El CGPJ ha asistido con perplejidad y cierta resignación al último intento fallido entre el Gobierno y el PP para sellar su tan ansiada renovación. Algunos vocales del Consejo consultados por este medio han mostrado su sorpresa por el estallido del acuerdo en el último momento, mientras que otros defienden que el escenario, lejos de ser novedoso, se ha repetido hasta en tres ocasiones anteriores desde 2018.
Esta vez, la reforma del Código Penal para rebajar las penas de prisión del delito de sedición terminó por dinamitar el jueves un acuerdo que a primera hora del día parecía una realidad. La decisión del PP de suspender las negociaciones volvió a preocupar en el Consejo General del Poder Judicial, donde los 18 vocales que siguen al frente (incluido su presidente interino) ansiaban la concreción del pacto.
El nuevo bloqueo vuelve a poner el foco irremediablemente en dos asuntos clave: la renovación del Tribunal Constitucional y las vacantes pendientes de nombrar en la cúpula del Poder Judicial. En relación al primero de los asuntos, voces del CGPJ consultadas por Vozpópuli explican que ahora se volverán a retomar donde se quedaron. Tal y como informó este medio, el deshielo entre PP y PSOE tras la dimisión de Carlos Lesmes propició que la renovación del tribunal de garantías se dejara de lado, a la espera de que fuera el nuevo Consejo en el que nombrase a sus dos candidatos.
Renovación pendiente del TC
Ahora, los equipos negociadores del bloque progresista y conservador reanudarán las negociaciones para designar a sus candidatos, tal y como propone la Ley. En este sentido cabe recordar que el sector más progresista anunció tras el último encuentro que, ante la falta de acuerdo inmediato con los conservadores, explorarían "vías alternativas" para sellar un acuerdo inmediato. Las mismas pasaban por intentar lograría una mayoría de mínimos para cumplir con la Ley.
Sin embargo, la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo hizo que este asunto pasara a segundo plazo. Su salida, que se produjo precisamente por la imposibilidad de que PP y PSOE se sentaran a negociar, abrió la puerta a que los partidos volvieran a retomar con urgencia las conversaciones. La visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, también inclinó la balanza.
En la actualidad hay 68 plazas pendientes de nombrar en la cúpula del Poder Judicial, 17 de las cuáles pertenecen al Tribunal Supremo
En estas semanas los dos principales partidos acercaron posturas y fueron consensuando puntos de acuerdo como la prohibición legal de que los jueces que participan en política no vuelvan a la carrera en un periodo considerable de tiempo. Las negociaciones entre Félix Bolaños y Esteban González Pons estaban finiquitadas a falta de una llamada entre Sánchez y Feijóo. La misma se produjo este jueves, pero no se centró en la renovación del Poder Judicial, sino en la reforma del delito de sedición, un compromiso adquirido desde el Gobierno con las formaciones independentistas. El resultado fue un nuevo fracaso en las negociaciones.
68 vacantes en el Poder Judicial
Ante este escenario se plantean en el CGPJ la necesidad de dar solución al colapso actual. A día de hoy hay 68 vacantes pendientes de renovar en la cúpula del Poder Judicial. 17 de ellas pertenecen al Tribunal Supremo (en diciembre serán 18), mientras que 50 restantes lo son de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia y la última pertenece a la Audiencia Nacional.
El CGPJ tiene impedido efectuar los nombramientos necesarios tras la reforma legal que impulsó el Gobierno. Por ese motivo, seguirán sin poder cubrir las vacantes. No obstante, continuarán aplicando sus planes alternativos en estos entes para evitar el bloqueo de la Justicia. Así, seguirán apostando por jueces suplentes en aquellos órganos donde más se necesite y por planes de refuerzo necesarios, si bien estos últimos son más difíciles de sacar adelante porque precisan de una mayor dotación económica que debe aprobar el Ministerio de Justicia.
Dos Salas al borde del colapso
Con todo, el Tribunal Supremo es el peor parado porque no se han aplicado estas medidas entre las vacantes del alto tribunal, A día de hoy opera con cerca del 25% de su plantilla de jueces sin cubrir. Las Salas que más acusan la crisis son la de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social, en la que recientemente se ha jubilado su presidenta, María Luisa Segoviano. Esta última, de hecho, debería estar integrada por 13 miembros; sin embargo, con la salida de la presidenta y la reciente jubilación del magistrado Ricardo Bodas, queda reducida a un total de 8.
Lo mismo ocurre en la Sala de lo Contencioso, encargada de estudiar los recursos contra disposiciones del Consejo de Ministros o del CGPJ, entre muchos otros. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ya advirtió en enero y reiteró en abril que la situación en esta Sala Tercera es límite.
Por ello volvieron a solicitar al Ministerio de Justicia una salida real al problema ya que tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez suma 10 vacantes. En la actualidad hay el número justo de magistrados para que se cumpla el mínimo legal para constituir sus cinco secciones ya que cada una debe contar, al menos, con cinco de ellos. A todo ello se añade la problemática con el Tribunal Militar Central, cuyo último miembro en activo pasa a la reserva en diciembre.
Todo ello dotaba de especial urgencia un acuerdo político que, como ya ocurriera en otras ocasiones, ha fracasado en el último momento. De hecho, esta situación se vivió en 2018, 2020 y 2021. En el primero de los casos los dos partidos tenían cerrado el acuerdo e incluso sonaba el nombre de Manuel Marchena como sustituto de Lesmes. La filtración en prensa de un Whatspp de Ignacio Cosidó jactándose de que controlarían la Sala de lo Penal en plena deriva independentista hizo saltar por los aires el pacto.
Crisis en el Poder Judicial
Lo mismo ocurrió en 2020, cuando las críticas de Podemos a Juan Carlos I y al Tribunal Supremo de nuevo propiciaron la ruptura. Al enfrentamiento por el veto de vocales propuestos por uno y otro bando se sumó en 2021 una antigua reivindicación de varias asociaciones de jueces que ha terminado por hacer suya el PP: que los jueces los elijan sus pares y no el Congreso y el Senado como estipula la Ley.
A diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez la ruptura se produce con un CGPJ especialmente tocado, tras la salida de Carlos Lesmes. De hecho, la crisis del Poder Judicial se agrava más si cabe con el recurso que interpuso un vocal y el secretario del Consejo contra la designación de Rafael Mozo como sustituto de Lesmes. Consideran que no se ajusta a la legalidad y que se debe mantener el esquema de una misma figura como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. El asunto está pendiente de resolución en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
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