpópuli, Urkullu quiere que el PSOE saque a la Guardia Civil de Navarra, tal y como acordaron el presidente de Gobierno y la presidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, de Geroa Bai, coalición que allí aglutina al PNV y otras formaciones.
Pase lo que pase antes del 28-A, después habrá, en cualquier caso, transferencias pendientes. O las 37 que pide el Gobierno vasco, o las 33 acordadas o al menos 26 (si se aprueban las siete). Entre ellas, por supuesto, estará la más polémica: la gestión de las prisiones vascas. Como se ha dicho, dependerá del reparto de escaños en el Congreso. El PNV y la izquierda 'abertzale', cuyos votos también podría volver a necesitar Sánchez, reclamarán esta cesión. Por ahora, el Gobierno sigue acercando a presos de ETA a cárceles del País Vasco. Pero la realidad es que el 28-A dificulta esa hipótesis. Lo único seguro es que en Euskadi, tierra fértil en tradiciones, se seguirá hablando de transferencias.
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