Uno de los detenidos después de que la Policía irrumpiese en un domicilio tras derribar la puerta en plena noche alega un contrato de alquiler como residente en esa casa de un año de duración. De este modo desmiente que se trate de un “piso turístico” como ha dicho el Gobierno y el Ministerio del Interior para avalar la actuación de los agentes. El suceso ha generado el reproche tanto de sindicatos policiales como de expertos juristas, al considerar excesivo este proceder calificado hace años como patada en la puerta.
Vozpópuli ha recabado la versión de todas las partes implicadas en este suceso. La casa del joven que dice tener un contrato de alquiler está situada en la calle de Lagasca, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital. Él es un joven de 26 años nacido en Reino Unido. Alega un documento contractual al que ha tenido acceso este periódico fechado el viernes 22 de enero. Consta de diez folios y “se destina exclusivamente a vivienda del arrendatario y para la permanente ocupación de él”.
El coste son 1.650 euros mensuales a abonar durante los primeros cinco días de cada mes en una cuenta de Ibercaja. Además de una fianza de 3.300 euros, el arrendador le impone la prohibición bajo riesgo de rescisión del contrato "el subarriendo parcial y/o total de la vivienda" y le insta a informarle si entrase alguien más a vivir con él. “El plazo de duración del presente contrato se establece por un período de un año, desde el 1 de Febrero del 2021 al 1 de Febrero del 2022”, dice.
Las propiedades informáticas del documento -los metadatos- ubican su creación el martes 19 de enero. El joven británico que figura como arrendatario es uno de los nueve detenidos que estaban en la casa cuando la Policía irrumpió a las 00.50 horas de la noche tirando la puerta abajo para disolver la “fiesta ilegal”. Vozpópuli ha preguntado a vecinos del edificio y acreditan que esa persona lleva semanas viviendo ahí, incluso saben de sus horarios habituales de entrada y salida. Confirman que no era la primera vez que se escuchaba ruido y celebraba fiestas.
La puerta de la casa afectada está cerrada pero este martes todavía presentaba signos de los golpes de la Policía Nacional para derribarla como ha podido atestiguar presencialmente este periódico. Ya se había retirado el precinto que colocó la Policía después de llevarse detenido al inquilino y a ocho personas más de un total de 14 invitados a la fiesta en la que había hasta siete nacionalidades diferentes, según el atestado adelantado por Vozpópuli el sábado.
La tesis de Gobierno
A pesar de este contrato de alquiler, el Gobierno sostiene que “no se trataba de una morada, sino de un inmueble turístico al que se estaba dando uso para la realización de una fiesta, contraviniendo la actual normativa sanitaria”. Así lo ha justificado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al ser preguntada si tenían previsto expedientar al agente que tomó la decisión de derribar la puerta. Se basaba en los datos facilitados por Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska difundió horas antes la misma tesis: “El piso al que acceden los agentes no constituiría morada”.
Pese a que la ministra portavoz se ha referido a un caso en particular, fueron dos, durante dos noches seguidas -entre el 21 y el 22 de marzo- y en dos domicilios diferentes. En ambos casos coincide la participación de los mismos tres agentes de la Policía Nacional. En la casa del joven inglés, derribaron la puerta con un ariete al estar echada la cerradura. En la segunda casa, ubicada en la calle Velázquez de Madrid, bastó con el método del resbalón para acceder en los domicilios sin una orden judicial previa. Sobre este segundo escenario el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha absuelto al dueño de la vivienda del delito de desobediencia del que había sido acusado.
Según los atestados policiales a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el argumento que esgrimen es que los jóvenes cometieron un delito de desobediencia grave al negarse a ser identificados. A su entender eso justifica su detención en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, tachada en su día como la Ley Mordaza por el PSOE, que se comprometió a derogarla al llegar al Gobierno. La actuación en la casa de la calle de Lagasca se viralizó en las redes sociales porque una de las asistentes a la fiesta ilegal grabó el suceso con el móvil desde el interior de la vivienda.
Según los vecinos del inmueble, la Policía preguntó si se trataba de un piso turístico, pero los agentes recibieron la información de que un joven residía ahí desde hacía semanas. Sin embargo, en su atestado incluyeron la siguiente expresión: “La Ley de Protección de Seguridad Ciudadana autoriza a los agentes a identificar a las personas cuando existan indicios de infracción contra las mismas y cualquiera que sea el lugar donde se hubiera hecho el requerimiento, en este caso un piso turístico”.
La propiedad del inmueble
En el mismo atestado de la intervención en la calle Lagasca, los agentes admiten que no han sido capaces de localizar al dueño del inmueble. Le identifican con nombre y apellidos y figuran varios teléfonos vinculados a él. En este punto, todo es confuso. Se trata de un ciudadano mexicano que ha rechazado hacer declaraciones a este periódico. Su nombre aparece en Internet relacionado a una empresa que se presenta como “especializada en la compra, venta, reforma y alquiler de apartamentos de lujo en zonas premium de Madrid”.
Sin embargo, en sus oficinas, ubicadas en la exclusiva calle de Serrano de Madrid, sus empleados, también mexicanos, afirman ser tan solo un despacho de abogados antes de cerrar corriendo la puerta de un portazo. En el documento contractual al que ha tenido acceso Vozpópuli no se hace alusión alguna a esta empresa sino a otra con sede en Zaragoza (donde está fechado el contrato). Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con esta otra otra sociedad. A través del abogado del joven inglés, esa empresa afirma ser la dueña, que el piso no es turístico y que no guardan relación con el empresario mexicano que figura en el atestado.
Tal y como destacó El País, los policías también apelaron a un oficio interno emitido el pasado 16 de marzo para justificar su actuación. Sin embargo, ese documento, que no llega a dos folios de extensión, se limita a recordar la obligación de hacer cumplir las restricciones con motivo del covid como la prohibición de reuniones en domicilios de no convivientes. El propio Ejecutivo ha negado la existencia de órdenes expresas para derribar la puerta de un domicilio, si bien ha defendido la actuación de estos agentes alegando que actuaron en un piso turístico.
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