Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha comparecido este martes 11 de junio en la Comisión de Interior del Senado para exponer las supuestas "irregularidades" que se estarían dando en la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y "la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso".
La comparecencia ha formado parte de la iniciativa anunciada por la madre del menor, quien anunció el pasado 11 de mayo su intención de encabezar una batalla judicial para frenar la supuesta producción de este 'true crime' tras tener indicios de que Ana Julia Quezada tendría un teléfono móvil y habría contactado con periodistas para filmar desde prisión el documental.
Hay que tener en cuenta que antes de llegar hasta aquí, el caso de Gabriel Cruz ha estado marcado por la falta de ética y deontología profesional a la hora de la cobertura mediática. A pesar de las quejas públicas de los padres, también se refleja en la denuncia de la Junta de Andalucía a "El programa de Ana Rosa" por filtrar durante la investigación del caso informaciones inequívocas sobre la supuesta pareja de Patricia Ramírez en el momento de la desaparición del pequeño.
Patricia Ramírez en el Senado: "Ella va a cobrar por hacer esto"
En este sentido, la madre del pequeño Gabriel se ha presentado en la Comisión de Interior del Senado explicando que "si se nos hubiese informado adecuadamente de que a esta mujer estaba solicitando permisos dentro de prisión para grabar entrevistas o un documental, que no estaba utilizando adecuadamente las videollamadas, yo no estaría aquí haciéndoles perder su tiempo". "Me enteré hace un año por la prensa de que en un foro de Jueces de Vigilancia Penitenciaria se había publicado que un juez otorgaba a la persona que me arrebató a mi hijo permiso para grabar secuencias sobre lo sucedido", ha explicado.
"Cuando yo me entero de esta situación, recuerdo el estatuto de la víctima y me dirijo a las oficinas de asistencia, para decirles que qué hago y que como se le puede dar un permiso de grabación, con video o sin video, a esta persona. Pero determinan que es para pagar una responsabilidad civil, cuando la persona que está todavía en prisión aún no ha sido declarado solvente. De hecho, el estatuto explica que hay que aclarar esa situación cuanto antes, pero después de 6 años y medio no está resuelto", explica la madre de Gabriel Cruz.
Peticiones de Vigilancia Penitenciaria denegadas y una respuesta tardía del Ministerio del Interior
Patricia Ramírez ha insistido en que no se le informó de ninguna situación, a pesar de que llamó "a todas las puertas". "Después de denegarnos todas las peticiones en Vigilancia Penitenciaria, nos enteramos de que dentro de la cárcel hay determinadas irregularidades. No solo la grabación, sino teléfonos móviles, complicidad de determinados funcionarios, aunque no todos. Cuando yo me entero de esto, por miedo y terror que tengo a salir a la plaza pública y a denunciar (y a que se filtrase, porque se nos ha filtrado todo públicamente), llamo a la Unión Central Operativa que nos deben de dar cobertura, y pongo la situación en sus manos. Me doy cuenta de que esto es así, viendo que no somos capaces de personarnos en la cárcel, el día 27 me dirijo al Ministerio del Interior, concretamente, tengo una reunión con el señor Rafael, secretario de seguridad".
"Les traslado a ellos otras irregularidades, como dinero en los vis a vis, que tiene un móvil, que no sabemos si lo utiliza para ponerse en contacto con periodistas o con personas que forman parte de la producción… Es decir, se le ha otorgado poderes a personas de fuera sin estar resuelta la responsabilidad civil".
Hay que tener en cuenta que diversos periodistas contactaron con Ana Julia Quezada para llevar a cabo la docu-serie de 'true crimen' sobre el caso de Gabriel Cruz. Incluso, el día anterior, la Comisión en el Senado, Patricia Ramírez, recibió una llamada en la que le pedían el nombre de los funcionarios " si los tenía".
"Durante 4 meses sigo trabajando y voy recibiendo informaciones, hasta que 2 semanas antes de salir, me entero de que se vende un producto a una productora que distribuye este tipo de producciones de true crimen. Y que además se están utilizando llamadas desde prisiones de familiares y amigos para contactar con los periodistas. Cuando me entero de esto después de cuatro meses, es un shock", señaló Ramírez.
El miedo a lo público: la sombra que persigue a Patricia Ramírez
"Nuestras preguntas son dos: si van a parar al medio y si van a investigar algo de lo que yo les dije. A partir de ahí, se me cierra la puerta, sin más remedio que irme a convocar una rueda de prensa ante la gravedad de los hechos, poniendo en conocimiento de las instituciones al amparo del propio estatuto", explica Ramírez, que hasta ese momento la institución no había dado respuesta alguna.
"También se nos informa públicamente que parece ser que la han cacheado y no han encontrado nada, que está aislada y que se han bloqueado las llamadas con periodistas. Insisto, a mí no se me informa, informan a los medios. El día 13 entra en la Audiencia Provincial un auto que escribe la directora de la cárcel, el cual se nos traslada el 21. Que dice ha trasladado que una productora televisiva está interesada en hacer una grabación donde se relatarán todos los hechos sobre el caso de Gabriel Cruz. Nos explican que la acusada está cumpliendo una prisión permanente revisable y está en derecho de grabar. Además, recibirá una retribución económica. Son cosas que yo ya había trasladado a prisión anteriormente. Además, el centro penitenciario no tiene capacidad ni posibilidad de contrastar ninguno de estos aspectos, más allá de la solicitud realizada por Ana Julia Quezada para que se realice la comunicación con los periodistas citados", explica la madre de Gabriel Cruz.
Patricia Ramírez pone en conocimiento que desde el Ministerio del Interior reconocen la situación fraudulenta de Ana Julia Quezada, pero, sin embargo, no se ha actuado hasta el momento. "Creo que se muestra la incapaz de prisiones para controlar que nuestros agresores nos puedan agredir a través de estas formas. Rosa Peral, el Cachopo, y un montón de casos de 'true crimen'. Lo primero que hay que plantear es que si uno da una serie de derechos hay que establecer los delitos que se pueden cometer si esos derechos se cumplen. Los puntos críticos de esos derechos para poder establecer los criterios de protección necesarios como armas arrojadizas. No estoy en contra de que se comuniquen, creo en la prevención, pero también digo que para no todo el tipo de presos".
Denuncia para la productora y Prisiones
Patricia Ramírez ha dejado claro en el Senado que se interpondrá tanto una querella como una denuncia relacionada con los hechos. "Con referencia a la productora, se pondrá una querella a nombre de Ana Julia Quezada y a Prisiones Penitenciarias explicando los hechos de que se ha intentado grabar un documental utilizando comunicaciones, que reconocen, que no son adecuadas y con un ánimo de lucro. Y todo ello, acompañado por varias fuentes con ayuda de funcionarios". Además, "se pondrá una denuncia ante la Guardia Civil, porque hay una serie de hechos penales, de gravedad, que ocurren en Ávila. Solicita un pacto de estado, en la definición de que es un asunto de especial trascendencia y teniendo en cuenta que no tiene que ver con la tilde política.
Patricia Ramírez aseguró en su comparecencia de mayo que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un 'true crime', para lo que habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada.
La madre de 'El pescaíto' confirma así su intención de interponer querellas criminales por presuntos delitos de cohecho contra funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas "sin permiso" de su superioridad, y otras personas relacionadas con la presa "fuera de la cárcel", así como contra la propia Ana Julia Quezada y contra Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.
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