La destitución de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se suma a otras salidas abruptas en la historia de los servicios secretos españoles, como la de Alberto Saiz, quien dimitió en 2009, o Emilio Alonso Manglano, quien lo hizo en 1995 por el escándalo de las escuchas ilegales del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).
Paz Esteban, una mujer que lleva 40 años en la casa, ha sido relevada como consecuencia del caso Pegasus precisamente cuando se cumplen 20 años del nacimiento del CNI, heredero del CESID. Desde entonces, han dirigido los servicios de inteligencia españoles Jorge Dezcallar, Alberto Saiz, Félix Sanz Roldán y la propia Esteban.
Dezcallar, diplomático, fue nombrado por el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2001 como director del CESID en sustitución de Javier Calderón, convirtiéndose en el primer civil en dirigir los servicios secretos españoles. Con él se aprobó la reforma de la institución, que pasó a denominarse CNI, y el cambió legal que, entre otras cuestiones, estableció el requisito de la autorización de un juez del Supremo para las escuchas. Su etapa estuvo marcada, entre otras cuestiones, con la información sobre las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, así como con los atentados del 11 de marzo de 2004. Dezcallar contó más adelante en su biografía que presentó su dimisión por la gestión que hizo el Ejecutivo tras esos atentados, pero después la retiró. En cualquier caso, tras el cambio de Gobierno por la victoria del PSOE en las elecciones generales, fue cesado y sustituido al frente del CNI por Saiz.
Saiz, ingeniero, era un hombre de confianza del ministro de Defensa, José Bono, con quien había trabajado en la Junta de Castilla-La Mancha. Tras el relevo de Bono, siguió en el cargo con José Antonio Alonso y compartió la primera etapa de Carme Chacón como titular de Defensa. El 24 de julio de 2007, protagonizó una insólita rueda de prensa en la sede del CNI, sin precedentes en la historia de los servicios secretos españoles, en la que informó de la detención de un ex agente del centro por vender presuntamente información clasificada a Rusia. Dos años después, en una etapa de gran turbulencia interna en el centro, Saiz dimitió tras las acusaciones de haber usado fondos públicos para fines privados al ir a pescar a lugares exóticos, algo que él negó y que finalmente se demostró por la filtración de una foto suya pescando en Senegal. Saiz presentó su dimisión el 2 de julio de 2009 para evitar "un posible deterioro" de este organismo y que pudiera resultar perjudicada la imagen del Ejecutivo.
Tomó el relevo al frente del organismo el general Sanz Roldán, hasta entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Permaneció en el cargo con el acceso del PP al Gobierno en noviembre de 2011, siendo ratificado en julio de 2014 a través de un nuevo nombramiento, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Con la llegada al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Sanz Roldán fue confirmado en el cargo por la ministra de Defensa Margarita Robles el 14 de junio de 2018.
Tras diez años al frente de los servicios secretos, el 5 de julio de 2019 cesó en su puesto al concluir su mandato y el CNI pasó a estar dirigido por Esteban, que se convirtió en la primera mujer en dirigir el Centro. Entre los episodios más controvertidos de esta etapa figuran la crisis en Cataluña (incluido el fracaso en la búsqueda de las urnas del 1-O), su enemistad con el comisario Villarejo o el de la amiga del rey Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
CESID
El predecesor del CNI fue el CESID , organismo que se mantuvo en activo desde 1977 hasta 2002. Tras un periodo inicial en el que se sucedieron los directores por periodos de un año, aproximadamente y una vez superada la crisis provocada por el 23-F, surgió la figura de Emilio Alonso Manglano, director del CESID durante catorce años, de 1981 a 1995, periodo en el que se consolidó el servicio de inteligencia del Estado. Entre 1977 y 1981 dirigieron la institución José María Bourgón López-Dóriga (1977-1979), Gerardo Mariñas Romero (1979-1980) y Narciso Carreras Mata (1980-1981).
Con la llegada de Manglano al CESID se inauguró una nueva etapa en el Centro, fue el encargado de reestructurar el mismo, tanto en misiones como en efectivos humanos. Los casos de escuchas ilegales realizados dentro del CESID provocaron los mayores escándalos protagonizados por el Centro hasta ese momento. El 12 de junio de 1995 el diario El Mundo publicó que el CESID venía grabando desde 1984 conversaciones telefónicas a personajes de la vida pública, entre las que se encontraba el rey Juan Carlos.
Destapado el caso, Manglano puso su cargo a disposición del Gobierno, que aceptó su dimisión, aunque se mantuvo en el puesto hasta el 7 de julio de 1995, cuando el Consejo de Ministros nombró a su sucesor, el general de división Félix Miranda Robredo.
Manglano fue juzgado junto al entonces jefe de operaciones del CESID, el excoronel Juan Alberto Perote, condenado en 1997 por un delito de revelación de secretos que acabó destapando la existencia de los GAL. La Audiencia de Madrid lo condenó a seis meses de arresto por un delito continuado de escuchas ilegales telefónicas y a ocho años de inhabilitación absoluta. Manglano recurrió ante el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia. Pero el 29 de marzo de 2004, el Tribunal Constitucional ordenó la repetición del juicio y fue finalmente exculpado por la Audiencia el 13 de abril de 2005. Mientras, Perote fue condenado en octubre de 2006 a 4 meses de arresto y 6 años de inhabilitación.
El 8 de marzo de 1996 el Gobierno aceptó la dimisión de Miranda, que se produjo a petición propia tras haber pasado este general a la situación de reserva días antes. Fue sustituido el 24 de mayo de 1996 por el teniente general del Ejército de Tierra Javier Calderón, quien se encontraba en la situación de reserva por edad y ocupó este puesto vacante tras el cese de Miranda.
Calderón cesó en el cargo en junio de 2001, una vez concluido el plazo máximo de permanencia. Junto con Manglano, y otros cuatro agentes del Centro, fue imputado por una trama de escuchas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria, destapada en 1998. Ambos fueron condenados en abril de 2003 por la Audiencia Provincial de Álava a tres años de cárcel, pero un año después, el Supremo les absolvió.
