El magistrado del caso Pegasus ha ordenado al CNI que conserve las copias de seguridad que realizó de los móviles de Pedro Sánchez y tres de sus ministros, a quienes se les infectó el móvil con este software israelí. El instructor de la causa exige que se conserve todo este material y se ponga a disposición del juzgado que investiga por revelación de secretos el hackeo de sus teléfonos.
Así lo especifica en un auto de este mismo miércoles en el que apunta que surge la necesidad de "retener y conservar" los instrumentos relacionados con el delito de revelación de secretos que se investiga en este procedimiento. En concreto, el magistrado José Luis Calama Teixeira reclama la información que recopiló el CNI tanto del móvil del presidente del Gobierno como de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.
Informes del CNI sobre Pegasus
"Por consiguiente, procede acordar la conservación, a disposición de este órgano judicial, de todos los volcados de información verificados sobre los terminales telefónicos referenciados, así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos y de los informes de toda clase, sean preliminares, definitivos o de cualquier otro tipo", indica en su auto.
El magistrado, que había citado para este martes como testigo a Félix Bolaños, se ampara en los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN) en relación a los móviles que fueron infectados con Pegasus. Se trata de información que aportó a la Audiencia Nacional la Abogacía General del Estado, ente que denunció inicialmente los hechos para que se investigasen por delito de revelación de secretos.
El CCN hizo un estudio preliminar del móvil de Sánchez, realizó un análisis manual, una copia de seguridad y volcado físico del discoSegún los informes del CNI aportados a la causa
El juez explica ahora que junto con la ampliación de denuncia de los servicios jurídicos del Gobierno se aportaron también cuatro informes del CCN, diferenciados en función de los miembros del Gobierno perjudicados. El primero de ellos, relativo al móvil del presidente Sánchez, indicaba que se hizo "el análisis de su dispositivo móvil para realizar un estudio preliminar" en aras a determinar si se infectó con Pegasus.
El Centro Nacional de Inteligencia llevó a cabo las siguientes acciones: "uso de herramientas para realizar un análisis manual en vivo del dispositivo; extracción de los registros de diagnóstico; realización de copia de seguridad y volcado físico del disco". Esta misma dinámica se aplicó a los móviles de la ministra de Defensa y sus homólogos en Interior y Agricultura.
La declaración de Bolaños
Por ello el juez de la Audiencia Nacional reclama el volcado de todos estos dispositivos para que se ponga a disposición de esta causa. La misma arrancó el pasado mes de mayo tras detectar el CNI que el móvil de Sánchez fue infectado con Pegasus los días 19 y 31 de mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos por la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El volumen de información extraído del móvil fue de 2,6 gigas en la primera intervención y 130 en la segunda.
En el escrito inicial de la Abogacía también se apuntaba a un espionaje al móvil de la ministra de Defensa, a la que le extrajeron nueve megas en junio. Tras admitir a trámite la denuncia y abrir causa por revelación de derechos, la Abogacía presentó una ampliación a tenor del resultado del análisis de los móviles de Planas y Grande-Marlaska, los cuáles también se infectaron con Pegasus.
Causa de interés general
El juez adhirió la documental, declaró la causa secreta y requirió más información al CNI. También acordó dirigirse a la empresa NSO Group, que comercializa con este programa de espionaje, para recabar información de la herramienta. Del mismo modo citó a declarar al funcionario del CNI que elaboró los informes que obran en la causa y también a la entonces directora del ente, Paz Esteban.
Tras ello levantó el secreto de sumario y acordó citar como testigo a Félix Bolaños. El ministro de Presidencia, que fue el que dio a conocer estos hechos en rueda de prensa el 2 de mayo, solicitó declarar por escrito, un privilegio que la Ley recoge para, entre otros, los miembros del Ejecutivo. El magistrado le ofreció la posibilidad de participar por videoconferencia, para fomentar la colaboración con las pesquisas, pero Bolaños no respondió a la oferta.
Este gesto lo entendió el juez como un rechazo a su propuesta, de manera que le mantiene la posibilidad de participar por escrito. Ahora ha dado un plazo a Fiscalía y Abogacía General del Estado para que aporten sus preguntas y, cuando las reciba, redactará el cuestionario que enviará al ministro.
Del mismo modo ha declinado la petición de la Abogacía de no permitir a la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege personarse en la causa porque podrían acceder a contenidos íntimos de los perjudicados. El magistrado denegó la petición explicando que el delito que se investiga no solo afecta a su intimidad, sino también a "intereses generales" y que ese precepto convierte en "semipública la persecución de estas conductas".
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