El PPCV ha remitido este martes a los nueve ediles de su partido que permanecen investigados por el supuesto blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia una carta en la que se les comunica que tienen 10 días para entregar las actas. Fuentes del PP valenciano han indicado a Efe que este martes se ha remitido un correo certificado que previsiblemente les llegará a lo largo de este miércoles.
A partir de la recepción del escrito, la dirección regional del PP les da diez días hábiles para entregar su acta, tal y como acordaron tras la reunión del pasado 15 de febrero con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, si se mantenía sobre ellos la condición de investigados una vez que se levantara el secreto de sumario sobre estos hechos. Las mismas fuentes han explicado que en la carta no se hace mención alguna a las posibles consecuencias que se pueden derivar en el caso de que alguno de los ediles decida contravenir las instrucciones del partido y no hacer entrega de su acta.
En la carta no se hace mención alguna a las posibles consecuencias que se pueden derivar en el caso de que alguno de los ediles decida contravenir las instrucciones del partido
Sobre este aspecto, las fuentes han señalado que la carta es un escrito muy breve en el que tan sólo se les recuerda cuál era el compromiso que ellos mismos adoptaron en este sentido en aquella reunión con Bonig, que es el mismo escenario que, según las fuentes, se les transmitió a cada uno de ellos en las reuniones que tuvieron lugar la semana pasada con la dirección regional del partido, una vez levantado el secreto del sumario. En aquel momento, la dirección del PPCV anunció que pensaba dar un tiempo a los nueve concejales implicados en la causa separada del caso Imelsa que investiga un supuesto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular. Ese tiempo ha quedado fijado en diez días a partir de la recepción del correo certificado que se les ha remitido.
Aunque en la carta enviada este martes no se especifican las consecuencias de una hipotética negativa, el PPCV ya resaltó tras esas reuniones de la semana pasada que el incumplimiento de esta directriz "tendría sus consecuencias" y se aplicarán los estatutos. A partir de esos diez días pueden darse dos escenarios: que los ediles renuncien a sus actas y, en ese caso, serían entregadas a los siguientes componentes de la última candidatura del PP al Ayuntamiento de Valencia; o que decidan no hacerlo, momento en el que pasarían al grupo mixto. En el hipotético caso de que los nueve ediles investigados se decantaran por pasar al grupo mixto, el grupo del PP en el Ayuntamiento quedaría integrado solamente por el independiente Eusebio Monzó, el único edil popular que no se ha visto inmerso en esta investigación.
La investigación, que se puso en marcha para aclarar el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que en el grupo municipal de Valencia se hubiera producido una financiación ilegal del PP y blanqueo de dinero. En concreto, se investiga si los concejales y asesores del grupo municipal realizaron aportaciones de 1.000 euros en efectivo para financiar la campaña, unas donaciones que supuestamente se les devolvía en efectivo. Los concejales investigados son Alfonso Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza.
