El acuerdo de investidura que negocian PP y Ciudadanos tampoco incluirá una de las medidas bandera del programa económico de la formación naranja: la exigencia de recuperar los 2.800 millones "perdonados" a los defraudadores en la amnistía fiscal de Montoro. Esta actuación, que formó parte el pasado febrero del pacto de El Abrazo entre socialistas y centristas, no estará en el documento final que justificará el tránsito de Ciudadanos de la abstención al sí. Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes internas, existen discrepancias entre ambas formaciones sobre la viabilidad de esta medida. Desde el PP, precisan las fuentes consultadas, advierten de que revertir los términos en que se efectuó aquella "regularización voluntaria" de activos es imposible por "cuestiones legales".
Según Ciudadanos, el Gobierno debe exigir que los casi 31.500 beneficiarios de esa amnistía fiscal paguen los 2.800 millones de euros que el Ministerio de Hacienda les "perdonó" al permitir que pagaran sólo el 3% de multa en lugar del 10% previsto en la normativa. La Dirección General de Tributos ha reconocido, porque así lo dictó en 2012, que ese 10% no se aplicó al capital aflorado sino únicamente a los rendimientos de dichos fondos y, además, se limitó a los ejercicios fiscales no prescritos, informó Ep.
De esta forma, Hacienda recaudó sólo 1.193 millones de euros sobre un capital aflorado cercano a los 40.000 millones. La formación naranja ha insistido en reclamar el 7% adicional, pero el PP se niega a ello, defiende su compromiso en la lucha contra el fraude y subraya la legalidad de la resolución que adoptó en su día la Dirección General de Tributos (C's denuncia que esa resolución no llevó firma). Además, los populares destacan que en los últimos cuatro años se han conseguido recuperar 50.000 millones de euros, 10.000 más que en los cuatro anteriores, algo que califican de "récord histórico". A todo ello se une que el próximo 30 de noviembre prescribirá la posibilidad de exigir este dinero.
Desde el PP defienden la legalidad de la resolución que adoptó en su día la Dirección General de Tributos para aplicar el 3% de multa en lugar del 10% previsto en la normativa
Así mismo, en el documento que el jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, dijo haber remitido a PSOE y C's con sus coincidencias no hay ni rastro de esta revisión de la amnistía fiscal. Este texto, que está sirviendo de base para las negociación del acuerdo de investidura, se limita a plantear un "refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, con una mejora de los medios de la Agencia Tributaria, control de los paraísos fiscales y cooperación internacional". Una actitud mucho más laxa que la mostrada por Ciudadanos. De esta forma se pronunció su presidente, Albert Rivera, el pasado junio, a pocos días del arranque de la campaña electoral: "El PP hizo una ley donde dijo que los defraudadores, los ‘Ratos’, los ‘Bárcenas’ y los hijos de Pujol pagaban un 10% de lo que habían defraudado pero la realidad es que pagaron un 3%". El líder centrista pidió que se aplique la Ley de Amnistía "con la misma voracidad con la que el señor Montoro persigue a un autónomo".
Se da, además, la circunstancia de que Ciudadanos ya presentó una iniciativa parlamentaria al respecto en la pasada legislatura y los populares votaron en contra. La formación naranja llevó su propuesta a la Comisión de Hacienda del Congreso y logró que saliera adelante, pero con la disolución de las Cortes quedó en papel mojado. La proposición no de ley tuvo el respaldo del PSOE, Podemos, PNV, DiL y ERC (28 votos a favor), mientras que 15 diputados del Grupo Popular la rechazaron. "Debería exigirse el cumplimiento íntegro de la ley a los defraudadores, antes de exigirles más medidas de recorte o más subidas de impuestos a los ciudadanos, que ya los pagan, para cumplir un déficit que en estos momentos no se está cumpliendo", manifestó el diputado naranja y exsecretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), Francisco de la Torre.
La negociación avanza a "buen ritmo", según Báñez
Tras la jornada de ayer, que concluyó con la reunión de tarde que celebraron los responsables económicos de sendos equipos (Fátima Báñez y Álvaro Nadal, por los populares, y Luis Garicano y Toni Roldán, por los naranjas), la negociación entre PP y C's continuará este martes con el capítulo de sociedad del bienestar, que incluye, entre otras cuestiones, debatir el futuro de las pensiones, la actualización del Pacto de Toledo, la sanidad o la educación. A su salida del Congreso, Báñez reveló que las conversaciones avanzan a "buen ritmo" y que los populares se sienten "optimistas". La intención de ambos equipos es cerrar el pacto entre el viernes y el sábado, aunque tienen tiempo hasta el martes 30 de agosto, fecha de arranque del debate de investidura.
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