El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado abrir la puerta en el Congreso a la reforma del delito de sedición, una de las condiciones de ERC para apoyar los Presupuestos y un compromiso personal del líder socialista en la mesa de diálogo entre la Generalitat catalana y el Gobierno central. La Cámara Baja ha dado luz verde este jueves por con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que registraron el PSOE y Unidas Podemos y que plantea borrar el delito de sedición, castigado ahora con penas de hasta 15 años, e introducir otro de "desórdenes públicos agravados" que rebaja a 5 años el castigo.
Sánchez ha vuelto a defender la medida en el Congreso: "El Ejecutivo y yo mismo manifesté mi voluntad de europeizar y homologar la reforma del código penal a los estándares de las democracias europeas. Tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en 2017. La política tiene instrumentos. Tiene el instrumento del diálogo y del reencuentro. La Constitución cuenta con un instrumento, que es el artículo 155, ante cualquier intento de violentar el orden constitucional y la integridad territorial, como se produjo con la administración del PP en el año 2017".
Eso sí, el presidente ha vuelto a dejar la puerta abierta a retocar también el delito de malversación, el otro castigo por el que los líderes del procés fueron condenados. "Creo que eso ahora corresponde a la tramitación parlamentaria", ha espetado Sánchez, pese a que algunos ministros socialistas y altos cargos de Ferraz insinúan que ERC no exigirá tocar la malversación. De manera que Moncloa, una vez más, achaca al Parlamento cualquier acuerdo en ese sentido. Aunque, por ahora, los republicanos, que siguen negociando sobre la malversación, aún no han presentado propuesta alguna, según confirman tanto el Gobierno como los propios miembros de ERC.
"La culpa fue del PP"
La propuesta de rebaja de la sedición, que supuso la ruptura de las conversaciones entre Moncloa y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, sigue abierta a enmiendas que cambien también la malversación. Mientras, el PSOE prosigue su plan de culpas. Lo llamativo es que los socialistas señalan al PP como responsable de la reforma de la sedición. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, explicó que fue tras la ruptura del pacto con el PP y tras constatar que ERC ya no hablaba de suprimir, sino de europeizar, cuando el Gobierno se lanzó a prepararlo. Eso sí, sin recurrir a su iniciativa legislativa.
Y es que Moncloa recurrió a los grupos parlamentarios que de PSOE y Unidas Podemos para preparar la norma con el objetivo de que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo de Estado se puedan pronunciar en sendos informes no vinculantes pero probablemente críticos. En público, los dirigentes del PSOE temen que los votantes socialistas más reacios a la indulgencia con el independentismo se alejen de sus siglas en las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo "si se sabe explicar" por qué se toca la sedición. Pero el PP se lo dejó claro al Gobierno:
"La derogación de la sedición no es una demanda social, sino una decisión al dictado de Junqueras. Es una medida vergonzante. Si es una medida tan ejemplarizante y europea, ¿por qué no viene el presidente del Gobierno a defenderla? Vía exprés para saltarse los informes del Consejo de Estado. ¿Por qué se han ahorrado los elogios del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado? Pregúntenle a la ministra Robles, si apoya esta reforma", ha espetado la portavoz del PP, Cuca Gamarra. En una línea similar se mostraron el resto de grupos de la oposición.
Aunque, en privado, reconocen que la reforma del delito, tapado por los efectos de la ley del 'solo sí es sí'; los ataques de Vox a Irene Montero y les perjudica, en parte por las críticas dentro del partido. En Ferraz reconocen que el ruido de algunos barones, contrarios a tocar la malversación, obedece a la pulsión interna de los socialistas, que se consideran un partido con capacidad de generar debates internos al margen del criterio de líder. Eso sí, el PSOE 'celebra' que ahora no esté en la agenda la rebaja del delito de malversación.
"Hay debate"
Lo cierto es que "hay debate" sobre la malversación, según concede una fuente conocedora de las negociaciones, por dos motivos. Primero, por el encaje jurídico. Y, segundo, por el encaje comunicativo. En estos momentos no interesa nada en Moncloa recibir el golpe mediático de tocar la malversación vía enmienda a la proposición de la sedición tras la serie de líos en los que se ha metido el Gobierno en los últimos días, desde el 'solo sí es sí' a la salida de la Guardia Civil de Navarra como peaje por el apoyo de Bildu a los Presupuestos. Por eso, el PSOE enfría el tema a la espera de un contexto mejor.
La presión sobre el PSOE es grande. También sobre ERC, que tiene que vender la rebaja del delito en Cataluña, donde se la juega políticamente ahora que está en solitario a los mandos del Ejecutivo autonómico tras la salida de Junts. Cabe recordar que algunos de los principales rostros del procés fueron sentenciados por sedición y malversación en concurso medial. Es decir, que necesariamente tuvieron que cometer el delito de malversación para cometer el de sedición, ya que malversaron fondos de la Generalitat para crear y organizar el operativo del 1-O.
La gran amenaza para la moralidad del Gobierno y, seguramente uno de los motivos por los que intenta enfriar el asunto, es que tocar la malversación afecta a algunos políticos. En concreto a uno del PSOE, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está a punto de entrar en prisión por malversación. Una hipotética reforma de ese delito que facilite la evasión de la condena a Griñán supondría un escándalo político de dimensiones estratosféricas. Y ahora Moncloa lo último que quiere es gasolina que alimente incendios.
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