Los partidos políticos declararon un total de 60,04 millones de euros en gastos electorales con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, según se recoge en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a esos comicios.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscalizador detalla que los partidos declararon recursos por un total de 58,89 millones para aquella convocatoria electoral, la mayor parte de los cuales (23, 69 millones) procedieron de créditos bancarios.
Además, los partidos consignaron 22,80 millones de aportaciones realizadas por los ellos mismos, 12,35 millones de adelantos de subvenciones electorales y 47.258,38 euros llegaron de aportaciones privadas.
Los gastos regulares justificados ascendieron a un total de 60,04 millones de euros, correspondiendo más de la mitad (34,58 millones) a operaciones electorales ordinarias y los 25,90 millones restantes al envío de propaganda electoral.
Restricciones legales
Como deficiencias respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales, el tribunal ha detectado que gastos por importe de 701.883,94 euros no tienen naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en el artículo 130 de la Loreg; 72.036,93 euros se refieren a gastos no permitidos por el artículo 53 de la Loreg; 22.461,50 euros a gastos realizados fuera de plazo y 153.181,19 euros a gastos con justificación insuficiente.
Respecto a las operaciones de tesorería, todas las formaciones políticas abrieron una cuenta bancaria específica para las elecciones como fija la ley
Por tanto, estos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales. Asimismo, en el caso de Junts per Catalunya, se han identificado gastos electorales por 104.315,64 euros de cuyo pago no se tiene constancia.
Según el informe, ninguna formación política superó el límite máximo de gastos que se regula en el artículo 175.2 de la Loreg, ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.
Respecto a las operaciones de tesorería, todas las formaciones políticas abrieron una cuenta bancaria específica para las elecciones como fija la ley, aunque en algunas se han detectado fondos no ingresados en esas cuentas electorales (por un total de 1,11 millones), así como gastos electorales no abonados a través de cuentas electorales (por importe conjunto de 1,12 euros).
Incumplimiento de la Loreg
Esto supone un incumplimiento del artículo 125.1 de la Loreg, que establece que todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales deben ingresarse en las cuentas electorales y los gastos deben pagarse con cargo a las mismas. No obstante, el tribunal asegura que en todos los casos dichos gastos figuran declarados en las contabilidades presentadas.
El fiscalizador ha descubierto que seis formaciones políticas realizaron pagos por un importe acumulado de 242.452,02 euros, con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación
Además, el fiscalizador ha descubierto que seis formaciones políticas realizaron pagos por un importe acumulado de 242.452,02 euros, con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación, incumpliendo lo establecido en el artículo 125.3 de la Loreg.
1,3 millones pendientes de pago
También destaca la existencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales a que se refiere el artículo 125.3 de la Loreg, ha afectado a tres formaciones por un importe acumulado de 1.383.825,22 euros.
En relación con la obligación de los proveedores de remitir al Tribunal de Cuentas información detallada de la facturación efectuada a las formaciones políticas por importes superiores a 10.000 euros, el informe cifra en 49 el número de empresas que ha incumplido esta obligación, resultando un saldo no informado de 2.902.323,05 euros.
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