La magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra, Esperanza Collazos, quiere acreditar la deuda de la aerolínea en aras a esclarecer si se cumplieron o no las condiciones impuestas para recibir unas ayudas públicas de 53 millones de euros. La instructora del caso, que acaba de suspender de manera cautelar el abono de 34 millones de euros comprometidos, pone el foco en los datos relativos al nivel de deuda existente en la firma desde el año 2015.
En concreto, Collazos se dirige a la Agencia Tributaria para que informe al juzgado acerca de las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos y certificado de deuda de la mercantil española que ya se ha embolsado 19 millones de euros del plan de rescate autorizado por el Gobierno. No obstante, la juez no solo se ciñe a la aerolínea, sino que le pide a Hacienda que traslade idénticos datos de su principal accionista, Snip Aviation, de la que este medio destapó los nexos con la Venezuela de Nicolás de Maduro.
En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 accede a la solicitud que formuló Vox en su querella contra el Consejo Gestor de la SEPI y la compañía. Entonces el partido, que litiga como acusación popular, solicitó una serie de diligencias a varios entes, incluidos la Agencia Tributaria de la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, la juez explica que el primer intento de acceder a esta documentación fue fallido porque no se hizo a través del Punto Neutro Judicial.
Por ello, y tras aclarar que se trata de una fuente de prueba "útil", recurre a esta vía para acceder a los datos fiscales de la compañía y su accionista mayoritaria. Ahora bien, la magistrada va más allá y solicita información de todos los ejercicios desde 2015. El objetivo es esclarecer si, como apuntan los denunciantes, la firma arrastraba pérdidas desde su creación en 2011 y si cumplía los requisitos necesarios para acceder al fondo de ayudas públicas gestionado por la SEPI para asistir a las empresas españolas estratégicas afectadas por la crisis de la covid.
Un rescate "indispensable"
La causa, que arrancó el pasado mes de abril por un posible delito de malversación, se centra en los cinco miembros del Consejo Gestor de la SEPI -entre ellos el vicepresidente Bartolomé Lora- que autorizaron el desembolso de 53 millones de euros divididos, por un lado, en un préstamo ordinario de 19 millones y en otro participativo de 34. Este último se iba a hacer efectivo el próximo miércoles, si bien la instructora lo ha suspendido atendiendo a la existencia de este procedimiento penal y a la espera de que la propia Plus Ultra certifique los motivos por los que le urge recibirlo.
Antes de acordar esta medida de calado, las partes que integran el procedimiento ya se pronunciaron al respecto. Así, mientras las acusaciones que ejercen Vox y Partido Popular insistieron en la necesidad de paralizar el abono cautelarmente, la Abogacía General del Estado -que defiende a los cinco querellados- avisó que el rescate era "indispensable", que no producía quebranto alguno y que, de suspenderlo, peligraría también la recuperación de los 19 millones de euros ya transferidos a la aerolínea.
Misma tesis adoptó la defensa legal de esta compañía que acumula pérdidas superiores a los 10,5 millones de euros. En un escrito remitido al juzgado y recogido por este diario, Plus Ultra adelantó antes incluso de que la magistrada resolviera sobre la suspensión del rescate, que acordarlo implicaba poner en jaque el plan de viabilidad trazado para cumplir lo pactado con el Gobierno. En el escrito reiteran su súplica porque no impidiera el desembolso del préstamo avisando que, de lo contrario, condenaría a la empresa a una "dramática situación financiera".
Volumen de negocio
El contrato de financiación firmado con el Gobierno incluía dos cláusulas según las cuáles el Ejecutivo nacionalizaría la firma en caso de que ésta no cumpliera con lo recogido en el plan de viabilidad. La compañía, por su parte, se comprometió a llegar a 2022 recuperando los niveles de tres años antes y a operar con normalidad entre España y Venezuela, Perú y Ecuador. No obstante, uno de los argumentos que sostienen los denunciantes de esta causa es que Plus Ultra ya se encontraban en una mala situación desde mucho antes de la llegada del coronavirus.
Así se recoge también en los documentos que obran en este procedimiento. Aunque la Abogacía y la compañía apelan al informe de Deloitte, lo cierto es que el auditor (que actuó como asesor jurídico externo de la SEPI) avisó en este documento que Plus Ultra estaba al borde de su disolución antes de la crisis de la pandemia y que arrastraba pérdidas desde su creación hace ahora 10 años. Del mismo modo, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) también alertó a la SEPI que la firma facturaba la mitad que otras empresas del sector y tildó sus ingresos de "modestos".
Toda esta documental obra en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 15, si bien su titular se ha dirigido a más entes en aras a recabar todo el material clave sobre la verdadera salud financiera de la compañía. Además, también solicita información de su principal accionista, Snip Aviation. Detrás de esta mercantil se encuentran empresarios venezolanos vinculados a la esfera de Nicolás Maduro, como es el caso de Rodolfo Reyes Rojas. La firma, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, ostenta el control de más de la mitad del capital de la compañía española.
Al respecto, cabe recordar que el juzgado ya puso en el epicentro del asunto aclarar la titularidad real de los accionistas de Plus Ultra. Por ello, requirió a Snip Aviation y Sky Solution para que presentaran las actas de titularidad, mientras que a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (organismo dependiente del Ministerio de Fomento) reclamó un informe sobre las operaciones realizadas desde el año 2018 por Plus Ultra y la verdadera flota de esta empresa que que opera vuelos entre España y países de Latinoamérica como Venezuela, Perú y Ecuador.
