“Yo no sé si la amnistía es constitucional o no, pues para eso está el Tribunal Constitucional”. “El tiempo de la transición política ha pasado, aunque a algunos les cueste metabolizarlo”. Son dos citas de escasa consistencia que pertenecen a dos veteranos de la izquierda y del PSOE clásicos, Nicolás Sartorius y Rafael Escuredo, ambos en desacuerdo con el rechazo de Felipe González y Alfonso Guerra a la amnistía exigida por Puigdemont. Otros miembros señeros del PSOE, Jordi Sevilla y Ramón Jáuregui, se han pronunciado en sentido distinto. “Oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo”. “La amnistía supone una legalización encubierta de actos contra el Estado”, han manifestado uno y otro con la peculiaridad de que lo han hecho dos meses después de que firmaran pidiendo el voto para el aún inquilino de la Moncloa. Las contradicciones que afloran en el PSOE a cuenta de la factura a pagar por su candidato para conseguir la investidura, parecen una ruta circular que se acerca o se aleja del sanchismo.
El pasado 18 de julio, días antes de las elecciones, 39 exministros de gobiernos de González y de Zapatero hicieron público un documento sin fecha ni identificación de origen que, bajo el título MANIFIESTO VOTAR AL PSOE, se presentaba como expresión pública “de nuestro apoyo al PSOE y a su candidato a presidente del gobierno, Pedro Sánchez”, justificándolo así: “Porque defendemos una España unida y diversa. Con la Constitución y el diálogo como el mejor método para convivir pacíficamente” y “porque el Partido Socialista es el partido central de España, capaz de gobernar para la mayoría social”. Más que el contenido del documento, que alcanzó escaso eco, destacaban las firmas de relevantes socialdemócratas de la Transición, de aquello que se dio en llamar felipismo.
Que personas como Javier Solana, Carlos Solchaga, Joaquín Almunia, Narcís Serra, José Bono o Luis Carlos Croissier mostraran pública adhesión al creador de una forma de gobernar llamada sanchismo, no era previsible. Pero que semanas más tarde algunos de los 39 firmantes, como Jordi Sevilla o Ramón Jáuregui, hayan entonado un “no es eso” ante las cesiones del aspirante a mantenerse en la Moncloa, como si fuera algo impropio del presidente en funciones, redobla la paradoja, sugiriendo esa imagen de las puertas giratorias de la socialdemocracia al sanchismo y viceversa. O lo que el analista Ignacio Varela ha definido como “singularísima capacidad del PSOE de retener fidelidades movidas por una férrea, casi desesperada adhesión emocional a la razón social o por una concepción eclesiástica del partido y de la política”.
Las recientes advertencias de Felipe González y Alfonso Guerra sobre la corrosión de las instituciones no sorprenden, pero dejan en posición embarazosa a políticos que mostraron sentido de estado y respeto institucional como los citados Solana, Maravall, Almunia, Solchaga o Bono. La petición de voto que rubricaron en julio pasado no fue una iniciativa espontánea, pues hubo operaciones semejantes organizadas desde la dirección del partido en Andalucía, Galicia, Extremadura, Aragón, Asturias…, siempre con veteranos socialistas encabezando las adhesiones. En el caso de Jordi Sevilla, que ahora se desengancha de la estrategia del presidente en funciones Sánchez, hace un par de meses, además de apoyarlo públicamente escribió refiriéndose a las “elecciones reconstituyentes” del 23J: “Es ya urgente que revisitemos el gran pacto nacional que suscribimos los españoles mediante la Constitución de 1978 (…) hasta que no lo hagamos, no superaremos la crisis de convivencia en que estamos desde hace, al menos, una década”.
Del interés de Ferraz, y sobre todo de Moncloa, en reunir apoyos numerosos y de gente sobresaliente, da idea que al final del documento de los exministros aparece la siguiente apostilla: “Los ex ministros y ex ministras que figuran a continuación desean aclarar que no suscriben este manifiesto en atención a la neutralidad política que requiere la responsabilidad institucional o profesional que actualmente desempeñan: Bibiana Aído Almagro, Mª Teresa Fernández de la Vega, Trinidad Jiménez García-Herrera, Fernando Ledesma Bartret, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Leire Pajín Iraola”. Se deduce que esas personas, tres de ellas vocales del Consejo de Estado, se disculpan por no poder firmar aquello con lo que se identifican.
Hubo otra proclama en la misma línea, urdida desde la Moncloa, que obtuvo una buena cosecha de gobernantes extranjeros. Titulada sin disimulo “Manifiesto en apoyo de Pedro Sánchez”, dos presidentes, seis primeros ministros y numerosos ex primeros ministros y otras personalidades como Jeffrey Sachs, respaldaron esa candidatura para el 23J. No fue ajena a la generosa respuesta a ese manifiesto el hecho de que la casi totalidad de los firmantes estén encuadrados en la Internacional Socialista que preside desde 2022 el secretario general del PSOE.
Todas esas circunstancias y singularidades sobre cómo procuró el presidente en funciones tener controlados desde julio a posibles disidentes prestigiosos de su partido antes de saber si sería candidato a la investidura y en qué condiciones, contextualizan lo que ahora ocurre ante la acogida amable por parte de Sánchez a los planteamientos secesionistas de Iñigo Urkullu y de Carles Puigdemont y los mensajes de alarma desde posiciones constitucionalistas, no solo de González, Guerra o Virgilio Zapatero.
“El PSOE debe avergonzarse de lo que hizo en 2017, pero debe defender orgullosamente la ley de amnistía”, avisaba el 20 de agosto el catedrático Pérez Royo, muy cercano a los nacionalismos, conocedor de cómo se preparaba una investidura del candidato ahora en funciones. Con el precalentamiento de ese y otros artículos de diferentes autores, destacando los de Ignacio Sánchez Cuenca y Josep Ramoneda, más los agitadores tuiteros en hilo con Moncloa y Ferraz, como el diputado y ex alcalde de Valladolid Óscar Puente, no es de extrañar que en cuanto Felipe González abriera la boca recibiría respuesta. Tratándose de cuestiones de gran envergadura como la constitucionalidad de una amnistía o la desigualdad entre territorios, llama la atención que el expresidente o Alfonso Guerra reciban casi siempre argumentos ad hominem.
Ha abierto fuego Gerardo Pisarello (Sumar), secretario primero del Congreso, diputado de confianza de Yolanda Díaz y Ada Colau, falseando la realidad al decir que el expresidente González “batió records” de indultos a militares golpistas. Y desde las filas sanchistas el primer paso lo ha dado Rafael Escuredo, compañero de fatigas del primer Felipe al que, sin citarlo, lo da por amortizado: “Lamento no coincidir con quienes fueron mis referentes políticos”, apuntándose a quienes proponen “nuevas soluciones políticas a los viejos problemas de España”. Se da la circunstancia de que Escuredo fue uno de los primeros en poner su nombre en otra petición de apoyo a la candidatura sanchista lanzada por el PSA en julio pasado. Ha acompañado a Escuredo en su diatriba, en este caso contra Guerra, la ex presidenta del PSOE andaluz Amparo Rubiales, dedicándole un tuit donde se muestra escandalizada ante eso de que “la amnistía es la condena de la Transición”.
Fuera de los muros del partido gubernamental, por el lado académico el debate sobre una amnistía y una redefinición territorial del estado se mantiene desigualmente, destacando por claridad argumental y solvencia de sus autores los análisis de catedráticos como Manuel Aragón, Francesc de Carreras, Teresa Freixes y el muy matizado del ex ministro Tomás de la Quadra, respecto a los que emiten los también catedráticos Javier Pérez Royo, Ignacio Sánchez Cuenca, Ramón Soriano o Albert Noguera encontrando acomodo legal a los planteamientos de los secesionistas catalanes y vascos, ya que, de acuerdo con la pauta marcada por el diario ‘El País’, la concesión de una amnistía “exige una explicación cabal y completa de sus causas”, pues la exclusión del referéndum por Puigdemont como condición previa “es una noticia favorable al entendimiento”.
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