Un Juzgado de San Javier (Murcia) ha citado a declarar a la junta del gobierno municipal de Los Alcázares, del PP, como presuntos autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en la adjudicación de unas obras. Los citados a declarar son seis de los ocho miembros que integran el equipo de gobierno local, ya que dos concejales no intervinieron en la junta que decidió la adjudicación que se investiga.
El auto con fecha de este viernes del juez Antonio Morente (del Juzgado Primera Instancia e Instrucción numero 7 de San Javier) cita también como investigados, figura que hasta diciembre se conocía como imputado, a la secretaria y al interventor municipales y a Iriana Bastida, hija del alcalde, Anastasio Bastida, por su participación en la adjudicación de las obras de rehabilitación del pantalán del muelle de la Pescadería, en el mar Menor.
El PSOE interpuso una querella criminal por prevaricación contra el equipo de gobierno por convocar solo a tres empresas en un procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación
El grupo municipal socialista de Los Alcázares (de unos 15.000 habitantes) interpuso una querella criminal por prevaricación contra el equipo de gobierno por convocar solo a tres empresas en un procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación, sin recurrir al concurso público de esos trabajos, cuyo coste superaba los 100.000 euros.
En una primera reacción, el portavoz socialista, Chema Gil, ha declarado a Efe que "ese tipo de conductas tienen que ser condenadas al ostracismo", pues aunque "es cierto que ese procedimiento está amparado por la ley, se requiere que las empresas invitadas sean diferentes y que entre ellas no existan intereses comunes para que en realidad exista competencia". Pero, ha precisado, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (Tecopsa), Undinter Infraestructuras y Aitana Actividades de Construcción y Servicios "están vinculadas íntimamente entre sí por diferentes personas que tienen puestos de responsabilidad ejecutiva en ellas".
Y efectivamente, en el auto al que ha tenido acceso Efe, el juez aprecia también indicios de delito en la escasa diferencia de precio de las ofertas y en la vinculación de la adjudicataria, Tecopsa, con Urdinter y Aitana, puesto que Ignacio Antonio Estevan es apoderado mancomunado solidario de Tecopsa y administrador único de Aitana. El también citado como investigado Fernando Alberto Díaz Ripollés es administrador único de Tecopsa, y solidario de Urdinter.
La hija del alcalde entró a trabajar en Tecopsa días antes de que le fueran encargados los trabajos, lo que el PSOE conoció porque ella misma lo publicó en su perfil de Facebook
Por su parte, la hija del alcalde entró a trabajar en Tecopsa días antes de que le fueran encargados los trabajos, lo que el PSOE conoció porque ella misma lo publicó en su perfil de Facebook. Entre los posibles delitos en los que pudieran haber incurrido, el juez cita también los de tráfico de influencias, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, en este último caso, de la secretaria del ayuntamiento, Ana Belén Saura, y del interventor, Victoriano Luis Ortega.
Los concejales investigados son Cristina Ascensión Sánchez (Educación, Cultura, Sanidad y Patrimonio), Nicolás Ruiz (Deportes y Juventud), Francisco Méndez (Comercio, Industria y Personal), Francisco Montesinos (Agricultura, Pesca, Ganadería, Medio Ambiente, Transporte y Urbanismo) e Isabel María Sarmiento (Empleo y Política Social), presentes en la Junta de Gobierno que adjudicó las obras.
Por último, el juez requiere al Ayuntamiento toda la documentación del expediente de esas obras bajo apercibimiento de incurrir, en el caso de no entregarla antes del próximo día 26, en un delito de desobediencia y denegación de auxilio. A falta de la subsanación de un defecto formal para la admisión a trámite de la querella, por deber ejercer el PSOE la acción popular en lugar de la acusación particular e ingresar una fianza de 8.000 euros, contra este auto cabe recurso de apelación hasta cinco días después de que su notificación. Preguntado por Efe, el primer edil de esta localidad no ha querido hacer declaraciones hasta no conocer el contenido íntegro del auto, del que solo tiene noticia por los medios de comunicación.
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