Se cumplen los pronósticos en el CGPJ. El Pleno extraordinario convocado este jueves para elegir a los candidatos del Tribunal Constitucional ha terminado sin renovación a la vista. Los 18 vocales junto con el presidente Carlos Lesmes únicamente han pactado las reglas sobre cómo elegir los nombres. Se impone de esta forma el criterio de los conservadores frente al de los progresistas, que querían votar este mismo jueves. El resultado de la reunión vaticina que el Consejo no cumplirá el límite legal fijado para el 13 de septiembre.
La reunión convocada en plena crisis por la no renovación del CGPJ ejemplifica la división existente en el seno del Pleno entre los vocales que quieren seguir los dictados del Gobierno y los que, por el contrario, se niegan a que la reforma legal les marque los tiempos del acuerdo. Es por ello que, tal y como informó este medio, este Pleno ha servido exclusivamente de toma de contacto sobre cómo se elegirán a los dos candidatos al Tribunal Constitucional.
Las reglas consensuadas implican, en primer lugar, que no habrá convocatoria de nuevo Pleno hasta que los dos bloques no tengan unos nombres que poner sobre la mesa. “La convocatoria del Pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el Presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales. La solicitud de convocatoria del Pleno incluirá los nombres de dos candidatos/as”, reza el documento sellado.
Dos candidatos por votación
El quórum de constitución es el establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El artículo 600.4 establece que para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente. Una vez convocado, podrán presentar propuestas de candidatos adicionales hasta el mismo momento del inicio de la sesión. Dichas propuestas acompañarán el currículum de los candidatos. Los vocales han decidido también que se podrá votar un máximo de dos candidatos en cada votación.
Se dará por válido el acuerdo únicamente cuando los candidatos hayan obtenido el numero de votos exigidos por el quórum de votación previsto en cada nombramiento; esto es, los tres quintos del número de miembros presentes en la votación del Pleno. Si están todos los vocales que integran el CGPJ en estos momentos, se necesitará una mayoría cualificada de 12 vocales. Conviene recordar que el actual Consejo acusa las bajas de Rafael Fernández Valverde (ya jubilado) y de la magistrada Victoria Cinto, fallecida el pasado mes de junio.
El octavo y último punto consensuado determina que, en caso de ninguno de los nombres propuestas no tuviera el número suficiente de votos, esa circunstancia no impediría que en el siguiente Pleno se pudiera volver a proponer. Este sistema, diseñado en la noche del martes por el bloque conservador, ralentiza la elección de los vocales que se designarán para el Tribunal Constitucional, lo que plantea serias dificultades de que se designen antes del 13 de septiembre; fecha máxima que estipula la reforma legal.
Malestar con el Gobierno
Los vocales más críticos con el acuerdo llevaban semanas amenazando con que no darían su brazo a torcer alegando que el Gobierno les quiere utilizar para poder renovar con urgencia el Constitucional e inclinarlo a una mayoría progresista. La escisión entre los dos bloques era más que palpable cuando Carlos Lesmes decidió dar un golpe en la mesa el lunes y advertir que no permitiría que la institución que preside desde 2013 se declarase en rebeldía.
Sus palabras no contribuyeron a calmar las aguas en el CGPJ pero sí movilizaron posturas. El bloque progresista venía a la reunión con un objetivo claro: designar nombres. No obstante, sabían que eso no iba a pasar, máxime tras el acuerdo alcanzado en la noche del martes por un grupo de ocho vocales crítico con el Gobierno. Los mismos dejaron claro que acatarían las palabras de Lesmes pero se tomarían su tiempo. Concluyeron entonces que no querían plazos ni fechas límite para alcanzar el consenso.
Se trata de un pulso al Gobierno, con el que la mayoría de los vocales tienen un gran malestar. El motivo reside en que primero se les despojó de sus competencias para efectuar nombramientos discrecionales y luego se les devolvió pero únicamente para renovar el Tribunal Constitucional; uno de los principales intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Carlos Lesmes se solidarizó este lunes con los críticos recordando que no comparten el contenido de estas reformas. No obstante recordó que esto no es óbice para incumplir la Ley.
Posibles candidatos
Ni el presidente del CGPJ ni el Gobierno barajan la posibilidad de que el acuerdo se selle en las fechas fijadas. Ahora bien, tampoco parece ser un problema ya que se vislumbra el acuerdo. Así pues, en el próximo Pleno los vocales votarán con nombres sobre la mesa. El sector progresista parece tenerlos atados desde hace semanas. Los nombres que barajan son los de la magistrada del Supremo y miembro del tribunal del procés, Ana Ferrer; el juez Eduardo Espín; el presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín; el presidente de la Sala Militar, Jacobo Barja de Quiroga o el magistrado de la Sala de lo Contencioso encargado de controlar al CNI, Pablo Lucas.
El bloque conservador, por contra, ha tenido serios problemas para encontrar su candidato en el Tribunal Supremo. Se tantearon nombres como el del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena; el instructor del procés, Pablo Llarena; el del magistrado que integró el tribunal del procés Antonio del Moral o el miembro de la Sala de Gobierno del alto tribunal, Ignacio Sancho. Ninguno prosperó debido a la negativa de ellos.
Los vocales más críticos insisten en que quieren que se renueve el Consejo o que se les devuelvan íntegras las competencias de nombramientos ya que ello implicaría no dejar en mínimos un Tribunal Supremo que se acerca ya al colapso precisamente por la imposibilidad de renovar las vacantes. También hay un tema sobre la mesa que preocupa especialmente al sector conservador y es la posible dimisión de Lesmes. En conversación con este periódico alguno de ellos avanza ya que, si dimite, no habrá renovación del Constitucional.
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