Plus Ultra carga contra el juzgado que investiga su rescate de 53 millones por mantenerle imputada en la causa. La aerolínea ha recurrido la decisión de la magistrada de seguir adelante con el procedimiento penal argumentando que es contraria a la Ley porque se acordó fuera del plazo de la instrucción. La única salida, sostiene, es archivar las diligencias ya que "no se ha producido ningún perjuicio al erario público" con la millonaria ayuda pública.
La compañía responde de esta forma a la decisión de la instructora Esperanza Collazos de mantener la imputación como persona jurídica de Plus Ultra pese al rechazo de Fiscalía y la Abogacía General del Estado. La juez suspendió la citación prevista para el pasado 15 de junio tras las advertencias de la aerolínea acerca de que se le imputó en la causa sin que hubiera prorrogado la instrucción y, por tanto, fuera de plazo.
La juez dejó en el aire la comparecencia judicial de Plus Ultra para estudiar qué hacía con la causa pero, tras recabar el criterio de las partes, acordó mantenerla. Según razonó, no se podía entender que estaba fuera de plazo ya que éste empieza a contar desde que se imputa formalmente a la compañía y no desde la apertura de diligencias, hecho que se remonta a abril de 2021. Por eso concluyó que la actuación es legal y lanzó también un recado al destacar que "prácticamente todas y cada una" de sus decisiones han sido recurridas.
Se ha estigmatizado desde el comienzo de la causa, con la agravante de mantenerla abierta y el juicio mediático en paralelo que se está llevando a cabo por los medios y en redes sociales
El asunto queda en manos de la Audiencia Provincial de Madrid ya que, aunque la firma interpuso recurso de reforma subsidiario de apelación contra su imputación, ahora de nuevo vuelve a pedir a este órgano que valore la decisión de la juez. Así, en este nuevo escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, reitera su teoría acerca de que no se prorrogó la causa antes de que venciera la instrucción de un año y, por lo tanto, la única salida que queda es el archivo de la misma.
Imputación de Plus Ultra
Al respecto alega que los plazos de instrucción recogidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son "clarísimos" y que cualquier diligencia acordada desde el pasado 8 de abril es nula. También lanza un dardo a las acusaciones populares (que ejercen Partido Popular, Manos Limpias y Vox) alegando que "nada ha impedido" que solicitaran la prórroga y, pese a ello, no lo han hecho. Por eso, continúa, no se ha ejercido ningún tipo de indefensión a las acusaciones populares.
Nada ha impedido a las acusaciones populares solicitar la prórroga. No lo han hecho, por lo que no se les ha causado indefensión
La defensa de Plus Ultra recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales para ahondar en la tesis de que, transcurrido el plazo de 12 meses de instrucción, si ésta no se prorroga, no se pueden practicar más diligencias porque son nulas. Por ello dice que su declaración como imputada en sede judicial no tendría validez alguna ya que se acordó a finales de mayo, tal y como lo avanzó este medio.
La consecuencia directa de no haber declarado en sede judicial durante todo el tiempo de instrucción es que no se les podría enviar al banquillo en el marco de esa causa abierta por los delitos de malversación, fraude, prevaricación y contra la Hacienda Pública. "El efecto de la superación del término fijado por el legislador, ya sea por desatención de quien debe pedir la prórroga, ya por no acordarlo de oficio el Juzgado de Instrucción, no puede ser el de orillar la aplicación el precepto comentado que, de ser así, quedaría en papel mojado", añade.
"Juicio mediático"
Plus Ultra también rebate el criterio de la magistrada que dijo que esta causa se abrió "sin dirección alguna en la investigación" para no estigmatizar a nadie. La juez razonó el motivo por el cual todavía no había citado a declarar a la compañía en este procedimiento. Según dijo, desde el mismo inicio se acordaron una serie de diligencias, especialmente el peritaje independiente para esclarecer si la compañía cumplía o no los requisitos para recibir una inyección de 53 millones de euros y si hubo delito o no en el rescate.
Sin embargo la defensa de la aerolínea enmienda a la titular del juzgado y dice que sí se ha estigmatizado a los querellados en el procedimiento. Se trata de la propia compañía, además del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el resto de miembros del Consejo Gestor del holding público que autorizó el desembolso de estos fondos destinados para empresas estratégicas afectadas por la pandemia.
"Sí se les ha estigmatizado desde el comienzo de la causa, con la agravante de mantener la causa abierta y el juicio mediático en paralelo, que se está llevando a cabo por los medios y en redes sociales", dice la compañía, la cual ha demandado a Vozpópuli con 4,6 millones de euros por informar sobre toda esta deriva desde que se autorizó el rescate por parte de la SEPI.
Por todo ello vuelve a pedir de nuevo el archivo de las diligencias recordando que la juez tiene pendiente pronunciarse de la petición formulada por la Fiscalía. Sostienen que el careo de los peritos -en el que los expertos del juzgado apuntaron que la aerolínea estaba en causa de disolución a fecha de 31 de diciembre de 2019- no se traduce la comisión de un ilícito penal y que no se ha producido ningún agravio a las arcas públicas.
"A mayor abundamiento no se ha producido ningún perjuicio al erario público (según IGAE y Tribunal de Cuentas). Lo que sí ha resultado acreditado es que la ayuda se concedió en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad. Y se está cumpliendo por parte de Plus Ultra las obligaciones formales de información y el pago de intereses cuyo vencimiento ha tenido lugar el 22 de marzo de 2022", sentencia Plus Ultra.
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