Una presunta 'vendetta' política mantiene atrapados en Paraguay a dos empresarios españoles, a los que la justicia impide salir del país. Se les imputan los delitos 191 y 192 en el código penal guaraní (llamados 'promoción fraudulenta de inversiones' y 'lesión de confianza'). Sobre ellos planea un máximo de 10 años de cárcel por estas violaciones de la ley, que aseguran no haber cometido, mientras la embajada de España en aquel país prefiere no meterse en su ayuda. Ésta es su rocambolesca historia.
Guillermo Casado y Álvaro Lasso son presidente y director de Proibérica, S.A., una empresa con domicilio social en Paraguay que se encarga de distribuir material policial de fabricación española. Esta empresa lleva desde 2002 en el país, tiempo en el que han hecho "muy buenos negocios". En noviembre de 2010, consiguieron en licitación pública un contrato para la provisión de cuatro helicópteros tácticos de transporte policial UH-1H, que incluía también la creación de un Centro de Mantenimiento Aeronáutico. El ministro del Interior con quien cerraron el contrato era Rafael Filizzola, del Gobierno de centroizquierda de Fernando Lugo.
El 22 de junio de 2012 Lugo era destituido en un controvertido juicio que el expresidente calificó de "golpe de Estado" de la oposición. Apenas mes y medio más tarde, el 3 de agosto, el nuevo ministro del Interior del nuevo Gobierno, Carmelo Caballero, presentaba una denuncia "sin membrete de la institución" ante el Fiscal de Delitos Económicos para investigar ese contrato de helicópteros. Caballero había participado de todo el proceso de adquisición de los helicópteros. En mayo de 2013, la Fiscalía concluía su investigación e imputaba a los dos empresarios españoles y a exmiembros del Ejecutivo guaraní por un "hecho punible contra el patrimonio", es decir una malversación de 12 millones de dólares. En este tiempo, el centroderecha había vuelto al poder por medio de Horacio Cortés, del Partido Colorado.
Para justificar la imputación, la Fiscalía se basó en un documento cuya falsedad ella misma reconoció después
Para justificar la imputación, la Fiscalía se basó en un documento cuya falsedad ella misma reconoció después. El abogado de los acusados españoles, Juan Ernesto Villamayor, cuenta en el libro 'Helicópteros' que para poder justificar la imputación la Fiscalía se basó "en un documento falso suministrado por el Ministerio del Interior". En este documento se aseguraba que Proibérica había incumplido términos del contrato, singularmente no haber "cumplido estrictamente las especificaciones técnicas ofrecidas". Se pudo demostrar que el pliego al que hacían alusión era falso, pero sorprendentemente la Fiscalía General del Estado sostuvo que la imputación se mantenía, y que no tenía relevancia que el documento en cuestión fuera verdadero o falso".
Esto es absolutamente chocante pues, según asegura el abogado a Vozpópuli: "En un proceso en el que se investiga el cumplimiento de un contrato que el mismo sea verdadero o falso debería ser relevante. Parece que para la Fiscalía Paraguaya esto no tiene mayor importancia".
"Yo nunca firmé eso"
El presidente de Proibérica, S.A., Guillermo Casado, ha hablado con este periódico: "La posición de la fiscalía está basada en un pliego falso, el pliego verdadero con mi firma no lo tienen o lo ocultan y nos están acusando con un pliego que nunca llegó a licitarse, que tiene muchas condiciones que ni siquiera conocíamos. Es un pliego que el Ministerio del Interior quiso llevar adelante, nos enteramos después, donde exigen unos helicópteros que tenían que ser biturbos (con dos motores) y que necesitaban pilotos, mecánicos, repuestos, mantenimientos, etc. Pero nosotros nos presentamos a una licitación de helicópteros monoturbos en un pliego mucho más reducido. Nos acusan con un pliego que yo, como presidente de la empresa, no he firmado y que ni siquiera conocía". En las distintas etapas del contrato participaron tres administraciones diferentes (la de Lugo, la de su segundo Federico Franco que le sucedió, y la de Cortés). En el contrato verdadero se había pactado un arbitraje, procedimiento que excluye expresamente a la Justicia Paraguaya, a la que el gobierno de Asunción nunca recurrió, porque prefirió, dos años y medio más tarde de conseguirse la licitación, recurrir a la vía penal, un procedimiento extraordinario para un caso de conflicto empresa-Estado como este.
Según asegura el abogado de los acusados, este sería el pliego verdadero:
Y este el falso, que Guillermo Casado asegura no haber firmado.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el Fiscal General del Estado de Paraguay, Javier Díaz Verón, sin éxito. La pregunta a hacerle era obvia: ¿Por qué se aceptó un documento falso como base para una acusación? El imputado Guillermo Casado cree tener la respuesta: "El problema es que quieren librarse de un señor que fue ministro de Interior, con quien nosotros firmamos los contratos, y que se presenta como candidato a vicepresidente (Rafael Filizzola) y buscan algo para contrarrestar su presencia. Fabrican este caso de malversación y nos meten a nosotros porque entienden que somos cooperantes necesarios para la comisión de este presunto delito. La candidatura de Filizzola con Rafael Alegre para presidente perdió por doscientos mil votos. Si hubiesen ganado, nosotros no estaríamos imputados".
El papel de la embajada
Especialmente inoperante en este caso ha estado, aseguran los afectados, la embajada española en Asunción. "Nos hemos entrevistado varias veces con el embajador español (Diego Bermejo Romero de Terreros) pero en la última entrevista que tuve con él seguía desconociendo el tema. Nos cuentan que a otros compañeros europeos en problemas los tratan de otra manera: un francés que le querían expropiar y también un alemán con prospecciones petrolíferas y a unos estadounidenses y que tanto la embajada de Estados Unidos como la alemana han ido a hablar con el presidente, a los pasillos y a luchar por sus compatriotas".
No siempre ha sido así, precisa Casado, que lleva 17 años en Paraguay y ha representado a empresas como Dragados o Casa. "Hemos tenido muy buenos embajadores, que han luchado cuando hemos tenido problemas a nuestro lado a calzón quitado, pero también hemos tenido otros embajadores que son muy diplomáticos y no quieren meterse. Pero deben meterse en los intereses de los españoles. Nos acusan sin pruebas". Este periódico ha intentado, sin éxito, contactar con el embajador español en Asunción para recabar su opinión sobre el caso.
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