Pocas cosas va a dejar sin tocar este Gobierno y, en concreto, el ministerio de Justicia, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente. Si ya ha anunciado reformas del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Planta y Demarcación, del sistema de elección de los jueces del CGPJ y, la cuestión mas polémica, de la ley del Aborto para sustituir el actual sistema de plazos por uno de supuestos acorde con la reforma que se hizo en 1985, ahora tiene ese punto de mira la Ley del Divorcio, pero no porque pretenda derogarla sino modificar un aspecto que ya fue retocado en 2005, referido a la custodia compartida.
Los populares son sensibles a la petición de muchas organizaciones de padres que quieren hacer norma de la custodia compartida, de modo que, ante un proceso de divorcio, la excepción sea que se dé la custodia a uno solo de los cónyuges si concurren causas que desaconsejan que la compartan como puede ser en el caso de maltrato, violencia de género o abandono. El secretario de estado de Justicia, Fernando Román García, mantuvo la semana pasada en el Ministerio reuniones con representantes de, al menos, dos asociaciones de padres para tratar este asunto, según ha podido saber Vozpópuli. Se trata de Fernando Basanta, presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), y de Justo Sáez, presidente de Kidetza, la Federación de Madres y Padres Separados de Euskadi, dos de las organizaciones más activas. También en el Partido Popular, su responsable de Justicia, Derechos y Libertades, Iñaki Oyarzábal, ha mantenido contacto con las mismas para avanzar en la reforma de la Ley del Divorcio y del Código Civil.
Antes de fin de año
Lo previsto, según fuentes populares, es que esta reforma culmine en unos seis meses, generalizando la custodia compartida con una mención expresa al "interés superior del menor". La reforma de 2005 de la Ley del Divorcio ya avanzó tímidamente en esta cuestión al establecer en el artículo 92 de Código civil la posibilidad de otorgar custodia compartida cuando exista acuerdo entre los cónyuges. En caso de desacuerdo, siempre que uno de los padres lo solicite, esta fórmula se puede aplicar con carácter excepcional. En concreto, el apartado 5 de dicho artículo reza que "se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento" y añade, en el apartado 8 que "excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
No faltan disensiones internas en el PP sobre esta cuestión aunque las críticas son minoritarias
A partir de la reforma que prepara el Gobierno lo excepcional será atribuir la guardia y custodia a uno sólo de los cónyuges, conforme a la petición de un grupo de asociaciones, muy activas, que reclamaban, sin embargo, una exhaustiva casuística, que no parece que vaya a ser atendida por el Ejecutivo. En este sentido, las fuentes populares comentaron que "hay que dejar en manos del juez que aplique el sentido común en cada caso que se le presente", sin necesidad de establecer un listado de circunstancias por el cual otorgar la custodia solo a la madre sea poco menos que imposible. Sin embargo, tampoco hay unanimidad en el Partido Popular sobre esta cuestión, aunque las críticas, aseguran a este medio, son minoría.
Las principales asociaciones de padres separados y divorciados criticaron en su momento muy duramente que el PP no llevara esta cuestión en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones del pasado 20 de noviembre, al que acusaron de plegarse a las presiones de las organizaciones feministas. En el mismo, se limitaban a expresar, sin más concreciones, que "promoveremos la actualización de nuestro derecho de familia para adaptarlo a las nuevas realidades sociales, favoreciendo la mediación y la corresponsabilidad de los padres, y salvaguardar los derechos e intereses del menor".
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