Los partidos políticos con representación parlamentaria reciben anualmente uno 3,5 millones de euros para pagar su seguridad privada. El Estado está obligado a subvencionar la seguridad de los partidos en base al Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por el último gobierno de Rodríguez Zapatero poco antes de convocar elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011; un decreto que regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar sus gastos de seguridad, además de la que les brinda el propio Ministerio del Interior.
Gracias a ese decreto, cada mes sale una partida del Ministerio del Interior destinada a estos gastos, que en su conjunto superaron la cifra de 3,38 millones de euros en 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Pero los años en los que hay elecciones, como éste, que se juntan varios procesos electorales, esa cifra puede rebasar ampliamente los cuatro millones de euros.
En lo relativo a las subvenciones ya fiscalizadas, casi el 50% de esa cifra se la llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor de 1,6 millones euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el Gobierno y gozan de protección oficial. Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales: su sede nacional y las provinciales necesitaban seguridad.
Seguridad contra las manifestaciones y escraches como respuesta a los desahucios
Además, también se produjeron numerosos desahucios y se desarrolló el fenómeno del escrache. Lo irónico es que, de resultas de todo lo anterior, el conjunto de los ciudadanos debe subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las manifestaciones de los propios ciudadanos.
Naturalmente, también perciben cantidades para seguridad privada en función de su representatividad el resto de las fuerzas parlamentarias, como la coalición abertzale de izquierdas Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos en seguridad privada (los cuales no fueron justificados al Tribunal de Cuentas); Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67; Geroa Bai, con 4.753,01; Partido Aragonés, con 9.212,28; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89, y Unión Progreso y Democracia.
La seguridad del PSOE nos cuesta casi 900.000 euros
Ahora bien, desde del PP, el segundo partido que más más gasta en seguridad privada es el PSOE, que percibió del Estado casi 900.000 euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas también ha reñido al PSOE, como hizo con el PP, por presentar las cuentas fuera de plazo. El partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1,1 millones de euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe a través del Ministerio del Interior.
Bien es cierto que en esa cantidad no están contabilizadas las subvenciones que percibe el PSC en Cataluña. El partido de Miquel Iceta recibe una subvención de más de 134.000 euros para seguridad privada, pero asegura que sus gastos en ese capítulo ascienden a 255.863,33 euros, un 52,62% más de lo que percibe del Estado.
UPyD e Izquierda Unida reflejan un nivel de gasto similar en seguridad privada
Respecto a Izquierda Unida, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara ascendió en este capítulo a 154.893,01 euros, mientras que ICV, la organización coaligada con IU en Cataluña, recibió paralelamente una subvención de 36.858,81 euros.
En cuarto lugar de ese peculiar ranking se encuentra Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012, aunque la formación de Rosa Díez dejó sin justificar 583,02 euros que ha tenido que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 23 del Decreto citado.
Los gastos de los nacionalistas y del grupo mixto: el caso de Amaiur
Respecto al resto de las fuerzas parlamentarias, los abertzales de Amaiur, por ejemplo, percibieron 62.707,46 euros en 2012 para hacer frente a la seguridad de sus dirigentes y sedes, aunque en ese ejercicio sólo justificaron 32.396,62 euros. El Tribunal de Cuentas señalaba ese año que debía devolver por este concepto 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.
El PNV, por su parte, recibió un total de subvenciones por valor de casi 975.000 euros, de los que 47.588,05 fueron en concepto de gastos de seguridad. Los catalanes de CiU fueron subvencionados con 14.086,95 euros; el Bloque Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros; a la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad con 8.368,02 euro, y ERC, la formación de Oriol Junqueras, percibió 34.609,85, euros, aunque emitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada por un importe de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.
Los minoritarios también tienen sus gastos en seguridad, como Geroa Bai o el FAC de Álvarez-Cascos
Respecto al resto de las fuerzas parlamentarias, el Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros; el Partido Aragonés, 16.720,78; Coalición Canaria, 20.408,75 euros; Geroa Bai, con una diputada en el Congreso –Uxue Barkos-, 7.338,43; UPN, 18.723,53 euros (tenía que devolver 4.556,89, según el Tribunal de Cuentas), y Entesa del Progres de Catalunya presentó una memoria de actuación y otra económica para justificar gastos de seguridad, los cuales decían elevarse a 255.863,33 euros.
Hay que aclarar que estas subvenciones son independientes de las que perciben los partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210 millones de euros, tal y como desarrolló Vozpópuli hace unas pocas fechas. Hay que destacar también que, pese a todo, los partidos políticos parlamentarios están en la ruina, ya que deben a los bancos más de 230 millones de euros, pese a las subvenciones percibidas, tal y como informó también este periódico.
