El martes 20 de marzo el Tribunal Supremo vivió un importante episodio que ha acabado por ser capital en la partida de ajedrez del 'procés' que juegan desde hace meses el magistrado Pablo Llarena, cuyas decisiones siempre han sido respaldadas por la Sala Segunda del Alto Tribunal, y los soberanistas, con el expresidente catalán Carles Puigdemont a la cabeza.
Ese día, el fiscal de Sala Segunda del Supremo Fidel Cadena, que junto a Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno ejerce la acusación del ministerio público en el caso del 'procés', invocó en la vista sobre la prisión del exconseller de Interior Joaquim Forn el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal para informar a los magistrados presentes de que reclamaba para él una fianza, abandonando la posición que había mantenido hasta ese momento de solicitar prisión incondicional.
Cadena se limitó a notificar el cambio de criterio y reclamó prisión eludible con el pago de 100.000 euros de fianza para Forn. Su exposición apenas duró unos minutos, en los que no defendió los motivos de su nueva posición. Sí dejó claro, que se trataba de una orden directa del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.
Poco después, la Fiscalía General de Estado emitía una breve nota en la que alegaba razones "humanitarias", pero también que el exconseller, que había renunciado a su acta de diputado, ya no podía reiterar sus delitos.
Tuberculina
En concreto, la nota de prensa aseguraba que en un reconocimiento a Forn realizado en la cárcel se le había detectado la bacteria de la tuberculina, "circunstancia esta que ha de ser tenida en cuenta”, añadía el comunicado, que también aludía al abandono de la política por parte del afectado por lo que, a juicio del Ministerio Público, se reducía el riesgo de reiteración delictiva.
Este cambio de criterio, que impuso Sánchez Melgar por razones "humanitarias", ya que la defensa de Forn había presentado un informe elaborado por su médico de cabecera sin entrar a la cárcel, provocó un gran desconcierto en el Tribunal Supremo.
Esta confusión tuvo su origen en el hecho de que por segunda vez el ministerio público se alejaba del criterio del juez Llarena en la partida de ajedrez con el 'procés', que en todo momento ha tratado de internacionalizar el problema catalán.
Groenlandia y Feroe
El primer encontronazo se originó cuando el magistrado retiró la orden de detención de Carles Puigdemont y de los exconsellers fugados a Bélgica, pero también por las decisiones posteriores de no reactivar las mismas cuando el expresident catalán viajó a Dinamarca, un país que cuenta con dos territorios de ultramar, como es el caso de Groenlandia e Islas Feroe, y que el ministerio público consideraba proclive a los intereses de la Justicia española.
La Fiscalía, que no ha recurrido ninguna de las decisiones de Llarena, pese a haber recibido diferentes desaires del Supremo, no compartía la decisión del magistrado, que al rechazar la detención en Dinamarca alegó que Puigdemont tenía interés en ser arrestado en ese país, para después ser trasladado en España por menos delitos por los que está acusado el resto de procesados.
Pero este segundo desencuentro entre el ministerio público y Pablo Llarena, el relacionado con la excarcelación de Forn, provocó la aceleración de la instrucción, y a consecuencia de ello, la reactivación de la orden de detención de Puigdemont, que acabó detenido en Alemania, cuando viajaba en dirección a Bélgica, aunque los investigadores no descartan que otra opción fuera Suiza.
Llarena, apuntan fuentes del procedimiento, temió que el ministerio público iniciara en ese momento un cambio de estrategia en la acusación, que podría suponer un torpedo en la línea de flotación de la instrucción, que tiene en Forn, como máximo responsable de los Mossos d'Esquadra durante la etapa final del Gobierno de Puigdemont, uno de los elementos clave para justificar el delito de rebelión, que necesita de la existencia de violencia, que habría sido propiciada por la inactividad de la Policía autonómica catalana encabezada por Josep Lluís Trapero.
Presiones del Gobierno
Este cambio de estrategia, según se llegó a explicar desde fuentes procedentes del secesionismo, tenía su origen en el Gobierno de Mariano Rajoy, que pretendía según este criterio una dulcificación de las acusaciones contra los cabecillas del 'procés', y que había aceptado, como mal menor, la candidatura de Jordi Turull, que en su investidura, llevada a cabo el jueves 22 de marzo, dio un discurso que llegó a ser calificado de "autonomista".
Sin embargo, la acusación de seguidismo de los intereses del Gobierno molesta especialmente en la Fiscalía General del Estado, según explican a Vozpópuli fuentes del ministerio público, que rechazan de plano una posible injerencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy: "Jamás me han llamado del Gobierno para nada, y mucho menos para esto", aseguran fuentes de la Fiscalía, que especifican que son las palabras concretas que Sánchez Melgar ha reiterado a su entorno.
Por el contrario, la mención a razones humanitarias para justificar el cambio de criterio sobre Forn, uno de los principales responsables del desafío soberanista, según el Tribunal Supremo, no tiene por qué disipar la diferencia de criterio entre el ministerio público, encabezado por el fiscal general, Julián Sánchez Melgar, y Pablo Llarena, que en todo momento ha contado con el apoyo, en apelación, del resto de integrantes de la Sala Segunda del Alto Tribunal.
Y esta colisión aflora al responder la siguiente pregunta: ¿Van a permanecer los políticos presos en la cárcel hasta el juicio, que probablemente se celebre a partir de octubre? La respuesta del Supremo parece evidente: Sí. Pero la del ministerio público, según explican fuentes de la institución a Vozpópuli, no está tan clara.
Los cabecillas
Más bien apuestan, para responder a la pregunta de si deberían permanecer en la cárcel hasta que se celebre el juicio, porque los cuatro principales cabecillas, Carles Puigdemont, si es entregado por Alemania; Oriol Junqueras; Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sigan privados de su libertad. Sin embargo, el resto, entre los que se encuentran Forn y Carme Forcadell, podrían ser excarcelados.
Y la justificación de esta opinión que aportan fuentes de la Fiscalía a Vozpópuli, se basa en la necesidad de que la situación política se normalice, sobre todo tras haber renunciado, en el caso de Forn y las diputadas Carme Forcadell, Dolors Bassa y Marta Rovira, al acta de diputado.
Precisamente, la fuga de Rovira a Suiza tuvo una incidencia directa en la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo de que Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell ingresaran de forma incondicional en prisión.
Rovira condenó a sus compañeros independentistas, según la interpretación de fuentes de la Fiscalía española, cuyos fiscales también habían barajado la posibilidad de reclamar a Llarena una fianza para los diputados. Una estrategia que se hubiera acercado a la seguida por Sánchez Melgar con Forn, pero que la fuga de Rovira hizo imposible.
Puigdemont en Finlandia
De esta forma, y según las fuentes consultadas por este diario, la controversia en relación a Forn aceleró el final de la instrucción en el Supremo, que acabó cursando una orden de detención cuando Puigdemont se encontraba en Finlanda, un país considerado poco proclive a los intereses de España.
Puigdemont fue arrestado en Alemania, gracias a la intervención de los agentes del Centro nacional de Inteligencia (CNI), que hasta el momento había sido muy criticado por no haber descubierto las urnas del 1-O. Y entonces la Fiscalía activó sus relaciones con la Justicia del Estado de Schleswig-Holstein por el conducto reglamentario, vía la institución denominada Eurojust, mediante la cual se envió al tribunal alemán toda la información necesaria, una actuación que convención a la Fiscalía alemana de que tenía que apoyar la entrega.
Sin embargo, el jueves por la mañana los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein acordaron no entregar a Puigdemont por un delito de rebelión, al considerar que la violencia descrita en los autos de Llarena no era homologable con el delito de alta traición alemán.
Y unas horas antes la juez Carmen Lamela había enviado a juicio al 'exmajor' de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por el delito de sedición, al no haber "violencia", y como presunto miembro de una organización criminal encabezada por Carles Puigdemont, que sí había sido procesado en el Supremo por rebelión.
Lamela no ve violencia
El auto de Lamela, que establecía una clara diferencia con Llarena, aseguraba de forma textual que tanto el 1 de octubre como el 20 de septiembre no había habido "violencia" por parte de los independentistas. Este revés, aunque procedía de una juez de un tribunal de inferior rango al Supremo como es la Audiencia Nacional, se conoció el mismo día en el que los magistrados alemanes reventaban la estrategia del Alto Tribunal.
Una estrategia, según aseguran otras fuentes del Supremo no vinculadas con la investigación del 'procés', que podría haberse saldado sólo con la acusación de malversación de fondos públicos, que de forma agravada podría suponer hasta una pena de ocho años de cárcel, que otras fuentes elevan hasta los doce años de prisión.
Estos dos golpes a la estrategia de Llarena dejaron en 'shock' a la Justicia española que al día siguiente, el viernes a última hora de la tarde, poco antes de la salida de la cárcel de Puigdemont, reaccionó haciendo pública su intención de estudiar la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, para que aclare si la decisión de los jueces alemanes se adoptó de acuerdo con la ley de la UE.
Esta posibilidad de recurrir a la justicia europea, que todavía hoy está en el aire, fue adelantada de forma sorprendente por el Tribunal Supremo, que buscaría así la congelación del procedimiento de extradición de Alemania a España.
De esta forma, el juez Llarena ganaría tiempo para decidir si, de nuevo, retira la reclamación de detener a Puigdemont. Mientras tanto, el expresident catalán ya ha acudido a Berlín, capital en la que ofreció una rueda de prensa, para cargar contra el Estado español, algo que en el ajedrez del 'procés' podría considerarse, sin duda: jaque al juez Llarena.
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