España entera asiste este martes a una ficción. La investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está destinada a fracasar, al contar con más votos en contra que a favor. Mientras, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ultima los pactos con el independentismo que le permitrán, previsiblemente, permanecer al frente del Consejo de Ministros al menos cuatro años más. Y todo a cambio de una amnistía que según ERC ya se está materializando en forma de "documentos" que "corren" entre el secesionismo y el Palacio de la Moncloa.
Fuentes del núcleo duro de Sánchez, en efecto, no niegan que llevan tiempo trabajando en un proyecto legal que ponga fin a la mal llamada "judicialización" del conflicto político entre una parte de Cataluña y el resto de España. En plata: hacer borrón y cuenta nueva sobre los antecedentes de todos aquellos que delinquieron durante la afrenta del procés y que siguen pendientes de juicio. Esa es la condición que pone Junts -y el resto de secesionistas catalanes- para que sus siete diputados en la Carrera de San Jerónimo no torpedeen la previsible investidura de Sánchez. Esa concesión se sumaría a los indultos, al borrado del delito de sedición y a la rebaja de penas en el delito de malversación.
Feijóo aterriza en la tribuna de oradores del Congreso para exponer su visión de Gobierno. Y lo hará sin límite de tiempo, aún a sabiendas de que no podrá ponerse a los mandos del país esta legislatura. Pero llega, según los cálculos del PP, con la foto de 65.000 personas -45.000 según la Delegación del Gobierno- atestando el centro de Madrid para protestar contra los planes del presidente del Gobierno de amnistiar a los independentistas. El líder del PP intentará erigirse en un faro moral de la España constitucional para achicharrar a Sánchez, a quien también la vieja guardia de su partido, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza- ha puesto en la diana por la amnistía de marras que puede afectar a las casi 300 personas que aún están pendientes de juicio por los hechos de octubre de 2017, entre ellas el propio Carles Puigdemont.
La legitimidad del 23-J
El Gobierno, sin embargo, hace caso omiso a los gritos en contra de la amnistía. Este lunes desmereció a través de su portavoz en Moncloa, Isabel Rodríguez, la concentración cocinada por Génova. La también ministra de Política Territorial en funciones recordó que los españoles ya hablaron el 23 de julio en las urnas y que "fueron más" quienes no quisieron un Gobierno del PP con Vox que quienes lo votaron. Esa es la legitimidad que siente Sánchez para ultimar la amnistía que se niega a pronunciar.
Pedro Sánchez abrió la semana pasada de manera definitiva la puerta a sacar adelante una hipotética ley de amnistía o de alivio penal. Y lo dijo de manera velada, cuando recordó que será "coherente con la política de normalización en Cataluña". En todo este tiempo desde las elecciones generales, el presidente en funciones ha tenido a un triunvirato de Moncloa que ha negociado directamente con Carles Puigdemont y ha reportado al líder del PSOE los avances en las conversaciones. Con ese marco, por tanto, hay que leer los guiños que Puigdemont y Sánchez se han hecho el uno al otro. Y es que para Sánchez, el expresidente catalán ya no debe ser traído a España y juzgado. Ahora, cuando se le pregunta, el líder socialista responde que "nunca debió judicializarse el conflicto". La misma patada hacia delante dio la portavoz del Ejecutivo este lunes.
Moncloa, en definitiva, está a la espera de que fracase la investidura del líder del PP. Pero una vez ocurra, tampoco se lanzará a la piscina respecto a los pactos con Junts. Esperará a la Casa Real, para que concrete la siguiente ronda de consultas del Rey con los responsables de los grupos parlamentarios de la Cámara. La fecha de la investidura de Sánchez depende de Felipe VI. Y hasta entonces todo será tiempo para que Sánchez siga negociando. No solo con los independentistas, también con el resto de partidos. Aunque Sánchez desea llegar a la Zarzuela con todos pactos firmados bajo el brazo que le permitan ser designado candidato a la presidencia. Mientras, las fuentes consultadas en Ferraz ya se sitúan en la consulta a la militancia que ratifique la política de Sánchez. Pero ahora es el turno de Feijóo. Tiene la oportunidad de proyectarse como presidente y no como oposición.
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