El guiño de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a los independentistas permitiendo el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso supondrá mermar las arcas para fondos extraordinarios de la Cámara, según ha sabido este diario. La intención de la Mesa, controlada por el PSOE y Sumar, es iniciar sendos contratos públicos de traducción por pleno, de manera similar al Senado, hasta que la proposición de reforma del reglamento de la Cámara fije un sistema de interpretación estable con vistas al estreno de los 'nuevos' escaños, que en enero incorporarán una nueva pantalla con más funciones. El problema es que aún no está detallado el coste total de los servicios, aunque las fuentes consultadas aseguran que será menor.
La Mesa del Congreso considera que la 'doctrina Armengol', en referencia a la permisividad de la presidenta con el empleo del catalán, del euskera y del gallego, es el armamento jurídico que ampara la traducción en la Cámara Baja antes de la reforma del reglamento. La intención es blindar así la traducción de los plenos del martes, del jueves y los de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, los próximos 26 y 27 de septiembre. Más adelante, será la proposición de reforma del reglamento la que esclarezca todos los detalles del plurilingüismo en el Congreso. Es decir, se trata de dos cauces legales diferentes que la Mesa considera constitucionales pese a las protestas del PP.
Y es que se deberán implementar servicios de traducción en numerosos procesos legislativos, como en las comisiones parlamentarias y en el registro de la Cámara, ya que cabe prever que los diputados de los grupos bilingües presentarán sus iniciativas en sus respectivos idiomas cooficiales. Estas interpretaciones, además, deberán estar verificadas, puesto que la rigurosidad en el lenguaje es clave para que no haya errores a la hora de entender un texto legislativo.
Los pinganillos de Zelensky
Para más inri, el Congreso carece entre su personal de un cuerpo de traductores. Ese es el motivo por el que en el arranque del sistema, la Cámara Baja recurrirá al equipo que ya se utiliza en el Senado. Y, además, con el sistema de auriculares que ya se utilizó durante la intervención del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, el verano pasado ante el pleno del Congreso.
En caso de que algún diputado opte por expresarse en una lengua diferente a las cooficiales en España, como el bable, el aragonés y el aranés -cooficial en Cataluña-, este tendrá que autotraducirse. El problema está servido, porque verán reducido su tiempo de parlamento ante sus colegas diputados. Los letrados del Congreso, no obstante, ya han avisado de que a corto plazo resulta "muy difícil" aplicar el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria, ya que la reforma que se plantea para esta implantación afecta al "entero funcionamiento de la Cámara". Pero fuentes de la Mesa recuerdan que todo eso se verá en el proceso de reforma del reglamento, que abre una ventana de seis meses y la posibilidad de introducir disposiciones transitorias.
Pero poco importa para la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que las prisas puedan meterla en un marrón jurídico: "Una vez confirmada la voluntad de los grupos para implantar de las lenguas cooficiales en el Congreso, la Mesa ha acordado que se puedan usar ya desde el pleno del 19, cumpliendo así con el compromiso de que toda la ciudadanía pueda verse mejor representada en la Cámara Baja", zanja su entorno.
La Mesa: "Será similar al Senado"
La Mesa se escuda en que el proceso tendrá "sistemas similares a los que ya funcionan en el Senado desde hace años". En el Senado, tal y como explican fuentes del Cámara Alta citadas por Newtral hay una lista de 25 traductores e intérpretes a los que recurre para la traducción de las iniciativas en lenguas cooficiales en base el acuerdo de la Mesa de la Cámara del 12 de julio de 2005.
Y para cada sesión se necesitan siete de estos profesionales. El presupuesto en traductores para este 2023 ha sido, según este medio, de 280.000 euros, aunque el Senado especifica que la cifra gastada será inferior debido a la nueva legislatura y a la falta de actividad en el parlamento.
Cabe recordar que el Congreso introdujo ya una doctrina 'Batet'. La expresidenta de la Cámara no prohibió de forma taxativa el uso de las lenguas cooficiales, sino que midió los tiempos. De forma que pudieran expresarse en ellas alrededor de un 20% del total de su intervención
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