La irrupción de la pandemia covid propició la compra a la desesperada de material sanitario mediante contratos de urgencia muchos de los cuáles terminaron investigándose en Anticorrupción o en la Justicia. Tres años después de que se decretara el estado de alarma, muchas de esas diligencias se han archivado aunque otras todavía siguen su recorrido en los tribunales. De todas ellas destaca la abierta un juzgado de Plaza de Castilla por contratos del Gobierno central de 310 millones de euros.
A esta causa -por la que se imputaron a dos altos cargos de Sanidad y uno de Hacienda- se suman otras, aunque menores, relativas a la compra de material en otras regiones. Destaca la investigación en un juzgado de Canarias por un contrato de 4 millones de euros o el conocido como 'pelotazo de las mascarillas' por el contrato de 11 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid firmó con una empresa asiática y que provocó la imputación de Alberto Luceño y de Luis Medina.
Se trata de procedimientos aislados ya que la gran mayoría de investigaciones abiertas por el suministro a gran escala de material sanitario se han ido archivando en este tiempo. Algunas incluso no llegaron a nacer, como ocurrió con la avalancha de querellas que estudió el Tribunal Supremo contra el Gobierno en los primeros compases de la pandemia. Ni una de las 30 querellas y 20 denuncias presentadas contra los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez salió adelante.
Freno del Supremo
La Sala de lo Penal desestimó la petición solicitada por sindicatos médicos, policiales, colectivos de ciudadanos y partidos políticos que quisieron actuar a título individual contra Pedro Sánchez y sus ministros por delitos como prevaricación, homicidio, contra el derecho de los trabajadores o malversación. Las principales quejas se centraban en que no se hubiera facilitado a sanitarios y fuerzas de Seguridad del Estado los equipos de protección adecuados.
Además, también coleaban las denuncias por la autorización de concentraciones masivas como la del 8-M días antes de la declaración del estado de alarma del que ahora se cumplen tres años. En relación a este último asunto se llegó a abrir una causa en los juzgados de Plaza Castilla contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pero en junio de 2020 se archivó al no acreditarse que conociera el peligro del virus cuando autorizó la marcha por el Día de la Mujer a la que acudieron miles de personas.
En lo que respecta al Tribunal Supremo, éste se negó a actuar contra los aforados pero abrió la puerta a que la gestión por la covid se investigara en los juzgados ordinarios. De esta forma arrancaron varios procedimientos penales algunos de los cuáles siguen su curso a día de hoy. En su mayoría se denuncia el desorbitado precio que se pagó por mascarillas, test y guantes a empresarios (principalmente asiáticos) que no tenían nada que ver con el sector. La tramitación como contratos de emergencia evitó el control de estos contratos, muchos de los cuáles se quedaron sin cumplir ya que las partidas adquiridas no solo estaban en mal estado sino que algunas ni llegaron.
Las mascarillas de Illa
Así, por ejemplo destaca la causa que impulsó el sindicato médico CESM contra el exministro de Sanidad por las mascarillas defectuosas que adquirió a una empresa china. El colectivo consiguió que se abriera causa contra Salvador Illa, entonces ministro del ramo, por presunto delito contra los trabajadores. La querella recogía que los médicos utilizaron mascarillas fake en lo peor de la pandemia, lo que no impidió los contagios entre sanitarios.
Las diligencias se derivaron a Cataluña a tenor de la condición de diputado catalán de Illa; sin embargo la Justicia revocó la decisión del juez y le obligó no solo a reabrir la causa, sino a practicar también las diligencias necesarias para esclarecer este asunto. Ahora se está a la espera de recabar información del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la certificación de resultados de los análisis de estas mascarillas.
También en los juzgados de Madrid hay dos causas penales por la compra de mascarillas. La primera de ellas es la que acumula contratos por mayor importe. Una querella de Vox contra tres altos cargos de Sanidad y Hacienda dio origen a una causa penal por contratos de 310 millones de euros. La Fiscalía ha pedido el archivo de las diligencias pero el partido insiste en que Sanidad y el Tribunal de Cuentas deben aportar documentación de estos acuerdos.
Megacontrato de 200 millones
En el epicentro de estas adjudicaciones se encuentra el 'megacontrato' desvelado por Vozpópuli de 200 millones que se adjudicó a HongKong Travis Asia. Este medio contó que detrás de esta firma se encontraba un complejo entramado societario que ha evitado que, tres años después, se sepa cual fue el destino final de todos estos millones. Por su parte, los tres altos cargos del Gobierno imputados en la causa declararon que siguieron escrupulosamente los trámites de contratación pública.
Más mediática ha sido la causa por la que permanecen imputados el comisionista Alberto Luceño y Luis Medina. En este caso el asunto no arrancó de una querella en el Tribunal Supremo, sino de una investigación secreta y prolongada durante meses en la Fiscalía Anticorrupción. En abril del año pasado el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió la querella para investigar los pormenores de un contrato con una empresa asiática de 11 millones de dólares para suministrar guantes, mascarillas y test rápidos. Los imputados se quedaron 6 millones en comisiones.
También millonario fue el monto público que se desvió para la compra de mascarillas en Canarias. Un juzgado de Las Palmas investigó una presunta estafa de 4 millones de euros que salpicó, curiosamente, a uno de los protagonistas de la causa sobre el 'tito Berni'. Se trata de Conrado Domínguez, entonces director del Servicio de Salud Canario. El asunto se derivó a finales del año pasado a la Fiscalía Europea que indaga un presunto desvío de fondos europeos.
Diligencias en Anticorrupción
A todas estas causas penales en juzgados hay que añadir la decena de diligencias que se han ido abriendo en la Fiscalía Anticorrupción a tenor de las denuncias de unos y otros partidos. En este tiempo, el ente ha ido archivando aquellas en las que no ve indicio de delito. Destacan, entre otras, la que se siguió contra el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por el contrato de mascarillas que suscribió la empresa Priviet Sportive con la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia.
Ciertamente es noticiable que la adjudicataria de ese contrato fuera una empresa que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido de 0Un juez sobre el proveedor de confianza de Ábalos
También en archivo terminaron las pesquisas abiertas por las ayudas y bonificaciones que recibió una empresa vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En julio se dio carpetazo a este asunto alegando que no se podía probar irregularidad alguna en las 15 ayudas que recibió la mercantil Playbol entre febrero de 2020 y mayo de 2021 en forma de subvenciones o avales del ICO.
No obstante, a la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón llegaron una decena de denuncias sobre megacontratos suscritos por el Gobierno de material sanitario. Entre los entes que se pidieron investigar destaca la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Como desveló este medio, la empresa vinculada al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos fue una de las especialmente beneficiadas por estos contratos de emergencia.
El departamento de Ábalos compró 8 millones de mascarillas a esta sociedad que no solo no tenía experiencia en el sector, sino que su volumen de negocio era de cero antes de la pandemia. La firma en cuestión (la misma que suministró los tapabocas a Canarias) se embolsó 24,2 millones de este contrato. Días después Adif (empresa que tutelaba Ábalos) adquirió a esta misma firma 5 millones de mascarillas por 12,5 millones. Estas operaciones nunca se han judicializado.
"Indudable interés público"
Aunque muchas de estas causas no han prosperado, los jueces sí se han pronunciado sobre la compra defectuosa de material a lo largo de estos años. A modo de ejemplo destaca lo plasmado por magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que, en el auto por el cual ordenaban reabrir la causa contra Illa, apuntaban que la distribución de las mascarillas fake fue un hecho "notorio". "No estamos criminalizando la pandemia, pero esta situación tampoco puede servir de patente de corso para descartar cualquier tipo de responsabilidad penal", dijeron.
También Anticorrupción criticó duramente la actuación de Luceño y Medina en su condición de comisionistas en el peor momento de la pandemia. Más recientemente un juez de Madrid ha valorado la necesidad de informar sobre estas empresas y las millonarias partidas que se embolsaron. Una sentencia ha dado la razón al abogado Ramiro Grau por la publicación de un artículo en el que apuntaba a los "chanchullos" del dueño de la proveedora de confianza de Ábalos.
"La empresa de la que era administrador el actor consiguió la adjudicación para la adquisición de un número muy importante de mascarillas con un precio también importante. Ciertamente es noticiable que la adjudicataria de ese contrato fuera una empresa que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido de 0", expuso el fallo, el cual incidió en que la información era de un "indudable interés público" y que era "especialmente importante la fiscalización" de la actividad de las administraciones pública por parte de los medios de comunicación.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación