El acta levantada por el secretario judicial durante el registro de facto que se realizó el pasado jueves en la sede principal del PP recoge que los expertos policiales que revisaron el servidor informático del partido se encontraron con una desagradable sorpresa: los buzones de correo electrónico de dos de los imputados en la causa de los 'papeles de Bárcenas', los del extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez, habían sido "borrados". Según recoge el documento judicial, el borrado del contenido de dichos dispositvo no pudo ser realizado "por el usuario físicamente debiendo ser solicitado explícitamente". Los representantes del PP que asistieron a la diligencia policial negaron cualquier implicación en esta maniobra y aseguraron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería ha ordenado dicho borrado". Los mismos apuntaron que "lo lógico es pensar que debió ser él mismo [en referencia a Lapuerta y Páez] quién antes de marcharse diera la orden ya que tenía funciones para ello".
El "borrado" de los correos electrónicos de los dos antiguos integrantes de la tesorería del PP recuerda a la destrucción de los discos duros de los ordenadores portátiles de Bárcenas
El nuevo "borrado" de archivos informáticos se produce meses después de que el juez Pablo Ruz tampoco pudiera examinar los discos duros de los dos ordenadores portátiles que utilizaba el principal encausado, Luis Bárcenas, porque la formación política había formateado los ingenios informáticos y, con ello, destruido su contenido. Tampoco se guardaban las agendas del extesorero y Lapuerta ya que, como aseguraron sus secretarias ante el magistrado cuando declararon como testigos, éstas habían decidido deshacerse de ellas. El nuevo episodio de destrucción de pruebas se produce, además, en un momento en el que la investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se estrecha entorno a las obras de reforma de la propia sede principal del partido y al supuesto pago en negro de una parte de las mismas, lo que ha llevado ya a la imputación del arquitecto que las realizó, Gonzalo Urquijo.
El registro de la noche del pasado jueves al viernes no se quedó, sin embargo, en la búsqueda de correos electrónicos en los buzones de Lapuerta y Páez, sino que también se rastreó en el servidor informático del PP los de otra decena de empleados del área económica de la formación, entre ellos el del propio Bárcenas. De este, curiosamente, no se habían borrado ninguna de las dos cuentas que poseía ('lbarcenas' y 'lbg'), aunque ninguno de los correos que contenía era "relevante a los fines de la investigación". También se revisaron los de otros empleados que ya han acudido a la Audiencia Nacional a declarar dentro de la investigación sobre la supuesta caja 'B' de la formación, como el cajero Luis Molero y la jefa de contabilidad, Milagros Puentes, así como de dos secretarias y otros tantos auditores.
El buzón y el ordenador del cuñado de Bárcenas
También se revisaron los de Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas y jefe de seguridad de la formación hasta que estalló el escándalo de las cuentas en Suiza. En su buzón fue el único en el que, de hecho, la Policía halló material "relevante". En concreto, dos correos electrónicos que fueron volcados por los agentes de la UDEF para su análisis posterior. De Antonio de la Fuente ya constaban en el sumario mensajes informáticos que le relacionaban directamente con las obras bajo sospecha y que fueron intervenidos durante el registro que el juez Ruz ordenó el pasado 27 de septiembre en la sede de Unifica, la empresa que realizó las obras. En uno de ellos, el cuñado del extesorero pedía al estudio de arquitectura que le elaborara un presupuesto falso para pedir una ampliación de su hipoteca a su banco.
En el ordenador del cuñado de Bárcenes contenía aún 16 correos electrónicos que la UDEF considera "relevantes" para la investigación sobre el supuesto pago en negro de las obras de Génova 13
El registro del pasado jueves también incluyó "el examen" directo de dos ordenadores concretos. Uno, el de Milagros Puentes, la jefa de contabilidad, en el que apareció una tabla Excel con el nombre de la empresa que realizó las obras y en el que se recogía un resumen financiero de la ejecución de las mismas. Dicho documento fue creado muy recientemente, en concreto, el 1 de octubre pasado, cuando el juez Ruz ya investigaba los trabajos. El otro equipo informático que se analizó al detalle fue el de Antonio de la Fuente, de cuyo interior los agentes extrajeron otros 16 correos electrónicos que los investigadores consideran relevantes para la investigación. Toda esta documentación fue escaneada en el acto por los propios representantes del PP para conservar ellos una copia del mismo, según recoge el acta de registro.
Junto al material informático, los agentes también intervinieron numerosa documentación en soporte papel relacionados con la reforma. Nada menos que 5.067 facturas, certificados, proyectos, actas y licencias que el secretario judicial repartió en 30 legajos de "color rojo". Una elevada cifra que contrasta con la que el pasado mes de agosto la propia formación remitió al juez Ruz a requerimiento de éste y que sólo ocupaba 520 folios a pesar de que el magistrado había exigido el envío de "toda" la información que obrase en poder del partido sobre aquellos trabajos. De hecho, fue un escrito del PP remitido a la Fiscalía Anticorrupción recientemente para rebatir un informe de la UDEF sobre el supuesto pago en negro de las obras y que contenía 12 documentos que en su día los 'populares' no había facilitado al magistrado lo que provocó que éste ordenadara el registro de facto del pasado jueves.
El acta recoge también un detalle curioso. Una hora y cuarenta y minutos después de que se presentaran en Génova 13 el secretario judicial y los policías de la UDEF para realizar el registro, se presentó en la sede del partido el abogado Jesús Santos Alonso, que durante años fuera fiscal de la propia Audiencia Nacional. Santos se presentó como representante de la formación, que ya entonces contaba como testigo de la actuación de los agentes con el letrado Alberto Durán, jefe de los servicios jurídicos de la formación. Dos pesos pesados del derecho para una diligencia judicial a la que el PP ha intentado restar importancia desde que se produjo.
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