La diligencia estrella del caso Pus Ultra podría peligrar por un problema técnico del juzgado. Las acusaciones de este procedimiento en el que se investiga el rescate de 53 millones a la aerolínea han advertido al juzgado que la grabación sobre el careo de los peritos en las que se analizaron las condiciones del rescate, presenta fallos de audio. Así, mientras algunas han solicitado que se aclare si el error es de la grabación original o de la copia trasladada, otras han solicitado la nulidad de la diligencia.
La cita, que se celebró en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 18 de enero, es determinante para la causa dado que sirvió para que los expertos del juzgado y los de la compañía expusieran sus conclusiones sobre si Plus Ultra cumplía con las condiciones exigidas para recibir la millonaria ayuda. Los peritos de las dos partes mostraron sus discrepancias en lo que respecta a aspectos cruciales de la situación de la compañía, tales como las condiciones de un préstamo canalizado en un paraíso fiscal, un beneficio de 6,3 millones de euros que se anotaron en las cuentas del rescate y las provisiones por proyectos judiciales.
Tras la celebración de la diligencia, la juez Esperanza Collazos facilitó el vídeo a las partes del caso para que se pronunciaran sobre la cita judicial. Su objetivo es recabar la opinión de acusaciones e imputados (el consejo gestor de la SEPI) antes de dar respuesta a la petición de la Fiscalía de archivar el caso. Sin embargo, las acusaciones que forman parte del procedimiento (Manos Limpias, PP y Vox) han advertido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que la copia que han recibido es defectuosa. Por eso reclaman que se investigue si ha sido un fallo de la grabación original, o bien el defecto está en la copia de la que se las ha dado traslado.
Posible repetición del careo
La primera en reaccionar a esta deficiencia ha sido Manos Limpias. El sindicato que denunció los pormenores del rescate en los juzgados remitió este miércoles un escrito en el que avisó de que la imagen facilitada no iba acompañada de audio. Por ello solicitó que si la grabación del juzgado estaba correcta se les diera una copia y, sino, que se anulara el careo y se citara de nuevo a los peritos para volver a practicar esta diligencia. Vox también ha alertado de la deficiencia y se suma a la petición de nulidad en caso de que el problema sea del vídeo inicial.
El Partido Popular, por su parte, reclama a la juez que suspenda el plazo de diez días que se les dio para pronunciarse sobre el contenido de esta diligencia y que vuelva a fijar una nueva fecha ya que no han podido estudiar la grabación. Con todo, las partes alertan del peligro de tener que repetir una prueba en la que los expertos del juzgado apuntaron que Plus Ultra estaba en causa de disolución a fecha de 31 de diciembre de 2019. Al respecto, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, sostiene que, de producirse un nuevo careo, los peritos irán contaminados puesto que ya saben lo que va a decir cada uno de ellos.
Aunque Plus Ultra no se ha pronunciado todavía sobre esta presunta anomalía, sí lo hizo tras el careo para apuntar que, de la cita en sede judicial del pasado 18 de enero, no se podía concluir que la empresa estuviera en crisis a cierre del ejercicio de 2019. Este aspecto es decisivo dado que uno de los requisitos que fijó la SEPI a las empresas que optaban a estos fondos era que no estuvieran en situación de crisis en ese año, de manera que se pudiera acreditar que sus problemas fueron consecuencia de la pandemia.
Suspensión de los plazos
La Fiscalía y la Abogacía General del Estado (que defiende al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y al resto de consejo gestor que aprobó el rescate) tampoco ven irregularidad alguna con la entrega de esta ayuda millonaria. De hecho, el Ministerio Público pidió recientemente a la juez que diera carpetazo a esta causa abierta por posibles delitos de malversación, prevaricación, contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y cohecho. El Ministerio Público formuló esta solicitud tras estudiar el peritaje independiente del juzgado que se encargó al margen de los informes estudiados por la SEPI.
Sin embargo la instructora decidió dejar en el aire esta petición y optó por citar a los peritos de la SEPI y del juzgado para que expusieran sus conclusiones. Se trata de una prueba clave que tiene influencia directa en el devenir de la causa y que ahora podría verse amenaza por un problema técnico. En la cita participaron, de un lado, los expertos del despacho Martín Molina y, de otro, los de Deloitte y DC Advisory, los asesores legal y financiero que avalaron que Plus Ultra podía recibir la inyección de 53 millones de euros.
¿Aerolínea solvente?
En el encuentro se evidenciaron las discrepancias que previamente habían plasmado en los informes. La primera de ella fue la relativa a un préstamo de 6,3 millones de euros que la compañía recibió en 2017. Los expertos del juzgado alertaron no solo que se canalizó en un paraíso fiscal, sino que las condiciones pactadas le hacían dudar del carácter participativo puesto que gran parte de este monto tenía que estar inutilizado en la cuenta bancaria. Del mismo modo también cuestionaron el beneficio que se anotó la compañía de más de seis millones de euros por la venta de un avión valorado en 2,66 millones y también las provisiones de 1,8 millones de euros que se apartaron por posibles pleitos en el juzgado.
Frente a ellos se encuentran los peritos de Plus Ultra que insistieron en que la compañía tenía buenas cifras antes de la pandemia, un flujo correcto de viajes y de pasajeros y sin visos de datos negativos. Al hilo expusieron que no era necesario hacer un análisis retrospectivo para valorar la solvencia de la firma y reiteraron que, con la información analizada, la consideraron apta para recibir los fondos públicos. No obstante también dejaron claro que ellos no han auditado las cuentas y que fueron los miembros del consejo gestor de la SEPI los que autorizaron el rescate de Plus Ultra.
