No es ningún secreto que de todas las transferencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika, las dos más ansiadas por el Gobierno vasco eran Prisiones y la Seguridad Social. Una vez cerrada este viernes la cesión de la competencia de las cárceles, queda la verdadera joya de la corona de todas esas materias que reclaman los nacionalistas vascos. Y, al decir de las fuentes consultadas por Vozpópuli, la gestión de la Seguridad Social se cederá al País Vasco en 2022.
Los gobiernos que presiden Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu tienen claro que en esta legislatura llegarán a Euskadi muchas de las competencias que constan en el texto estatutario. Los planes iniciales, desvelados en su día por este periódico, consistían en que Prisiones se cedería a la comunidad autónoma en 2020 y la gestión de la Seguridad Social en 2021. Pero llegó la pandemia y mandó parar. O, dicho de otra manera, cambió esos planes acordados a principios del pasado año.
Ambos ejecutivos, con partidos que son socios tanto en Madrid como en Vitoria, acordaron cambiar la hoja de ruta debido a la pandemia. Las cesiones parecían postergadas sine die. Pero la última reunión entre Sánchez y Urkullu en el Palacio de la Moncloa, celebrada a finales de enero, sirvió para dar un impulso definitivo a las negociaciones que, más que haber encallado, simplemente se habían congelado.
Objetivo 2022
Al decir de las fuentes consultadas por este diario, la gestión de la Seguridad Social será competencia de Euskadi en 2022. Esta cesión, que no está exenta de riesgos en opinión de los expertos en la materia, no supone que el País Vasco vaya a tener una Seguridad Social propia, diferenciada de la del resto de comunidades, pero sí quiere decir que gestionará todo el proceso. Si la citada previsión se cumple, el Ejecutivo de PNV y PSE pasará a ocuparse de gestionar hasta 9.500 millones de euros al año, según los cálculos que en su día publicó Vozpópuli.
En todo caso, la dificultad jurídica de la operación no es baladí. El Estatuto de Gernika recoge que la comunidad asumirá la competencia sobre "la gestión de la Seguridad Social", pero no aporta más detalles. Por ello, las negociaciones entre ambos gobiernos no son nada sencillas para alcanzar un acuerdo sobre la materia. La voluntad política existe, pero la letra pequeña lo complica.
Prisiones, la otra pieza
La prueba de que esa voluntad de acuerdo es mutua está en el pacto anunciado este pasado viernes. Cuatro competencias transferidas, entre ellas Prisiones, que, como ya se ha dicho, es la otra pieza de caza mayor que se cobra el Gobierno de Urkullu. El Ejecutivo vasco se ocupará de esta competencia desde el próximo 1 de octubre, si bien el traspaso se escenificará con una reunión y un acto que se celebrarán el próximo 10 de mayo.
Aún quedan casi otras treinta transferencias que recoge el Estatuto de autonomía del País Vasco, pero la de las cárceles tiene una especial carga simbólica, ya que Cataluña es la única región que hasta ahora tiene esa competencia, y también es especialmente relevante para el futuro por lo que respecta a los presos de ETA.
Semanas atrás Vozpópuli ya dio cuenta de los planes del Gobierno de Urkullu en esta materia penitenciaria. Se trata de una clara apuesta por la reinserción en todos los niveles. De este enfoque podrán beneficiarse los reclusos etarras que estén en el País Vasco, pero siempre y cuando abjuren de su pasado terrorista.
Por ahora, el número de reclusos de ETA en Euskadi es muy pequeño. De los cerca de 200 presos de la banda terrorista que cumplen condena en cárceles españolas, apenas unos quince están en alguna de las tres cárceles vascas (Zaballa, Martutene y Basauri). No obstante, está claro que si la política penitenciaria del Ejecutivo de Sánchez sigue por los derroteros de los últimos meses, es bastante probable que haya muchos más reos etarras en las prisiones del País Vasco.
En estos momentos hay algo más de 1.200 presos en los tres centros penitenciarios vascos, donde además trabajan 630 funcionarios. Con toda seguridad estas cifras aumentarán en pocos años, porque la previsión del Ejecutivo vasco es que en 2023 esté terminada la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que tendrá capacidad para 500 reclusos, que será una de las más modernas de España y que sustituirá a la vieja prisión donostiarra de Martutene, donde ahora cumplen condena apenas 300 reclusos.
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