La causa abierta en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades con los contratos de Mercasa pone el foco en Panamá. La comisión judicial encargada de esta investigación se desplazará al país de Centroamérica entre el 24 y 28 de enero para tomar declaración a una serie de testigos propuestos por Anticorrupción, entre los que se encuentran el exministro de Presidencia Demetrio Papadimitriu, y su homólogo en Comercio, Melitón Arrocha. El objetivo es esclarecer el presunto reparto de mordidas resultado de los contratos millonarios que se adjudicó la empresa pública española entre 2010 y 2017.
El magistrado Santiago Pedraz acuerda esta diligencia después de que Panamá haya respondido a la comisión rogatoria librada en febrero de 2020. Además de los dos exmiembros del Gobierno panameño, también están citados la abogada Aylen Villareal, los arquitectos Ignacio Vilela y Miguel Benito Galipienzo, la administrativa Yira Elzebir; el que fuera coordinador de capacitación para Mercasa, Alain Rajiv Anguizola, y los representantes de dos mercantiles panameñas vinculadas a estas licitaciones, tal y como consta en la nueva documental incorporada al sumario a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
La Fiscalía solicitó esta diligencia hace más de año y medio, por lo que el listado final de los testigos propuestos podría alterarse de cara a finales de enero. Con todo también reclamó otra información de calado como la cuenta bancaria que Mercasa abrió en el banco Bac Credomatic de Panamá y las cuentas que gestionó el exdirector adjunto del ente, Luis Hermosilla. Anticorrupción razonó entonces que las diligencias practicadas hasta el momento habían permitido esclarecer como entre octubre de 2010 y mayo de 2017 Mercasa se adjudicó cinco contratos públicos por un importe total de 9,79 millones de dólares (8,5 millones de euros) pese a que facturó un millón menos.
"Afecta al Estado español"
La causa -que también indaga mordidas de Mercasa en Angola, República Dominicana y Argentina- trata de esclarecer los supuestos sobornos a autoridades y funcionarios que habrían mediado para adjudicar estos proyectos a la empresa española. En lo que respecta a Panamá, el comisionista que habría intermediado es Melitón Arrocha. Se trata del exministro de Comercio exterior y exviceministro de Presidencia que también fue designado embajador de Panamá ante la ONU.
El objetivo es que explique estos aspectos y aclare si realizó estas labores a través de su despacho de abogados con la ayuda de la también letrada Aylen Villareal. En lo que respecta al exministro de Presidencia Demetrio Papadimitriu, Anticorrupción sostiene que intervino en la firma del contrato con fecha de 1 de noviembre de 2010 para la construcción de ocho mercados públicos por importe de 6,5 millones de dólares (5,6 millones de euros). "La ejecución de estos contratos mediante la subcontratación de distintas sociedades por parte de Mercasa afecta e incide en la gestión de fondos públicos del estado español", aclara la Fiscalía.
Sin control de fondos
Los investigadores también ponen el foco en las cuentas de Mercasa en Panamá ya que de ahí salieron los pagos a proveedores y terceros implicados en estos proyectos. Al respecto destacan muchos movimientos no están debidamente justificados. Eso ocurre con respecto al 'cheque Gerencia'. De los aproximadamente 1.132 asientos relacionados con este cheque, se han contabilizado 529 registros en los que no consta referencia a ninguna factura. Se trata de gastos por importe total de 2,3 millones de euros.
Los mismos habrían ido destinados al Tesoro panameño, salarios, pago de alquileres (como el de las viviendas de Luis Hermosilla o del arquitecto Ignacio Vilela) o anticipos de caja. Otros pagos, sin embargo, se realizaron directamente en España. Según explica Anticorrupción, el responsable del control de las facturas era Hermosilla (imputado en la causa). Su aprobación era suficiente para pagar las facturas sin que la empresa pública realizara control y revisión de los conceptos.
Con todo los investigadores también sospechan que participaron otros comisionistas, como es el caso de José Manuel Cano Moreno. Mercasa le contrató para una de las licitaciones por su "amplia experiencia como consultor de negocio internacional". Finalmente, la firma española logró la licitación a mediados de 2010 sin que se celebrara concurso público. En el contrato suscrito entre las partes se reconocía a Cano una comisión de éxito del 6% y una suma de 75.000 euros anuales sin que se haya acreditado la gestión o los servicios concretos que prestó por este asunto.
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