Félix Bolaños declarará en el caso Pegasus por escrito. El ministro de Presidencia declinó responder a la proposición del juez instructor de la causa de que compareciera por videoconferencia y éste, entendiéndolo como un "rechazo" a la sugerencia, ha concluido el debate permitiéndole su declaración por escrito. Se trata, como dice, de un "privilegio" que le otorga la Ley, y que le evitaría trasladarse físicamente a la Audiencia Nacional, donde fue citado en calidad de testigo para este martes 5 de julio.
El magistrado José Luis Calama Teixeira cierra el debate abierto en relación a la comparecencia del ministro en esta causa que nació precisamente a raíz de una denuncia interpuesta por la Abogacía General del Estado y que dio a conocer él mismo en una rueda de prensa el pasado 2 de mayo. Entonces Bolaños explicó que el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados con Pegasus y precisó que los servicios jurídicos del Estado ya se habían movilizado para que se investigasen estos hechos.
El magistrado que asumió la causa le citó como testigo para este 5 de julio y éste, acogiéndose al "privilegio procesal" recogido en el artículo 412.2 de la Lecrim, solicitó declarar por escrito. La Ley recoge que están exentos de concurrir a la citación del juez (pero no de declarar) cargos políticos y judiciales como el presidente del Gobierno y los ministros.
Preguntas de Fiscalía y Abogacía
Bolaños se acogió a esta opción, si bien el juez del caso Pegasus le ofreció que, para una mayor interacción, facilitara la posibilidad de comparecer por videoconferencia. Al no contestar a su propuesta en el plazo de tres días otorgado, el magistrado ha concluido que su participación en la causa se hará por escrito, aunque le afea que no haya respondido a su ofrecimiento.
El delito investigado no solo afecta a la intimidad, sino a los intereses generales
"El testigo ha dejado precluir el indicado plazo sin efectuar manifestación alguna al respecto. Tal postura nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma en su decisión de acogimiento al privilegio procesal establecido en el referido artículo 412,2 de la LECrim", indica el auto.
La imposibilidad de escuchar al testigo lleva al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 a pedir a Fiscalía y Abogacía General del Estado a que formulen sus preguntas en un plazo de tres días para remitirlas a Bolaños. El ministro, por su parte, se comprometió en declaraciones a los medios a aportar toda la información relativa a este espionaje con Pegasus que conoció el Ejecutivo a través del CNI.
"Intereses generales"
En otro auto separado, Calama Teixeira declina la petición de la Abogacía General del Estado de que no se permita litigar a ninguna acusación popular. Los servicios jurídicos del Gobierno se negaron a que se autorizase la personación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y dijo que su personación en la causa permitiría su acceso a contenidos de intimidad de todos los perjudicados; esto es, del presidente Pedro Sánchez y de los ministros Robles y Grande Marlaska.
El magistrado descarta la petición y defiende el papel de la acción popular. Según argumenta, aunque ésta no sea esencial en la noción de Estado Democrático de Derecho, la participación de la ciudadanía en la administración de la Justicia mediante la acción popular "es una manifestación del principio democrático".
Del mismo modo explica el magistrado que el delito de revelación de secretos que se investiga en este caso Pegasus no solo afecta a la intimidad de los miembros del Gobierno a los que se les infectó su teléfono móvil, sino también "a los intereses generales". Argumenta, además, que la ley no exige denuncia a las acusaciones cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
"Este precepto convierte en semipública la persecución de estas conductas, salvo cuando las acciones tipificadas por el legislador en los distintos tipos delictivos contra la intimidad tengan una amplia proyección lesiva, como acontece en el presente supuesto en el que se ven afectados "altos organismos de la Nación y forma del Gobierno", expone el juez.
Hasta la fecha el juez ha tomado declaración al funcionario del CNI que elaboró el informe sobre el hackeo con Pegasus al teléfono de Sánchez los días 19 y 31 de mayo de 2021, y también a Paz Esteban. La funcionaria de inteligencia prestó declaración el viernes 3 de junio en relación a estos hechos que tuvieron lugar cuando todavía era la directora general del CNI. Del mismo modo ha solicitado información a la empresa israelí NSO Group, que comercializa con Pegasus, y ha reclamado más documental a los servicios secretos del país.
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