La semana para José Luis Escrivá no ha sido sencilla después de que anunciase el sistema de verificación para acceder a contenidos para adultos. Una iniciativa que permite dar treinta verificaciones a personas mayores de dieciocho para que puedan ver este tipo de contenido y evitar así que los menores puedan consumirlo.
La medida, además de ineficaz -no restringiría el acceso a webs de contenido pornográfico internacionales, que son, de forma aplastante, las más visitadas en España- sería fácilmente eludible a través de una VPN -acceder a internet como si estuvieses en otro país-, según fuentes consultadas por este periódico. Pero además, representa dilemas morales con difícil respuesta: ¿hasta qué punto un Gobierno debe restringir el libre uso de internet a personas adultas?
El sociólogo Jesús Javier Sánchez Barricarte considera esta medida como una restricción de la libertad. "Todo gobierno estatista/intervencionista, sea de izquierdas o de derechas, lleva en su ADN su obsesión por el control social", apunta. Además esgrime que este perfil de ejecutivo "siempre justifica su intervencionismo con una causa noble y grandilocuente: la protección del medioambiente, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza, la paz en el mundo, la salud de los ciudadanos, la lucha contra la criminalidad y contra las “fake news”… o, como en este caso, la protección de los menores del consumo pornográfico".
Sánchez Barricarte argumenta que medidas como esta se utilizan "para limitar las libertades individuales de los ciudadanos mediante mandatos coactivos que se manifiestan en prohibiciones y en subidas de impuestos que expropian los recursos ganados limpiamente por los trabajadores". Unos mandatos que, según el grado de intervencionismo, provocan que los gobiernos deriven "en sistemas autoritarios o totalitarios".
Este sociólogo defiende que "sería mucho más sencillo y efectivo que los padres de los menores instalaran en los teléfonos y ordenadores de sus hijos dispositivos que bloquearan las visitas a páginas de contenido adulto, unas medidas de control parental ya existen desde hace muchos años". Fuentes en ciberseguridad consultadas señalan que ya hay multitud sistemas eficaces para evitar que los jóvenes consuman pornografía a edades tempranas. El más destacado es el control parental, que existe desde hace décadas: en España, uno de los primeros en desarrollarlo fue Telefónica con su 'Canguro Net', que cerró en 2020 para dar paso a Qustodio Premium, un servicio más eficaz a la hora de controlar la navegación de los menores.
Además, los propios dispositivos de hoy en día permiten a los padres limitar el acceso a ciertas webs en su configuración, menús que están protegidos con contraseña para que los menores no puedan eliminar las restricciones. Por lo tanto, no es necesario restringir el acceso a los adultos, ya que la pornografía podría ser limitada para los menores a través de la educación y el control parental de manera individual. "Libertad es progreso, coacción estatal es miseria económica y totalitarismo político", sentencia Sánchez Barricarte.
Fuentes de ciberseguridad consultadas defienden que "el precio a pagar" por proteger a los niños es muy alto, ya que al existir un registro por DNI o Clave PIN a la hora de acceder de manera limitada a contenido pornográfico, se crea una base de datos muy jugosa.
"Saber el DNI de quien consume contenido para adultos y cuántas veces solicita el acceso puede convertirse en una herramienta ideal para extorsionadores sexuales", apunta. "O nos pagas 3.000 euros o le contamos a tu mujer que has solicitado consumir pornografía veinte veces el mes pasado", utiliza esta fuente como ejemplo.
El sociólogo vaticina que estas normas coactivas "normalmente producen unos efectos sociales que suelen ser justo los contrarios de aquellos que se pretendía lograr". En el caso de la pornografía, podría provocar un mayor morbo por consumirla debido a su prohibición. Sánchez Barricarte cree que el sistema de verificación de edad "supone un claro control de la intimidad de los adultos". "De la misma manera que los gobiernos estatistas/intervencionistas quieren controlar en qué nos gastamos el dinero, ahora quieren saber qué páginas web visitamos", apunta.