El magistrado al frente del caso Pegasus, José Luis Calama Teixeira, ha remitido a Félix Bolaños el cuestionario de preguntas que debe responder tras ser citado en la causa como testigo. El instructor, que ha remitido el documento al ministro de Presidencia en un sobre cerrado, le da un plazo máximo de tres días para que cumpla con la diligencia y la remita a la Audiencia Nacional.
Además, el instructor del caso requiere al Centro Criptológico Nacional (CNN) para que traslade en el plazo de siete días los informes del análisis de los teléfonos del presidente del Gobierno y tres de sus ministros que fueron espiados con el software Pegasus. El juez toma esta decisión una semana después de ordenar al CNI que conservara el material volcado de todos estos móviles para su estudio judicial.
De esta forma el juzgado recabará toda la documental sobre el análisis que el CNI hizo de los teléfonos de Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura. El objetivo es aglutinar todas las pruebas posibles que den pistas sobre la infección de los teléfonos que se produjo entre los meses de mayo y junio del año pasado.
Tres días para Bolaños
Del mismo modo ha remitido al ministro Bolaños un sobre cerrado con los asuntos que debe responder tras su citación como testigo en la causa. El sobre incluye las cuestiones formuladas por el magistrado y también por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. "Las preguntas se deberán contestar en el plazo de tres días, debiendo remitirse a este juzgado una vez se haya cumplido este trámite. Analizas las respuestas se abrirá plazo para poder formular nuevas preguntas", reza el auto.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 abre la puerta de esta forma a que se pueda repreguntar en relación a las cuestiones que responda Bolaños. El magistrado le citó para el pasado 5 de junio en la causa para que se pronuncie sobre el conocimiento que tiene del espionaje con Pegasus. El ministro respondió a la citación acogiéndose a la posibilidad que le brinda la Ley de declarar por escrito.
El magistrado accedió pero le ofreció participar por videoconferencia para facilitar el trámite. El ministro no respondió a la propuesta en un gesto que el juez entendió como una negativa. Por ello resolvió el asunto permitiéndole acogerse a este "privilegio" y se dirigió a Fiscalía y a la Abogacía General del Estado para que remitieran las preguntas que le quieren efectuar.
Infección con Pegasus
En paralelo, el magistrado sigue recabando documental para esclarecer la presunta comisión del delito de revelación de secretos con el espionaje. La semana pasada ofició al CNI para que conservase todo el contenido de los móviles analizado en este tiempo. Los servicios secretos informaron a la Audiencia Nacional que las infecciones con Pegasus en el caso del presidente del Gobierno se produjeron los días 19 y 31 de mayo del año pasado, en plena crisis diplomática con Marruecos.
En su denuncia inicial, la Abogacía General del Estado también informó de la infección con esta herramienta al móvil de Margarita Sánchez. Con todo, los servicios jurídicos del Estado ampliaron su escrito incluyendo también los terminales de Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas.
En los informes preliminares remitidos por el CNI se informó de que se hizo un estudio preliminar para detectar la infección de Pegasus, se extrajeron los registros del diagnóstico y se realizaron copias de seguridad de todos los dispositivos. Además especificaron que, en el caso del terminal de Planas, se empleó MVT1, una herramienta que desarrolló Amnistía Internacional para averiguar si estaban investigando a activistas y defensores de Derechos Humanos con esta herramienta.
Además de recabar esta documentación, el juez también ha tomado declaración en calidad de testigos al funcionario del CNI que elaboró estos informes así como a su anterior directora, Paz Esteban. Del mismo modo ya ha dado luz verde a la personación en la causa de dos acusaciones populares: la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y también Apedanica. La Abogacía se opone a ello pero el juez sostiene que se investigan hechos que afectan a los intereses generales y, por tanto, su naturaleza pública es "indiscutible".
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación