Nuevo 'caso patada en la puerta' en Badajoz. Cuatro policías locales se sientan en el banquillo de los acusados por delitos de allanamiento de morada, agresión, detención ilegal, lesiones, falsedad documental, denuncia falsa y falso testimonio por entrar en una vivienda sin orden judicial en pleno confinamiento. Tras haber sido aplazado el juicio fechado para la primera semana de febrero, ha salido a la luz la nueva estrategia procesal de tres de los acusados y cuyo plan podría dejar al borde de la cárcel a su oficial al mando, el cual se enfrenta a seis años de prisión.
Al parecer, tres de los procesados han llegado a un acuerdo parcial con la Fiscalía y las acusaciones particulares, lo que dificulta la defensa del jefe del operativo. Según el escrito de renuncia de su anterior letrado, al que ha tenido acceso Vozpópuli, este hecho da lugar a "un escenario procesal absolutamente diferente para el oficial de Policía, dado que lo que antes era una defensa en un mismo sentido y dirigida por cuatro letrados, ahora avoca a mi demandante a enfrentarse él solo frente a tres acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal".
El caso se remonta al año 2020, cuando millones de españoles permanecían encerrados en sus casas sin poder ver a sus seres queridos por la pandemia del Covid-19. Fue entonces cuando muchos aprovecharon para saltarse las restricciones y no acatar las órdenes de las autoridades. Esto fue lo que ocurrió el 30 de mayo de ese mismo año en Badajoz, cuando varios agentes de la Policía Local se personaron por "propia iniciativa" en una vivienda del barrio Valdepasillas al apreciar ruidos y posibles molestias a los vecinos.
Actuación policial "desproporcionada"
Tal y como se recoge en el escrito de acusación de Fiscalía, los agentes llegaron al domicilio donde les recibió el inquilino al que le solicitaron el DNI. Este se negó a identificarse y, sin más inconveniente, los policías se retiraron. Al cabo de una hora, los agentes locales volvieron a la vivienda, pero esta vez procedieron a acceder en al interior "sin autorización ni orden judicial, ni consentimiento habilitante del morador".
El Ministerio Fiscal detalla que se produjo un forcejeo entre los que en ese momento se encontraban en la vivienda (el inquilino, su pareja y otros cuatro amigos) y la Policía. Finalmente, detuvieron a la pareja, lo que a juicio de la Fiscalía se trató de una detención "ilícita".
Una vez en comisaría, los agentes plantearon una denuncia por supuestos delitos de desobediencia y de atentado a agentes de la autoridad. La Fiscalía entiende que "de forma intencionada", los agentes omitieron mencionar que habían entrado en la vivienda sin autorización y afirmaron que el inquilino "ya estaba previamente semidesnudo y se había arrancado sus ropas para aparentar la supuesta legitimidad de su intervención", algo que él defiende que sucedió como consecuencia de la violencia propiciada por los policías.
Delitos a los que se enfrentan los cuatro policías
El Ministerio Fiscal les acusa de un delito de allanamiento de morada, dos delitos de detención ilegal, tres delitos de lesiones, dos de lesiones leves, un delito contra la integridad moral, un delito de falsedad en documento oficial y cuatro delitos de falsedad en documento oficial. La acusación particular solicitan, además, 20.000 euros de indemnización para cada uno (el inquilino y su pareja) y 510 adicionales para costear los desperfectos ocasionados por la Policía en el piso, así como las costas procesales.
Ante la gravedad de las penas a las que se enfrentan los enjuiciados, seis años para el oficial al mando y dos años y medio para los demás agentes, estos últimos habrían llegado a un acuerdo parcial con las acusaciones. El pasado 5 de febrero el letrado que había llevado hasta el momento la representación del oficial presentó un escrito de renuncia en el que justificaba la decisión ante el nuevo giro de los acontecimientos.
Ahora, ha transcendido que su representación legal queda a cargo de Juan Antonio Frago, el abogado de los policías absueltos en el mediático caso de la 'patada en la puerta' de la calle Lagasca de Madrid.
Las negociaciones paralelas de los tres procesados, obliga al cuarto a cambiar su estrategia procesal. Ante los nuevos planes de sus subordinados, el oficial "no podrá contar con el testimonio de los otros tres acusados, quienes, además, conformarán un nuevo relato de hechos para su acuerdo, que desconoce y que puede ser perjudicial para el mismo".
El anterior abogado defensor incluye en su escrito de renuncia que la decisión se toma como respuesta inmediata a unos hechos conocidos pocos días antes de la vista oral convocada en la Audiencia Provincial de Badajoz. Este señala que, aunque el acuerdo parece aún no estar cerrado, "resulta fundamental para la defensa conocer el alcance del relato de hechos de la nueva conformidad de los otros acusado, en cuanto pueda afectarle".
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