Giorgia Meloni se ha convertido en un referente europeo en la lucha contra la inmigración ilegal en origen. Tras encontrarse la crisis en Lampedusa el pasado verano, inició contactos por la Unión Europea para dar luz verde al 'plan Mittei', que propone iniciar proyectos de interés en África con un doble objetivo: que los países controlen a las mafias y que los ciudadanos, que viven auténticos dramas humanos, dejen de sufrir penurias y decidan quedarse en su país.
Con estas políticas, llevadas a cabo en muchos países de origen como el Líbano o Egipto, la Unión Europea busca frenar la inmigración masiva, algo que Meloni ha conseguido frenar -cortó la crisis de Lampedusa de raíz, aunque las cifras de 2024 son más altas que las de 2022.
En el caso de Pedro Sánchez, ocurre lo mismo: siguiendo las tácticas de Meloni, viajó junto a Ursula von der Leyen hasta Mauritania para entregar un total de 500 millones de euros al país: 200 salieron de las arcas del estado español para inversiones en hidrógeno y 300 de la hucha comunitaria con varias partidas, entre ellas el control de fronteras.
El pago surtió efecto: tras unos primeros meses del año con muchas llegadas de inmigrantes a Canarias, estas descendieron de manera radical. Pero a diferencia de Meloni, Sánchez tiene que lidiar con un país que se ha convertido en receptor de migrantes de toda África. Fuentes de Interior cuentan a Vozpópuli que el país cuenta con un campamento con más de 300.000 personas procedentes de distintos puntos del continente que buscan dar el salto en cayuco hacia las Islas Canarias.
Con las elecciones presidenciales ya resueltas, se prevé que pronto vuelva a haber un éxodo masivo a través del mar con el objetivo de llegar a unas Islas Canarias que han hecho del colapso su particular normalidad.
Lo cierto es que ni los 500 millones de España a Mauritania ni las inversiones del Plan Mittei han impedido que los inmigrantes se echen al mar para llegar hasta Europa. Tan solo ha conseguido que las cifras habituales vuelvan a su cauce y que, por tanto, sean absorbibles por los puntos de llegada. Una situación a la que España quiere enfrentarse dentro de poco, si Mauritania lo permite, una vez repatrie o acepte a los inmigrantes llegados en masa a Canarias desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024.
Otros países 'agraciados' por la Unión Europea
El último en sumarse a la lista de países 'agraciados' por la Unión Europea es Líbano. En una reunión a tres entre Ursula von der Leyen, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides y el primer ministro libanés, Najib Mikati, la presidenta de la Comisión Europea ha ofrecido 1.000 millones de euros y el compromiso de mantener las vías migratorias legales abiertas a cambio de frenar la inmigración ilegal.
Es la respuesta a la llamada de socorro del propio Christodoulides, que vio cómo en el primer trimestre del año llegaron a sus costas más de 2.000 inmigrantes irregulares. Una cifra que contrasta, según la prensa local, con las 78 personas que desembarcaron en el país en el primer trimestre del año anterior.
Las ONG, contra estos pagos a los países de origen
Estos pactos económicos entre miembros de la Unión Europea y países de origen han sido muy criticados desde ONGs como Amnistía Internacional, que considera que "hace cómplice" a la UE en abusos contra personas refugiadas y que denota "un insensible desprecio de las normas básicas de derechos humanos". Por su parte, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales acusó a Europa de "apoyar acuerdos, programas y proyectos que promuevan sus intereses y prioridades y que impidan cualquier flujo hacia su suelo" y provocar una acumulación de inmigrantes en países fronterizos.
