Un equipo de cuatro abogados del Estado asistieron a la exdirectora del CNI Paz Esteban en su comparecencia ante el juez, en la que evitó aclarar el espionaje con Pegasus al presidente catalán, Pere Aragonès, escudándose en que afecta a información protegida por secretos oficiales.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, durante cerca de una hora compareció ante el juez el pasado viernes la exdirectora del CNI, sin aportar ni un solo dato sobre el espionaje a Aragonès, más allá de la información que figura en los autos del Supremo que avaló el uso de Pegasus en el móvil del president, y que el Gobierno facilitó con fragmentos suprimidos por afectar a informaciones reservadas.
Esteban declaró por videoconferencia desde los juzgados de Madrid, donde la asistían dos letrados de la Abogacía del Estado, a los que se sumaban otros dos que siguieron la comparecencia en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, cuyo titular, Santiago García, investiga la querella de Aragonès por el espionaje a su móvil.
Una comparecencia bronca
En la comparecencia, los abogados del Estado lanzaron una seria advertencia al letrado de Aragonès para atajar cualquier tipo de filtración sobre la declaración de Paz Esteban y le avisaron de que presentarían una querella contra él si facilitaba cualquier tipo de información a los medios sobre el interrogatorio.
En cualquier caso, apenas había contenido que filtrar de la comparecencia de la investigada: a la primera pregunta del juez, se escudó en que no podía facilitar detalles sobre el ataque con Pegasus al teléfono de Aragonès porque afectaba a información reservada protegida por la ley de secretos oficiales, con lo que las partes no pudieron plantear cuestión alguna, incluida su defensa.
Fue una comparecencia bronca, según detallan fuentes conocedoras de la declaración de Paz Esteban, a lo que se sumaron los problemas técnicos en la conexión con los juzgados de Madrid que obligaron a retrasar durante casi dos horas el inicio de la videoconferencia.
Tras la declaración de Esteban, el juez no dispone de más información sobre el espionaje a Aragonès que los fragmentos no suprimidos de los tres autos del Tribunal Supremo que autorizaron el ataque a su móvil con Pegasus y dos prórrogas posteriores en julio y octubre de 2019 y en marzo de 2020.
De acuerdo con la información no censurada de esos autos, el CNI pidió al juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas autorización para atacar el móvil de Aragonès en 2019, cuando era vicepresidente del Govern con Quim Torra como president, aduciendo que sospechaban que coordinaba las acciones de protesta de los CDR desde la clandestinidad.
No obstante, añaden fuentes jurídicas, en los fragmentos visibles de los autos que el Gobierno envió al juez instructor no constan los supuestos indicios de la relación de Aragonès con los CDR que el CNI esgrimió ante el juez del Supremo para convencerlo de que avalara el espionaje con el software Pegasus.
De hecho, el juez instructor había requerido al Consejo de Ministros toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y sobre las "concretas personas" que actuaron en nombre de este organismo en los procesos de encargo, adquisición y recepción del programa, así como su utilización para espiar a Aragonès.
Documentos desclasificados
No obstante, el Consejo de Ministros solo acordó desclasificar la documentación relativa al aval judicial al espionaje y denegó al juez el acceso al resto de información sobre la actuación del CNI, con el argumento de que ello podría poner en peligro la seguridad de los agentes de los servicios secretos.
El día antes de la declaración de Esteban, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recalcó que la actuación del CNI respecto a Aragonès se llevó a cabo con autorización judicial y precisó que los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros eran "todo lo absolutamente esencial" para que la exdirectora de los servicios de inteligencia pudiera contestar a las preguntas que le plantearan.
"¿Saben lo que supone para mí no poder contar cosas que sé porque si las dijese sería un delito?", contestó la ministra a los parlamentarios de ERC que le recriminaron que el CNI no había entregado al juez todo lo solicitado.
Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas.
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