La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha vuelto a reclamar el fin de la dispersión de los presos de ETA, dado que esta política penitenciaria "no tiene razón de ser" cuando han pasado diez años del fin de la actividad terrorista de la banda. A su vez, Artolazabal ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la "igualdad de trato" a todos los reclusos, sin "privilegios ni excepcionalidades", así como con el respeto a las víctimas.
En este sentido, y en referencia a posibles traslados a cárceles vascas de presos de ETA, ha destacado que aquellos reclusos que lleguen a las prisiones vascas "se incorporarán a la vida normal de los centros como un preso más, sean de ETA o no".
Artolazabal ha presentado este miércoles, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, la Agencia de Reinserción Social Aukerak, destinada a la reinserción social de los presos de los centros penitenciarios vascos a través de la formación laboral. El Gobierno Vasco ejerce la competencia penitenciaria desde el mes de octubre, tras la transferencia del Ejecutivo central.
Este organismo, que se puso en marcha el 1 de enero, es uno de los principales proyectos en materia de política penitenciaria impulsados por el Gobierno Vasco desde que el pasado mes de octubre asumiera la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma, una materia contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979.
En su intervención, y en respuesta a las preguntas de los periodistas en torno a este asunto, la consejera se ha referido a la situación de los 84 presos de ETA que, a fecha de 1 de enero, se encontraban cumpliendo condena en Euskadi.
De esos 84 presos, 61 se encuentran en régimen ordinario, mientras que 14 cumplen su pena en régimen abierto y nueve están en libertad condicional. Además, 28 de los reclusos de la desaparecida organización terrorista participan en algún tipo de taller.
"Avanzar en la convivencia"
Beatriz Artolazabal, en la misma línea que viene haciendo desde el pasado mes de octubre, ha explicado que, pese a que "el interés" de determinados agentes políticos y mediáticos se centra en el colectivo "concreto" de presos de la extinta organización terrorista, la gestión del Gobierno Vasco está dirigida "a todo el conjunto de internos, sin excepcionalidades ni tratamientos específicos para colectivos específicos".
La consejera, en todo caso, ha afirmado que diez años después del final del terrorismo de ETA, resulta necesario "seguir avanzando en la convivencia". Para ello, según ha dicho, es preciso "eliminar la política penitenciaria de dispersión" aplicada a los reclusos de la banda, sobre la que ha afirmado que en la actualidad "no tiene razón de ser".
Artolazabal ha afirmado que desconoce cuáles son los planes que el Ejecutivo central --sobre el que sigue recayendo la competencia de la política penitenciaria-- puede tener al respecto.
La responsable de Justicia del Ejecutivo autonómico ha explicado que "cualquier persona que sea trasladada a un centro penitenciario vasco, sea cual sea el delito cometido, tendrá que asumir los códigos y el reglamento establecido del propio centro, sin distinciones para perjudicar ni para beneficiar a nadie".
"Como un preso más"
Artolazabal, que se ha mostrado partidaria de los acercamientos de cualquier reclusos a prisiones cercanas a su lugar de arraigo, ha reiterado su demanda de "derogar la legislación penal excepcional" aplicada a los presos de la desaparecida organización terrorista. "Estamos en otro tiempo. Es necesario seguir avanzando y seguiremos trabajando con lealtad y coordinación con el Ministerio del Interior para que esos traslados sean factibles", ha añadido.
En este sentido, y en referencia a posibles traslados a cárceles vascas de presos de ETA, ha destacado que aquellos reclusos que lleguen a las prisiones vascas "se incorporarán a la vida normal de los centros como un preso más, sean de ETA o no".
La consejera de Justicia se ha referido, en respuesta a los periodistas, a los criterios para la concesión de terceros grados a presos de ETA. En este sentido, ha insistido en que no habrá "distinciones" ni "privilegios" en el trato, y que "corresponde a las juntas de tratamiento" de cada prisión proponer a la dirección de ese centro la clasificación o revisión de grado para un determinado recluso.
"Individualización científica"
Beatriz Artolazabal ha explicado que esas revisiones se realizan cada seis meses, y que los casos "se estudian por parte de las juntas de tratamiento bajo el principio penitenciario de individualización científica". "Todas las cuestiones sobre progresiones de cualquier persona privada de libertad se harán en base a criterios objetivos, científicos; a criterios avalados en base a un expediente por el compromiso adquirido por las personas privadas de libertad", ha añadido.
En la misma línea, ha indicado que son los expertos de las juntas de tratamiento quienes realizan una valoración "objetiva y científica" de cada caso, mientras que "la última palabra" sobre las progresiones de grado "queda en manos de la Fiscalía", que "puede recurrir al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y a la Audiencia Nacional".
En todo caso, ha insistido en que el Gobierno Vasco "defenderá la igualdad de trato", de forma que "no va a haber un trato preferente, ni privilegios ni excepcionalidades" en el tratamiento de ningún recluso. De esa forma, ha subrayado que los 84 presos de ETA que cumplen condena en Euskadi "están obligados y también amparados por el mismo reglamento penitenciario que los otros 1.250" reclusos de las prisiones vascas.
"Humanización"
Artolazabal ha recordado que el Gobierno Vasco "siempre" se ha mostrado partidario de la "humanización" de la política penitenciaria, y ha señalado que una de las bases del modelo penitenciario que pretende implantar el Ejecutivo autonómico está relacionado con "la mejora de la calidad de vida" de los presos, especialmente de aquellos que tienen una edad avanzada o que padecen enfermedades graves, "hayan pertenecido a ETA o no".
"Hemos sido claros", ha destacado Artolazabal, que ha recordado que el Gobierno Vasco se comprometió desde la asunción de la competencia sobre la gestión de las prisiones a actuar teniendo siempre en cuenta las "necesidades" y la opinión de las víctimas, con independencia de cuál sea el delito que padecieron
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