Francisco Nicolás debía 10.000 euros a Manos Limpias, según el informe de “estafas y otros delitos” de la ‘Operación Nicolay’. Según este informe, el joven Francisco Nicolás había acumulado en los últimos años una deuda de 830.000 euros, entre las que se encontraba la que tenía con la organización que lideraba Miguel Bernad.
Fuentes que conocen el caso señalan que esa deuda podría tener su origen en un adelanto que Bernad le habría entregado a Nicolás para que hiciera unas gestiones cerca de la vicepresidenta del Gobierno.
Bernad estaba en esos meses enfrascado en varios asuntos, entre ellos las gestiones para levantar la acusación en el caso Nóos que se seguía contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Los colaboradores cercanos a Miguel Bernad desconocían esta deuda de 10.000 euros y también desconocían las gestiones que hacía el secretario de este grupo sobre el caso Nóos.
Algunos abogados que trabajaron para la organización han presentado en las últimas semanas una demanda para exigir que se les pague sus honorarios y para aclarar dónde está la herencia de 300.689 euros que recibió Manos Limpias en el año 2013.
Fuentes de estos letrados indicaron que la deuda, entre abogados y procuradores, podría superar los 50.000 euros. No entienden que se pagara a Virginia López Negrete y no a ellos.
El sindicato y el letrado Ángel Alonso fueron declarados albaceas tras el fallecimiento de Eduardo Cuadros Cuesta, un franquista que apoyaba el trabajo del sindicato. El secretario de Manos Limpias dijo en declaraciones a varios medios que el dinero de la herencia había servido para hacer frente a los gastos del caso Nóos, incluidos los honorarios de la abogada Virginia López Negrete.
Posteriormente, Bernad desmintió que el dinero se hubiera gastado en pagar a la abogada que llevaba la acusación del caso Nóos.
Condena en Asturias
Por otra parte, el que fuera presidente de Manos Limpias en Asturias, José Alfredo García Fernández del Viso, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés por un delito de denuncia falsa y otro de calumnias.
La condena se debe a las acusaciones vertidas contra tres de los funcionarios del Ayuntamiento de Castrillón, en concreto sobre el interventor, la secretaria y el jefe de la administración general.
El acusado cometió los hechos a sabiendas de su falsedad y con el ánimo de difamar a los tres funcionarios"
Según informó recientemente El Comercio, García Fernández del Viso “habría vertido varias acusaciones en las que se les acusaba de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en los que también se acusaba a la exalcaldesa, Ángela Vallina”.
El juzgado insiste en que "el acusado cometió los hechos a sabiendas de su falsedad y con el ánimo de difamar a los tres funcionarios".
“El acusado –señala el diario- hará frente a una multa de nueve meses, que ascienden a 1.080 euros, y deberá indemnizar a los tres funcionarios con 4.000 euros a cada uno de ellos, en total 12.000 euros que pagará de manera fraccionada en tres plazos”.
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