La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de retrasar el estudio del recurso de Begoña Gómez y de la Fiscalía en el que se pide el archivo de la causa, ha dado aire al juez Juan Carlos Peinado. El instructor de la causa abierta contra la mujer de Pedro Sánchez por dos delitos había bajado el ritmo del procedimiento pero este parón en la deliberación del recurso le da margen para seguir investigando los hechos.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, explican que los recursos de los que depende la continuidad del procedimiento se estudiarán dentro de semanas, previsiblemente ya en noviembre. Ello implica que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tiene margen para seguir impulsando la causa mientras que, en paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá sobre las querellas en su contra.
De hecho, este mismo martes el TSJ de Madrid se reúne para deliberar sobre la primera de las tres querellas interpuestas contra el juez que investiga a Begoña Gómez. Se trata de la que interpuso el periodista Máximo Pradera contra el juez y contra los responsables de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Respaldo del TSJ a Peinado
Las voces consultadas por este medio vaticinan el respaldo del TSJ al juez y la desestimación de la primera de las querellas interpuestas en el órgano. Tras la misma, se resolverá la que presentó la Abogacía General del Estado en nombre de Pedro Sánchez y, en tercer lugar, la que interpuso Begoña Gómez.
La Fiscalía ya se ha opuesto a la admisión a trámite de la primera de las querellas al considerar que se atribuye al juez una revelación de secretos de la causa "sin prueba alguna". Sin embargo, sí ve indicios para investigar al instructor por presunta prevaricación. El líder del PSOE actuó contra Peinado apenas horas después de tomarle declaración como testigo en La Moncloa.
Sánchez, a través de los servicios jurídicos del Estado, consideró que el juez prevaricó con su decisión de tomarle declaración en persona por la investigación abierta contra su mujer. Según expuso, en su condición de presidente del Ejecutivo podría haberse acogido al privilegio que le otorga la ley de declarar por escrito.
Sin embargo, el juez consideró que la citación se producía en su condición de esposo de Begoña Gómez y, por tanto, mantuvo su criterio de acudir en persona a la residencia presidencial. Sin embargo, la diligencia no arrojó luz al procedimiento puesto que, como era de esperar, Sánchez se acogió al artículo 412.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y guardó silencio al tratarse de asuntos que afectan a su esposa.
La causa contra Begoña Gómez
La cita de este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid era determinante, puesto que los magistrados de la Sección 23 tenían en su mano la decisión de continuar con la causa o bien forzar su archivo. Sobre la mesa está el recurso de Begoña Gómez, en el que se pide el archivo de la causa y de la Fiscalía, en el que se insta a delimitar el objeto del procedimiento.
Se trata de recursos interpuestos contra el auto del juez del pasado 1 de julio en el que Peinado le trasladó a Begoña Gómez que iba a investigar toda su actividad profesional desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.
El juez accedió en ese auto a explicar a la empresaria los motivos por los cuáles le imputó; sin embargo, esta respuesta propició el recurso de la Fiscalía y de la propia Gómez al considerar que se estaba impulsando una causa "general" y "prospectiva". El Ministerio Público alegó, de hecho, que la causa no tenía razón de ser porque los contratos bajo sospecha a Juan Carlos Barrabés por los que se originó esta causa, se habían derivado a la Fiscalía Europea.
Begoña Gómez, por su parte, denunció que el juez estaba impulsando una causa "universal y prospectiva" y que la petición formulada por su abogado, Antonio Camacho, no era "voluntarista", puesto que tiene derecho a saber sobre qué se le investiga.
Con ese caldo de cultivo, los magistrados de la Audiencia de Madrid se sentaron a primera hora de este lunes, pero la reunión terminó suspendiéndose al no haber podido acceder a todos los papeles. Estos magistrados solicitaron hace apenas unas semanas la causa íntegra al juez Peinado; un movimiento que se entendió como una inclinación al archivo de la causa.
No obstante, las fuentes consultadas por este medio, consideran que la diligencia es completamente normal, teniendo en cuenta que se decide sobre la continuidad o no de un procedimiento. En ese sentido, los magistrados recabaron toda el sumario del procedimiento si bien, este mismo lunes, se han percatado de que les faltaba el recurso interpuesto por Begoña Gómez y, por ese motivo, han suspendido la diligencia.
Oxígeno a la investigación
En una escueta providencia han determinado que, al tratarse de un documento de "relevancia" debe aclararse este extremo antes de su resolución. Por ese motivo volverán a reunirse en una nueva deliberación que prevén convocar para dentro de unas cuatro semanas.
En este tiempo se espera que se vayan resolviendo las querellas interpuestas contra Peinado y que éste adhiera la querella interpuesta por Hazte Oír a la causa. La semana pasada, la Audiencia de Madrid resolvió que la querella relativa al software de la Universidad Complutense de Madrid se tiene que adherir a la causa de Peinado.
Una Sección diferente a la que resolverá sobre estos recursos determinó que este asunto tiene conexidad con la causa troncal contra la mujer de Sánchez y, por ello, dio el primer paso para adherirla al procedimiento. Así pues, Peinado tiene en su mano ampliar la causa para investigar si, como denuncia la asociación, se cometió delito de administración desleal, apropiación indebida, malversación y un delito de intrusismo.
Con todo, la causa ya suma varios frentes abiertos desde su apertura a mediados de abril. Aunque ya no es competente para investigar los contratos a Barrabés, el juzgado ordenó un registro en sus oficinas el pasado mes de agosto, cuyo resultado puede arrojar más luz acerca de las adjudicaciones públicas.
En paralelo, la causa ha impulsado la investigación sobre la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense y, también, lo relativo al rescate de Air Europa. De hecho, recientemente el juez requirió a la UCO que aporte el informe de los documentos aportados por la SEPI, tras conocerse las reuniones confidenciales que mantuvieron Javier Hidalgo y la propia Begoña Gómez en los meses previos a la inyección de los fondos públicos.
