La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Ejecutivo pondrá en marcha un Plan de Empleo e Impulso a la Activación con especial atención a los parados de larga duración en situación de “especial necesidad”, y que de momento se está trazando un “mapa” entre Estado y comunidades autónomas para definir beneficiarios.
El plan se recoge en un documento de 21 páginas en consenso con patronal y sindicatos, que la ministra ha presentado tras una reunión con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Pese al acuerdo, los sindicatos han criticado que Báñez no haya querido entrar en la propuesta de establecer una ayuda adicional desde octubre para las 500.000 familias que no tienen ingresos, con una financiación de 2.500 millones.
La ministra ha querido dejar claro que “hay que trabajar de verdad en quien lo necesita, en las situaciones que no atiende ni el Estado ni las comunidades autónomas” haciendo referencia a los potenciales beneficiarios. “Hay que ver el colectivo afectado y habrá recursos”, añadiendo que “los datos de los sindicatos hay que contrastarlos con el resto de interlocutores sociales y con las cifras del Gobierno”.
Propuesta del Gobierno
Báñez ha destacado que el plan del Gobierno responde a que es “consciente” de que hay familias con todos sus miembros en paro, a quienes “hay que acompañar hasta que vuelvan a trabajar” y ha recordado la labor del Ejecutivo desde 2011 ampliando el sistema de protección con medidas como la ampliación del Plan Prepara hasta los 450 euros al mes.
El documento presentado por el Gobierno indica el compromiso para ampliar en el mes de octubre “los mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social”. Así, el plan señala que los beneficiarios deberán acreditar de forma regular su búsqueda activa de empleo y participar en acciones de inserción propuestas por los servicios de empleo.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que proponen ayudas para unas 500.000 familias sin ingresos, que requieren una “atención prioritaria” y que “esta ayuda debería ser de efectos inmediatos, en octubre, para que de forma progresiva el nivel de protección básico llegara a esas personas” y ha recordado que las propuestas fiscales de los sindicatos de cara a la reforma fiscal permitirían liberar 6.000 millones de euros adicionales.
En este sentido, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha mencionado que es clave “disponer de recursos suficientes para abordar los objetivos que se plantean” y ha indicado que esta propuesta requiere una concreción "urgente" y un desarrollo de la financiación necesaria.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado este martes que la patronal "no pone reparos" a la creación de una ayuda para parados como ésta, que también está en línea con la propuesta formulada por el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque éste la cuantificó en más de 4.000 millones de euros. "Tenemos restricciones presupuestarias, pero también una bolsa de 500.000 familias en una situación alarmante", ha dicho.
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