La sempiterna rivalidad entre policías y guardias civiles ha desembocado en guerra abierta. La decisión del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, de autorizar mediante una instrucción interna que los agentes del Instiuto armado puedan mantener "contactos directos" con la Oficina Europea de Policía (Europol), un organismo al que hasta ahora sólo tenía acceso el Cuerpo Nacional de Policía, provocó ayer un soterrado cruce de acusaciones entre integrantes de ambos cuerpos después de que Vozpópuli desvelase el contenido de la polémica orden.
El enfrentamiento entre ambos cuerpos, de hecho, puede acabar en los tribunales. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario, aseguró a este diario que los equipos jurídicos de su organización estudíaban ya cómo denunciar la norma del número 2 de Interior al considerar que la misma vulnera la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En concreto, el artículo 12 de la misma, que es el que determina desde 1986 las funciones policiales exclusivas de cada Cuerpo y que adjudicaba a la Policía las relaciones con las fuerzas de seguridad de otros países.
Mandos de la Guardia Civil denuncian que la Policía ha 'retrasado' la comunicación de la instrucción a Europol
No serán los únicos. El líder de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, destacó en conversación telefónica que su organización tiene intención de "hacer todo lo posible para frenar esta ofensiva de los generales de la Guardia Civil ante la pasividad del ministro". José Ángel Fuentes Gago, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), incluso lanzaba una advertencia al propio secretario de Estado de Seguridad: "O rectifica o que se atenga a las consecuencias jurídicas. No vamos a consentir de ninguna manera que este 'robo' se produzca". Algunas fuentes aseguran que el malestar también había llegado a los escalones políticos del CNP, y que su director general, Ignacio Cosidó, había presentado formalmente una protesta ante el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Las quejas, sin embargo, no sólo llegan desde el lado del CNP. Mandos de la Guardia Civil apuntaban a Vozpópuli que, pese a que la instrucción tiene fecha del pasado 19 de julio, "hasta hace unos días, la Policía aún no la había comunicada a las oficinas centrales de Europol en La Haya (Holanda)". Y ello a pesar de que en la propia norma el número 2 de Interior daba orden expresa a la "Dirección General de la Policía" para que impartiera a sus agentes "las instrucciones oportunas" en este sentido, a la que vez que incluía una implícita advertencia de que si no se cumplían la orden o se retrasaba su aplicación podría "acordar la redifinición o reasignación inmediata de los canales de comunicadión directa con Europol". Es decir, amenazaba con dejar al CNP sin dichas competencias, ahora compartidas.
"Sinsentido" u "ofensiva"
Para los mandos del Instituto armado consultados, que en todo momento mostraron su satisfacción por haber alcanzado una antigua "aspiración", la nueva instrucción elimina "un sinsentido que hacía que cada vez que debíamos realizar una gestión ante otra policía europea tuvieramos que pasar por el CNP". En este sentido recuerdan que ello había provocado en el pasado numerosas situaciones de falta de coordinación, y ponen como ejemplo el caso de la joven Rocío Wanninkhof, muerta en 1999. "Las autoridades británicas enviaron una requisitoria del que luego sería detenido como su asesino, Tony King, con sus antecedentes como agresor sexual que nunca nos llegó pese a que se suponía que el sospechoso estaba en nuestra demarcación y que ya estabamos investigando el suceso", aseguran.
Sin embargo, sus compañeros de la Policía insisten que la medida es "ilegal" e, incluso, se mostraron convencidos de que Europol la va a rechazar. "Todos los países tienen una oficina única para intercambiar información y no tiene sentido que España tenga dos, una para nosotros y otra para la Guardia Civil", insistía ayer el presidente del SPP. Por su parte, el secretario general del SUP consideraba que esta medida "va a desmoralizar aún más a unos agentes ya muy tocados por los recortes de sueldos".
El incidente se produce, además, en un momento especialmente tenso entre ambos cuerpos policiales después de que una asociación de guardias civiles lanzase recientemente un comunicado en el que vertía duras críticas contra el CNP por el error en la identificación de los huesos hallados durante la investigaciön de la desaparición de Ruth y José, los niños de Córdoba. El escrito provocó, de hecho, una lluvia de comunicados de las organizaciones sindicales de la Policía en las que éstas aireaban los fallos que anteriormente habían tenido como protagonistas a guardias civiles.
En uno de estos comunicados, se llegaba a afirmar que la crítica por el caso de los niños de Córdoba escondía, de hecho, "un desesperado intento [de la Guardia Civil] de dejar sin efecto por la vía de los hechos la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de paso invadir, con cierto aire de legitimidad, competencias que la Ley atribuye en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía". Una denuncia que ahora retieran tras conocerse el contenido de la instrucción de Ignacio Ulloa.
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