Pedro Sánchez ha saltado este jueves en el Congreso el enésimo obstáculo de su carrera para permanecer en Moncloa cuatro años más. El presidente del Gobierno ha escapado al Tribunal Constitucional, cuyo pleno ha pospuesto finalmente al próximo lunes su deliberación sobre la idoneidad de la reforma exprés del código penal efectuada por el PSOE y Unidas Podemos y aprobada esta tarde con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención. El PP no ha votado en señal de protesta. Tampoco Ciudadanos.
Esta revisión, además de beneficiar a los independentistas catalanes condenados y pendientes de juicio por el procés, contiene otros dos controvertidos cambios legales -en la ley orgánica del TC y del Poder Judicial- destinados a forzar la renovación del tribunal de garantías con dos magistrados afines al Gobierno, el exministro socialista Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Además, el Ejecutivo despoja al Constitucional de su capacidad para aceptar esos nombramientos y modifica las mayorías que estipulan que la renovación del TC debe hacerse por tercios.
Desde esta tarde, el delito de sedición ya no existe. Ahora hay uno de "desórdenes públicos agravados" con penas más bajas. Tampoco queda rastro ya del delito de malversación tal y como estaba vigente desde 2015. En estos momentos, hay un tipo nuevo de malversación que diferencia si quien lo ha cometido ha obtenido lucro personal o no. Y, de nuevo, con penas más bajas de las estipuladas con anterioridad a la reforma legal. Y todo como contrapartida a ERC en aras de la "desjudicialización" del conflicto, la gran demanda de los republicanos en la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat.
El Gobierno y la oposición coinciden en estar escandalizados
Si uno atiende al sentir tanto del Ejecutivo como de la oposición, España está viviendo momentos de enorme gravedad política e institucional. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario apuntan que el movimiento del Constitucional es "inaudito", de "gravedad extrema" y "no tiene precedentes". Lo mismo, pero a la inversa, rezuman el PP, Vox y Ciudadanos, que incluso han pedido la suspensión del pleno y su consiguiente votación, aunque se han estrellado con la negativa de la presidenta de la Cámara. La socialista Meritxell Batet no estaba por la labor de parar la sesión, porque estaba "convocada en tiempo y forma".
Pero es cierto que no hay precedentes. Nunca el tribunal de garantías había estado a punto de frenar la acción del poder Legislativo. Del mismo modo, nunca el Constitucional se había visto sometido al bombardeo de recursos al que se ha visto sometido por parte de socialistas y morados y que han terminado siendo el pretexto de los magistrados progresistas para retrasar la deliberación y dar vía libre a la votación en el Congreso.
La tensión se ha disparado en el Pleno hasta el punto de que los diputados de Vox se han marchado del hemiciclo cuando Batet no ha parado el pleno. Sí se han quedado populares y naranjas, para avergonzar al PSOE por su 'asalto'. "No deberían iniciarse un debate ni una votación cuando los trámites previos no han terminado de resolver algunas cuestiones que afectan a los derechos de los diputados", ha espetado la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Un "golpe de Estado"
Si algo ha quedado claro esta jornada, es que se ha consumado y frenado a la vez un golpe de Estado. Para el Gobierno y los partidos que lo sustentan, se ha desarticulado a los golpistas del PP, que han usado al TC para impedir la renovación del Constitucional que estipula la Ley de leyes: "Quisieron parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida", ha lanzado desde la tribuna el socialista Felipe Sicilia, presidente de la comisión de Justicia.
El PSOE no ha escatimado en la comparación. Los socialistas han acusado al PP de preparar un golpe para "parar la democracia", como en 1936, y en 1981. La sola mención de las balas en el hemiciclo ha hecho saltar de su escaño a Gamarra, quien ha espetado airadamente a Sicilia que el 23-F, quien ocupaba la bancada del Gobierno era el centro derecha.
Mientras, para Vox, Sánchez ha consumado "un golpe". Los de Santiago Abascal no se apean de su intención de registrar una "ineludible" moción de censura para derribar el "ilegítimo" Ejecutivo de coalición que habita La Moncloa. La propia líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vuelto a pedir a Abascal que no baje los brazos ante el "drama" que, considera, supone que Sánchez actúe igual que el indepentismo catalán en 2017 en el Parlament.
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