Pedro Sánchez allana su investidura. El presidente en funciones y candidato socialista, designado este martes por el Rey para intentar obtener la confianza del Congreso por cuarta vez en cinco años, da por cerrada la principal vía de negociación con ERC y se centra en satisfacer las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont, a los mandos de Junts -cuyos siete diputados son claves para que el PSOE revalide el Gobierno de coalición-.
El núcleo duro del presidente celebra el viraje de los republicanos, que ya rebajan la exigencia del referéndum de autodeterminación a corto plazo para no torpedear la investidura del candidato socialista. Por eso, el presidente cerró este martes la puerta a una consulta y se entregó a la amnistía en aras del "interés general". Todo por "generosidad" para solucionar el conflicto político entre una parte de Cataluña y el resto de España. Eso sí, el PSOE, según fuentes de la planta noble, teme que la pugna entre ERC y Junts por colgarse la medalla de la amnistía desestabilice las negociaciones.
Sánchez volvió a evitar pronunciar la palabra amnistía, consciente de que no debe remarcarla en el debate público. Pero se refirió a ella de forma velada: “Hacer política implica generosidad”, dijo, como cuando estuvo a punto de indultar a los líderes del procés condenados. El presidente en funciones dijo este martes que el acuerdo que alcance al respecto “será transparente". Y para madurarlo, el presidente ha designado al secretario de organización socialista, Santos Cerdán; al ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños y a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Ella, además, es quien tiene el peso de las conversaciones con ERC.
Los tres están muy curtidos en las negociaciones con los independentistas. Y están pilotando las conversaciones con Junts y con el resto de fuerzas. Eso sí, Moncloa aclara que lo importante se trata en un bis a bis entre Ferraz y Waterloo: "Aquí quien está en el meollo somos nosotros y Junts. El resto no tiene nada que decir", precisa un alto cargo socialista en referencia a la irrelevancia de Sumar y, en cierta medida, de ERC una vez ya se han cerrado los grandes asuntos con el partido de Junqueras.
El Constitucional, último recurso de la amnistía
Es más, dejó entrever cómo se articulará legalmente la amnistía: "Tendrá que ser refrendado por las Cortes y, además, se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional”. El candidato ya se pone en la tesitura de que la ley contará con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara y que, en caso de ser recurrida, contará con el aval del más alto intérprete de la Constitución, compuesto por una mayoría progresista a cuyos mandos está el jurista próximo al PSOE Cándido Conde-Pumpido.
Moncloa no tiene aún fecha para la investidura. El núcleo duro de Sánchez confía en que sea “cuanto antes”. Él mismo lo repite cuando se le pregunta. El nudo gordiano sigue siendo Junts. Fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario explican que las conversaciones con los de Puigdemont son muy complejas, porque encima de la mesa hay toda una ristra peticiones en forma de retoques legales, borrado de decretos, como el anti fuga de empresas, y otras tantas reclamaciones. Por eso, el presidente no quiere ponerse fecha. Su equipo, además, ve absurdo fijar un día, porque implica ponerse un tope. El único que quiere tener el Gobierno es la fecha legal de disolución de las Cortes, el 27 de noviembre.
En verdad, Sánchez no solo ha buscado el 'sí' de ERC a base de contrapartida directa. También ha llevado a cabo con los republicanos una negociación paralela a la investidura para atar el voto afirmativo en los presupuestos. Lo reconocen fuentes gubernamentales en privado y lo deja caer el propio presidente Sánchez: "Vamos a trabajar para articular en el Congreso una mayoría para la investidura y una de legislatura que de un gobierno de España y estabilidad al país durante los próximos cuatro años para afrontar los retos que se plantean".
En plata, el presidente en funciones busca ser elegido de nuevo con un acuerdo que le permita alumbrar nuevos presupuestos el año que viene. De manera que si lo rocambolesco de la mayoría en la que se sustentaría su gabinete hace saltar todo por los aires, él pueda prorrogar las cuentas para, al menos, permanecer hasta 2026 en Moncloa.
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