El caso Pegasus se estanca en la Audiencia Nacional. Israel ha ignorado hasta en dos ocasiones la petición de la Justicia española de que se pueda interrogar al CEO de NSO Group, mercantil que comercializa este software de espionaje. La falta de respuesta no solo afecta a las diligencias que se quieren practicar allí sino que ralentiza la causa en España y la aboca a un bloqueo continuo.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que el procedimiento que se inició en mayo pasado a raíz de una denuncia de la Abogacía General del Estado lleva meses en punto muerto pendiente de Israel. Tel Aviv no solo no ha respondido al primer requerimiento lanzado en junio, sino que tampoco se ha pronunciado sobre el recordatorio que se formuló desde la Audiencia Nacional hace apenas unos meses.
Sin su colaboración va a ser especialmente complicado investigar las condiciones en las que infectaron con Pegasus el teléfono de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Tras abrir causa el pasado mes de mayo, el magistrado al frente de la causa, José Luis Calama Teixeira, libró una comisión rogatoria a Israel para que NSO Group remitiera sobre distintos extremos de esta herramienta informática.
En junio, y a la vista de las aportaciones efectuadas por el CNI, amplió la petición para que una comisión judicial encabezada por él mismo se desplazara al país. El objetivo es interrogar al CEO de la firma que comercializa con Pegasus. Sin embargo, Tel Aviv no se pronuncia ni al primer requerimiento ni a un segundo recordatorio que se encargó de tramitar el Ministerio de Justicia.
Ocho meses de parón
El resultado se traduce en un parón en la causa en España ya que se estaba a la espera de lo que aportarse la empresa israelí para avanzar hacia uno u otro sentido. En los primeros meses de causa, el instructor tomó declaración a la exdirectora del CNI Paz Esteban así como a los responsables del ente que elaboraron los informes sobre el espionaje con Pegasus. En su comparecencia Esteban explicó que el control de los dispositivos espiados dependía del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Del mismo modo también dijo que desde el Centro Nacional de Inteligencia se había advertido de la amenaza meses antes y que se avisó al Ejecutivo de que se estaba haciendo uso de este software israelí para pinchar teléfonos en España. En aras a esclarecer los hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 citó a Bolaños y también a los ministros espiados con Pegasus.
Ninguno de ellos compareció de manera presencial en la Audiencia Nacional pese a ser los denunciantes de la causa. Tampoco aceptaron el ofrecimiento del juez de declarar por videoconferencia, sino que se acogieron al privilegio que les otorga la Ley y respondieron a las preguntas de los investigadores por escrito. Los miembros del Gobierno colaboraron con las pesquisas pero de sus declaraciones no se ha podido obtener conclusiones fehacientes para avanzar en la investigación.
La misma arrancó en mayo por presunto delito de revelación de secretos y la asumió la Audiencia Nacional al afectar los hechos a "altos organismos de la nación". El mismo día que la Abogacía presentó denuncia ante este órgano, Félix Bolaños compareció en rueda de prensa para anunciar que los teléfonos de Sánchez y de Margarita Robles habían sido intervenidos en el marco de un "ataque externo".
Bolaños, que se amparó en los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), desveló estos hechos en plena campaña del independentismo catalán por el espionaje del CNI al que fueron sometidos altos cargos de la Generalitat, entre ellos su presidente Pere Aragonés.
Las primeras pesquisas practicadas en la Audiencia Nacional pusieron de manifiesto que el móvil de Sánchez se infectó con Pegasus apenas 48 horas después de la avalancha en Ceuta, fruto de la crisis diplomática abierta entonces con Marruecos. En concreto, se espió el móvil del presidente del Gobierno los días 19 y 31 de mayo y se le extrajo más de 2,6 gigas de volumen de información. A Robles, por su parte, apenas 9 megas.
Conservar las copias del CNI
Con todo, con el avance de las pesquisas la investigación se amplió también al ministro del Interior y al de Agricultura. Ante este escenario, el magistrado ordenó al CNI que conservara las copias de seguridad que realizó en su momento de los teléfonos hackeados y que pusiera dicho material a disposición del juzgado que dirige.
A partir de aquí era determinante la respuesta de Israel para seguir profundizando en los hechos, así como en el agujero de seguridad que provocó el espionaje del teléfono del presidente del Gobierno. Sin embargo, Israel se niega a responder a los requerimientos de la Audiencia Nacional y ni la mediación de Justicia está posibilitando un avance este sentido.
Así pues, sin la posibilidad de interrogar al CEO de la empresa dueña de este spyware es especialmente complicado avanzar hacia ninguna dirección. La única posibilidad que tiene ahora sobre la mesa la Audiencia Nacional es la de volver a recordar los extremos de la comisión rogatoria librada el año pasado en aras a lograr luz verde para que los investigadores puedan trasladarse a Tel Aviv e indagar más acerca de las características de Pegasus.
En paralelo a la causa judicial, en el Congreso de los Diputados todavía colea el asunto relativo a Pegasus. Hace apenas una semana Moncloa aseguró por escrito que cuenta con los medios necesarios para protegerse ante un hipotético espionaje de Pegasus. El Gobierno respondió de esta forma a la pregunta registrada por el PP que interpelaba directamente sobre un "presunto espionaje de Marruecos".
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