La sintonía de Pedro Sánchez con los populistas americanos del Grupo de Puebla, notoria cuando el presidente español inició en diciembre una batalla dialéctica contra la derecha judicial, asoma nuevamente en estos días. La reacción alarmante del Gobierno por una cena de fiscales con Núñez Feijóo ha coincidido con la presentación en Argentina por Rodríguez Zapatero de un libro-guía de la campaña anti lawfare (persecución judicial de naturaleza política), donde el sistema judicial español sale malparado. En distintos niveles y con diferentes tonos, los importadores en nuestro país de esa campaña son, aparte de Sánchez, su predecesor Zapatero y la secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul. Por el lado de los aliados del Gobierno destacan Enrique Santiago, secretario general del PCE y mentor de Yolanda Díaz, más Gerardo Pisarello y Jaume Asens, miembros destacados del partido de Ada Colau.
La Feria del Libro de Buenos Aires acogió el 30 de abril la presentación de la obra colectiva Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina, con una introducción en la que el expresidente Zapatero sostiene que “sin duda el lawfare es una de las expresiones más preocupantes de esas desviaciones de los sistemas políticos que se rigen por principios demo-liberales”. Con el apelativo liberal el libro identifica reiteradamente en sus páginas a regímenes que amparan guerras judiciales contra las fuerzas progresistas, antes denominadas socialistas.
“Inseguridad jurídica es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, inseguridad jurídica es decir que ustedes controlan la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, es conspirar con los fiscales conservadores para deslegitimar a este Gobierno”. Estas recientes acusaciones de la ministra Irene Montero, aunque lanzadas al PP, se sitúan en la estela de una lawfare al revés: acoso al estamento judicial desde grupos políticos, en este caso al calor de la sobreactuación del presidente del Gobierno refiriéndose al encuentro de Feijóo con la Asociación de Fiscales como “maniobra en la oscuridad con intereses ocultos” y señalando que “la oposición maniobra en Bruselas a escondidas para bloquear la renovación del CGPJ”.
Desde esa reacción de Moncloa a primeros de mayo, se ha sucedido una cascada de descalificaciones de grueso calibre sobre la Justicia como el tuit del diputado Jaume Asens, portavoz en el Congreso de En Comú Podem, sobre “una filial del PP en la justicia que lleva cuatro años ayudándole a secuestrarla, a ocultar su corrupción y a atacar el resultado de las urnas”, o el del también diputado y secretario general del PCE, Enrique Santiago, compartiendo un artículo periodístico que se mofa de las reclamaciones laborales de los jueces con advertencia de huelga.
De alguna manera, el libro sobre el proceso que ha culminado en la pena de 6 años de prisión para Cristina Kirchner, en su propósito de desentrañar lo que los autores consideran manipulación de órganos judiciales se convierte en un manual de acoso a esas instituciones. Objetivo: Cristina incluye reflexiones de Baltasar Garzón, teórico de las amenazas de la guerra judicial, pensando más allá de Latinoamérica, en Europa del Sur, aunque no lo explicite. Como su advertencia contra “quienes de verdad «mandan» sobre los políticos, sobre los jueces e incluso sobre todos nosotros. Son los poderes económicos acostumbrados en las autocracias a manejar a su antojo la política y el gobierno de un país”. O cuando el mismo exmagistrado afirma que la guerra judicial sirve “para eliminar al antagonista, para «limpiar» de opositores, castigando de manera evidente a aquellos funcionarios progresistas que obstaculizan los postulados neoliberales”.
El diputado hispano-argentino Gerardo Pisarello, muy cercano a Ada Colau y Secretario Primero de la Mesa del Congreso, como firmante de un capítulo en la obra de desagravio a la vicepresidenta argentina descalifica a los jueces y fiscales españoles con afirmaciones como “las primeras expresiones de lawfare en democracia fueron las emprendidas contra activistas y políticos independentistas, fundamentalmente en el País Vasco y Cataluña”. O con esta interpretación de los sucesos de 2017 en Cataluña: “En el caso catalán, el lawfare tuvo un laboratorio privilegiado en una serie de actuaciones judiciales y de otros órganos del Estado contra dirigentes y activistas independentistas (…) altos cargos catalanes fueron perseguidos de manera abiertamente abusiva por tribunales con un marcado sesgo conservador, activados a menudo por organizaciones de ultraderecha”.
El alto cargo en el Congreso de los Diputados llega a señalar como víctimas de actuaciones judiciales con intención política a Mónica Oltra, Manuela Carmena y Ada Colau, pues considera que la guerra jurídica y la mediática (mediafare) pretende “frenar o erradicar (…) avances en materia de justicia social, ambiental, de género o antirracista”. El volumen Objetivo: Cristina también incluye mensajes de apoyo e identificación con Cristina Fernández de Kirchner de otros políticos españoles como Pablo Iglesias, Iñigo Errejón e Ione Belarra.
Esta ola de hostigamiento a la judicatura desde el Gobierno se ha ralentizado tras los últimos mensajes recibidos desde Bruselas sobre el castigo penal a la malversación y sobre la renovación del CGPJ, unidos a la reivindicación salarial de jueces y fiscales, todo ello en medio de la campaña electoral. Fuera de ese foco, al otro lado del Atlántico la implicación sanchista con el movimiento populista se fortalece.
La deferencia con la que desde Moncloa se atendió al presidente colombiano Gustavo Petro en Madrid fue acompañada, en paralelo a su visita, de la celebración en Colombia de un Taller de respuestas progresistas y sostenibles en América Latina y Caribe, organizado por la Fundación Pablo Iglesias. Con el patrocinio oficial de Cooperación Española y coordinadas por la responsable de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, medio centenar de personas alojadas en el Hotel Caribe de Cartagena de Indias (150 USD/noche) siguieron ese taller del 3 al 5 de mayo. Antes hubo una jornada en Barranquilla en torno a La sociedad civil y las reformas sociales en Colombia y España, montada por la misma representación española y el partido de Gustavo Petro.
Jalloul, malograda Kamala Harris española, es asidua a los eventos del Grupo de Puebla junto a Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón y los citados Santiago (PCE/Sumar) y Pisarello (En Comú Podem). Como miembro de la Ejecutiva del PSOE, Hana Jalloul participó el 22 de marzo en el Foro Mundial de Derechos Humanos celebrado en Buenos Aires, junto a Dolores Delgado, Lilith Verstrynge, etc. En aquel evento hubo ponencias sobre la llamada guerra judicial de los “poderes neoliberales” contra las fuerzas “progresistas”, destacando la del diputado, secretario general del PCE y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago. Éste, bastión del proyecto Sumar de Yolanda Díaz, en su disertación sobre el tema Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia, partió de la premisa de que “la utilización del consenso social contra la corrupción es algo propio de las oligarquías”. A partir de ahí (vídeo, desde 45’) se explaya sobre los aparatos judiciales “montados por el poder económico” carentes de legitimidad por carecer de “mecanismos populares de elección directa” ni rendir cuentas.
En su profusa exposición, presentando como víctimas de lawfare a conocidos miembros de Izquierda Unida y de Podemos procesados en los tribunales, Santiago no se ahorra descalificaciones de instituciones, afirmando con cierta redundancia que “el CGPJ es otro órgano del poder judicial sustraído totalmente del control popular en estos momentos”. Esta frase sintetiza el paradigma en el que se mueven los gobernantes populistas, autodenominados progresistas, enrolados en la cruzada contra lo que consideran acoso jurídico de intencionalidad política, al que contraponen un acoso político para obtener inmunidad jurídica.
El mimetismo de determinados políticos españoles respecto al populismo iberoamericano, especialmente argentino, es también semántico. Desde hace un tiempo, particularmente en sus referencias a las relaciones con órganos judiciales, en el PSOE y en Unidas Podemos descartan el término socialista sustituyéndolo por el de progresista, a semejanza de los dirigentes peronistas. Lo hace cumplidamente la embajadora de Sánchez ante el Grupo de Puebla, Hana Jalloul, al declarar al colombiano El Espectador que “el viraje de Latinoamérica hacia la izquierda abre la posibilidad de cooperar entre las fuerzas progresistas que trabajan en pro de la redistribución de la riqueza”. Del destierro del término socialista participa también Yolanda Díaz, quien habló del “afán de avanzar en una internacional democrática y laborista” en presencia de Gustavo Petro y Pedro Sánchez, presidente este último de la Internacional Socialista.
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