La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -comúnmente conocida con el nombre de Ley Mordaza- está en peligro. Fuentes de Unidas Podemos manifiestan su malestar con el PSOE por rechazar cuatro puntos de su propuesta, incluida la prohibición del uso de pelotas de goma: "Estaríamos hablando de uno de los mayores fracasos políticos de toda la legislatura y no hay excusa que valga", indican desde la formación morada, en víspera de la Comisión de Interior de este martes en la que se votará el dictamen.
En concreto, Unidas Podemos critica la "absoluta negativa" del PSOE a negociar cuatro puntos pendientes de acuerdo: "Desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma y devoluciones en caliente". Esa fisura entre los socios de Gobierno abocaría "al fracaso" la reforma de la ley, indican fuentes de este partido.
"Nos preocupa doblemente la aparente intencionalidad del PSOE para que la derogación caiga: el PSOE es perfectamente consciente de que, ahora mismo, la derogación no tiene mayoría parlamentaria y, en vez de retrasar la comisión para que de tiempo a negociar, ha decidido precipitarla para forzar la caída", apuntan estas mismas fuentes.
Estas diferencias se manifiestan en un momento crítico, teniendo en cuenta que a primera hora de este martes se reúne la Comisión de Interior en la que se votará el dictamen surgido de la ponencia sobre la reforma de la Ley Mordaza. Otros partidos políticos que habitualmente apoyan al Ejecutivo en sus decisiones, como ERC o EH Bildu, ya habían manifestado sus discrepancias sobre el proyecto.
Malestar policial
La decisión de reformar la Ley Mordaza había provocado, a su vez, un hondo molestar en el seno de la Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos municipales o autonómicos, al entender que limitaba su capacidad de actuación ante desórdenes públicos.
Uno de los puntos que criticaban los agentes era la posibilidad de celebrar concentraciones sin previo aviso, considerando que eso abría las puertas a manifestaciones sin el adecuado dispositivo policial. Asimismo, los agentes acusaban al Gobierno de permitir, con la reforma de la ley, la difusión de imágenes de los uniformados durante sus intervenciones en las que se les pudiera identificar.
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