El Tribunal Constitucional (TC) celebrará el próximo 2 de octubre un Pleno monográfico para estudiar los recursos que el PP y Vox interpusieron contra la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que impide al CGPJ realizar nombramientos estando en funciones.
Fuentes del tribunal de garantías, precisan que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, convoca el Pleno ante la "complejidad" y el "interés general" del asunto teniendo en cuenta que la reforma legal que entró en vigor en 2021 impide a los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar las plazas de magistrados vacantes.
Ello está afectando a audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia y muy especialmente al Tribunal Supremo, donde el número de plazas vacantes que dejan los magistrados salientes asciende a 23. La Sala peor parada es la de lo Contencioso-Administrativo donde se han dejado vacantes once plazas, incluida la de su presidente. Además, a ello se añade que el Supremo se encuentra a día de hoy sin presidente titular, tras la dimisión de Lesmes y sin vicepresidente, tras la jubilación de Ángel Juanes.
Un Pleno "de interés general"
Las fuentes del TC explican que el asunto se estudiará el próximo 2 de octubre en un Pleno monográfico convocado por el presidente Conde-Pumpido ante la complejidad y el interés general que suscita. PSOE y Podemos impulsaron una reforma legal en el Congreso de la ley para evitar que el actual CGPJ, que trabaja en funciones desde diciembre de 2018, pudiera seguir acometiendo nombramientos.
Desde que caducara el mandato del actual Consejo, los vocales acordaron sacar adelante los nombramientos más importantes y siempre por acuerdo de máximos, para evitar discrepancias. Sin embargo, la falta de acuerdo para renovar el órgano entre el PP y el PSOE llevó a este último a cambiar la ley para que el Consejo, que sigue con mayoría conservadora, no pudiera cubrir las vacantes que van surgiendo por jubilación de magistrados o por deceso.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue recurrida ante el TC por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y por otro medio centenar del PP. La ponencia sobre el primero de los recursos ha recaído sobre la magistrada progresista María Luisa Balaguer mientras que el conservador César Tolosa estudiará el interpuesto por el Partido Popular.
Prueba de fuego en el TC
En sus recursos de amparo las formaciones expusieron que Sánchez estaba maniatando el CGPJ de manera opaca y denunciaron que se limitaban por ley funciones que competen a los vocales del órgano, aunque opere en funciones. Por su parte, fuentes internas del CGPJ también denunciaron la reforma y la entendieron como una invasión de sus competencias, a la par que advirtieron del colapso que se produciría en la cúpula de la judicatura si no se renuevan las vacantes.
El veto impuesto por Sánchez se levantó, no obstante, para poder renovar el TC, que desde enero lo integra una mayoría de magistrados progresistas. La ley que ahora se estudia en el tribunal de garantías impedía al CGPJ nombrar a sus dos candidatos, necesarios para que el Gobierno hiciera lo propio con su cuota.
Esta contrarreforma, que también tiene que estudiarse en el órganon que preside Cándido Conde-Pumpido, permitió que en diciembre y tras un intenso debate, el CGPJ eligiera a los magistrados del Supremo María Luisa Segoviano (progresista) y el conservador César Tolosa como sus propuestas para el TC.
Por su parte, el Gobierno designó a la hasta entonces alto cargo de Moncloa Laura Díez y al exministro de Justicia Juan Carlos Campo para el TC.
La renovación de estas cuatro plazas en el Constitucional provocó el giro de una mayoría conservadora imperante hasta el momento a una progresista y culminó con la designación como presidente de Cándido Conde-Pumpido. Esta nueva composición es la que ahora estudiará si valida la ley de Sánchez sobre el CGPJ o da la razón a los recurrentes y la tumba.
de Larra
Que triste y van..., no se cuantos años. La justicia haciendo política y la política deshaciendo la justicia.
Wesly
Si pretendemos defender que somos un Estado de Derecho, si queremos defender la separación e independencia de poderes propia de un Estado de Derecho, entonces habría que declarar anticonstitucional la intervención arbitraria del Poder Legislativo en el Poder Judicial hasta el punto de impedir normal funcionamiento del Poder Judicial. Pero ya sabemos que Conde Pumpido es el peón sectario y obediente que Pedro Sánchez ha elegido para que, en el Tribunal Constitucional, le acepte pulpo como animal de compañía cada vez que se lo pida. Lo que demuestra que no estamos ante un Estado de Derecho, estamos ante una dictadura partitocrática en la que el líder del partido que gana las elecciones (a base de mentir, manipular, dividir y fanatizar a la sociedad) hace y deshace a su antojo, implantado de hecho la arbitrariedad y la impunidad.