“No es la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad de los medios”. Esta ha sido una de las frases que ha dejado en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando ha anunciado esta semana que quiere controlar a qué cabeceras se les da publicidad y a cuáles no y que les repartirá 100 millones de euros, pero solo a algunas de ellas y bajo ciertas condiciones. Lo hará, según ha comunicado, a través de una ley que tiene como objetivo “combatir las injerencias políticas” en estas publicaciones y “proteger a los periodistas y a sus fuentes”, todo ello en pro de la pluralidad informativa, según ha indicado.
El llamado "Plan de Regeneración Democrática" se tratará de la primera ley de la Democracia con la que el Gobierno pondría límite a los contenidos de la prensa, coincidiendo justo con el momento en el que comienzan a publicarse informaciones sobre la mujer y el hermano del presidente.
La necesidad de esta regulación la ha achacado Sánchez, no a un capricho personal y autocrático, sino al “cumplimiento” del Reglamento de Libertad de Medios que aprobó el Parlamento Europeo hace unos meses, un documento que pretende responder "a la creciente preocupación” que hay en la UE por la “politización” que sufren algunos medios de comunicación —según se desprende de su contenido—. Este es el pretexto que utilizará el jefe del Ejecutivo para obligar a los periodistas a hacer público ante sus lectores quiénes son los accionistas de los periódicos en los que trabajan y quiénes los financian.
La duda que surge en España dentro de la industria de la información es evidente: cuáles van a ser los medios que van a encontrar la gracia del Estado a la hora de dotarles con ingresos por publicidad y cuáles comenzarán a encontrar trabas para llevar a cabo su libertad de expresión e información. Sánchez ya ha ido dando pistas: los digitales serán los primeros a los que ponga en la diana, sobre todo si han revelado informaciones sobre los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias de su mujer, la empresaria y catedrática de la Universidad Complutense Begoña Gómez.
Los países de nuestro entorno no han aplicado el Reglamento del modo que pretende Sánchez
La UE considera que en algunos países del este de Europa la libertad de prensa está en peligro. motivo por el que se ha aprobado el Reglamento de Libertad de Medios. Estas amenazas llegarían, según el profesor de Derecho de la Información de la Universitad Abat Oliba CEU, José Manuel Silva, principalmente de gobiernos extranjeros y no tanto del sector privado: "El reglamento lo hacen pensando en que los medios no reciban fondos de estados ajenos a la Unión, no tanto para controlarnos dentro de las fronteras europeas", asegura a Vozpópuli.
En los países del entorno, sin embargo, no se han aplicado medidas como la que Sánchez ha anunciado para España, a pesar de que se rigen por los mismos reglamentos europeos que nuestro país: "Yo conozco las legislaciones italiana, alemana y francesa, que serían las referentes, y allí claramente proclaman la libertad de prensa, sin barreras", afirma el profesor José Manuel Silva.
"Donde sí hay normativas de regulación es en el ámbito audiovisual", aclara Silva, periodista y abogado: "Cuando apareció Internet, nacieron sectores donde sí se tuvo que regular, pero en el ámbito de la prensa, hasta ahora, no ha ocurrido en los países de nuestro entorno". En España, por su parte, no existe una ley de prensa desde la de Fraga de 1968, "que quedó derogada con la llegada de la Constitución".
El Reglamento de Libertad de Medios está publicado en el boletín de la Unión Europea desde el 17 de abril de este año, aunque no tiene por qué aplicarse hasta agosto de 2025, y se trata de un documento menos preciso que una ley estatal, pero al que no se puede contradecir en ninguno de los países de la UE a través de otras leyes.
El Gobierno controlará por ley la publicidad que contraten todas las administraciones públicas
A partir de ahora, la publicidad institucional vendrá repartida, en parte, según sean las audiencias de cada medio, las cuales deberán ser públicas. La elección del sistema que mida a cuántos ciudadanos llega cada medio no será un asunto menor, ya que al fin y al cabo lo que Sánchez pretende es “limitar la financiación” —según sus propias palabras— de algunas empresas editoriales, y será ese método el que decida cuáles reciben dinero y cuáles no.
Según Pedro Sánchez, el Gobierno pretende encontrar “medidas” que “protejan” a los profesionales de los medios de “las presiones del ámbito político y empresarial”, ya que “sin medios libres no hay democracia”. Esto, a su vez, serviría para acabar con los “bulos” y “garantizar una información veraz” que cumpla la Constitución, según la lógica que ha empleado el presidente desde la tribuna, desde donde ha llegado a ligar las “noticias falsas” de los “pseudomedios” al “auge de la ultraderecha”, ya que “alguien las fabrica porque tiene un interés”, ha afirmado.
En la misma línea, el presidente ha prometido una ayuda de 100 millones de euros para la “digitalización” de los medios que lo necesiten, por lo que también será de sumo interés por parte del sector conocer los detalles de este anuncio. Se tratan de ayudas de los fondos Next Generation que debían otorgarse de todos modos, si bien ahora se fija que su destino será la prensa. Queda por saber qué medios recibirán estas cantidades y cuáles no, a pesar de competir todos en el mismo mercado de la información.
La ley ya garantiza que las informaciones que publican los medios sean veraces
"Los medios de comunicación tienen la obligación de informar de una manera veraz, pero también de desmentir aquellas noticias que aparezcan en otros medios y redes sociales", explica el profesor José Manuel Silva, de la Universitad Abat Oliba CEU.
Cuando un medio publica una información falsa o injuriosa —es decir, que no se sabe si es falsa, pero atenta contra el honor— existe el derecho de rectificación, que obliga al medio a desmentir lo publicado dándole la misma preponderancia que en la noticia original. "Si no lo hace, hay dos vías para pedirla: la civil y la penal, que es para casos más graves", explica el profesor. "No son los gobiernos los que tienen que decidir si una información es falsa, sino los tribunales", señala José Manuel Silva, también periodista y abogado.
Donde los bulos encuentran su mayor caladero es en las redes sociales, cada vez más frecuentadas y donde cada vez se encuentran afirmaciones más tendenciosas y llamativas, por lo que suelen acabar difundidas en los grupos de WhatsApp con familiares y amigos. Es un caso que ha mencionado Sánchez desde la tribuna del Congreso, sin embargo lo ha hecho para atacar a los medios, mezclando dos tipos de publicaciones de orígenes muy distintos.