Desde que empezó a gestionar Prisiones, el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a ocho presos de ETA. Este hecho, conocido el pasado fin de semana al anunciarlo la propia consejera de Justicia, Política Social e Igualdad del Ejecutivo autonómico, Beatriz Artolazabal, ha provocado una crisis en las relaciones con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo.
Precisamente Artolazabal lleva tiempo tejiendo complicidades con algunos de estos colectivos. El Gobierno vasco ha tenido unos cuantos gestos hacia los damnificados por el terrorismo en los dos años de esta legislatura. Ese acercamiento, sin embargo, ha saltado por los aires (o eso parece, al menos) en solo unos días.
Lo cierto es que en las asociaciones de víctimas cunde el enfado por la actitud del Ejecutivo presidido por Íñigo Urkullu. No se esperaban este tipo de decisiones, confiaban en el buen hacer del Gobierno vasco y no eran conscientes de que ya había una decena de terroristas que habían logrado el tercer grado desde que se transfirió a País Vasco la competencia de Prisiones.
"Una decena"
La polémica empezó el pasado fin de semana. La citada consejera afirmó en una entrevista con El Correo que "hemos autorizado ya la concesión de una decena de terceros grados a presos de ETA". No dio más detalles al respecto, pero las asociaciones la AVT y Covite desvelaron después que se trataba, en concreto, de ocho reclusos etarras.
Entre ellos están José María Arregi Erostabe, Fiti, ex jefe de la banda terrorista, Unai Fano, que recientemente saltó a la palestra porque la Audiencia Nacional le retiró otro tercer grado, o José Ángel Lerín, jefe de un comando etarra que perpetró una veintena de atentados entre 2004 y 2006.
Además, a las asociaciones no solo les molestó el anuncio de Artolazabal, sino también otras palabras dichas en la citada entrevista. Teniendo en cuenta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene la última potestad de reclamar la revisión de las progresiones de grado y que últimamente se han revocado varios terceros grados de etarras por considerarse falso su arrepentimiento, a la consejera le preguntaban por qué pasaría si sus expedientes eran revocados por el tribunal. Y su respuesta fue esta: "Entonces habrá que mejorar los expedientes, que sean perfectos en forma y de fondo".
A la Fiscalía
La reacción de los citados colectivos de víctimas del terrorismo llegó pronto. Primero la AVT se quejó públicamente de las declaraciones de la consejera y decidió llevar el asunto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. "Pediremos a la Fiscalía que revise las decisiones adoptadas para que compruebe que se ajustan a esa legalidad". Después, desde Covite reclamaron lo mismo al Ministerio Público y, pese a su enfado, mostraron su "tranquilidad" por el hecho de que es el tribunal "y no los gobiernos" quien tiene la última palabra.
La asociación presidida por Consuelo Ordóñez fue más allá porque acusó al Gobierno vasco de "mentir cuando nos aseguró que solo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción y de desvinculación ideológica de ETA". Y es que, según exponía Covite en un comunicado, los ocho presos que han recibido el tercer grado del Ejecutivo vasco no están arrepentidos.
Covite denuncia que los presos a los que el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado "siguen vinculados a la izquierda abertzale y al EPPK y no han dado ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción"
"Se trata de miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale". "En nuestro Observatorio de radicalización hemos documentado manifestaciones de petición de amnistía para todos ellos de forma explícita, lo cual evidencia que no se han desvinculado de la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale, que sigue controlando a los presos de ETA en las cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión".
El colectivo asegura que todos los agraciados "siguen vinculados a la izquierda abertzale y al EPPK y no han dado ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción, lo que contraviene la jurisprudencia y las resoluciones que viene emitiendo la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a este respecto".
Otras reacciones a esta polémica evidencian la división que genera. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, reclamaba "despolitizar" estos asuntos y "dejar trabajar a los profesionales", amén de mostrar su confianza en el Ejecutivo de Urkullu. Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, afirmaba que el Gobierno vasco utiliza la competencia de Prisiones "para colocar un puente de plata hacia la liberación de asesinos que ni se arrepienten ni ayudan a resolver asesinatos cometidos".
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