Fiel a su estilo político, el PNV no quiere ruido, pero ya ha trasladado al PSOE y al Gobierno que se opondrá radicalmente a privilegiar a Cataluña frente al resto de territorios para favorecer la vuelta allí de las más de 8.000 empresas que han establecido su sede social fuera, principalmente Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón, huyendo de la incertidumbre creada por el fallido referéndum ilegal del 1-O de 2017.
Entre otras razones, por las cuales el País Vasco, una comunidad eminentemente industrial, por más que también se haya beneficiado de la llegada de firmas catalanas, sigue perdiendo tejido industrial neto: 465 empresas se han ido durante la última década, 37 solo durante el primer semestre de 2023. Un balance negativo que, según señalan fuentes empresariales a Vozpópuli, al inicio de 2024 supera ya el medio millar y sin visos de que la tendencia se vaya a invertir a corto plazo.
El origen de ambos éxodos empresariales es distinto. Mientras que el catalán es claramente político y de falta de seguridad jurídica en una hipotética Cataluña independiente, el vasco es la resultante de un cúmulo de factores que van desde una desproporcionada conflictividad -siendo la comunidad con los sueldos más altos, sufre el 50% de las huelgas de toda España-, al hecho de que presenta mayor absentismo laboral; sin olvidar que el envejecimiento ha hecho caer la población en las últimas décadas.
El PNV lleva años intentando invertir el silencioso declive Vasco, que corre parejo al propio desgaste del partido tras 40 años en el poder -de ahí el cambio de lendakari que pretende con el actual diputado vizcaíno de Infraestructuras, Imanol Pradales- y lo que menos le conviene son unos privilegios fiscales o empresariales a Cataluña que puedan acentuar su particular ‘éxodo’
El PNV lleva años intentando invertir este silencioso declive, que corre parejo al propio desgaste del partido tras 40 años en el poder -de ahí el cambio de lendakari que pretende en la persona del actual diputado vizcaíno de Infraestructuras, Imanol Pradales- y lo que menos le conviene en este momento es sumarse a dotar de unos privilegios fiscales o empresariales a Cataluña que puedan acentuar el éxodo de empresas vascas.
Durante los últimos siete años 150 empresas catalanas se han instalado en Euskadi, entre otras la rama de energía nuclear de Iberdrola, el gigante energético que tiene desde hace décadas su sede social en Bilbao, como el BBVA, el otro gran contribuyente a la Hacienda Foral, y lo último que quiere el socio vasco de Pedro Sánchez es que un eventual regreso de las mismas a Cataluña acentúe su saldo neto negativo.
El Gobierno, tras su pacto con Junts, sopesa la simple derogación del Decreto que aprobó Luis de Guindos de urgencia en octubre de 2017 para facilitar la salida de empresas de Cataluña tras aquel referéndum ilegal, pero alberga serias dudas de que ir más allá, esto es, privilegiar fiscalmente a esa región o articular ayudas para la vuelta de empresas sea legal conforme al derecho español y al comunitario.
‘Vacaciones fiscales’ ilegales
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el año pasado definitivamente las llamadas vacaciones fiscales que el Gobierno Vasco del entonces lendakari, José Antonio Ardanza, aprobó en 1993, porque perjudicaban claramente a las comunidades limítrofes de La Rioja, Cantabria y Asturias en el establecimiento de empresas.
En junio de 2018, seis meses después y nada más llegar al poder tras la moción de censura, el primer Ejecutivo de Sánchez descartó cumplir esta exigencia que planteaba el entonces Govern de Quim Torra.
Lo rechazó en aras de la libertad de empresa y, sobre todo, porque el clima político distaba de haberse pacificado. Pero ahora Carles Puigdemont exige que se frene desde la política, un éxodo que aún continúa pese a la mejora de la situación en esa autonomía.
El PNV es crítico con la forma en que se negociaron los decretos ómnibus, primando a Junts por encima del resto y abriéndole dos frentes en el País Vasco: los posibles privilegios empresariales a Cataluña y, sobre todo, que al final no se haya aprobado el decreto del Ministerio de Trabajo en el que se regula la primacía de los convenios autonómicos por encima de los sectoriales.
Los dirigentes jeltzales son muy críticos con la forma en que el PSOE y Sumar negociaron los decretos ómnibus la semana pasada: primando a Junts por encima del resto de los socios parlamentarios y abriéndole al PNV dos frentes internos con los posibles privilegios empresariales a Cataluña y, sobre todo, propiciando que decayera el decreto del Ministerio de Trabajo en el que se regulaba la primacía de los convenios autonómicos por encima de los sectoriales.
“El PNV hará descarrilar las votaciones si no se da prevalencia a los convenios vascos”, avisaba amenazante a Sánchez el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, al día siguiente de la controvertida votación. En la misma línea, el presidente del partido, Andoni Ortúzar, advirtió posteriormente al Ejecutivo que “la era de los decretos ley como chorizos se ha acabado”. En resumen, que tiene que negociar más y mejor, no llevar decretos a las Cortes como un “hecho consumado”, señalan las fuentes consultadas.
¿Habrá presupuesto?
En el Ejecutivo saliente de Urkullu ni siquiera tienen claro que Sánchez, visto lo visto la semana pasada en las votaciones, vaya a poder sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para set año, y no solo por el hecho de que el PP tumbe previamente el llamado techo de gasto en el Senado -algo que sólo retrasará unas semanas su aprobación-, sino porque poner de acuerdo proyectos tan dispares como los de Podemos y el suyo propio, el del PNV, o el de Junts, defensores ambos de la libertad de empresa, “no lo pone fácil”.
Sí, además, a eso se añade el eterno pulso entre los de Puigdemont y ERC, con el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la cabeza, por hacerse con el relato del independentismo catalán de cara a las elecciones de final de año en esa comunidad, “el panorama se presenta sombrío” para que eche a andar la legislatura de forma diferente a como vimos en la alocada votación de los decretos, admiten fuentes del Gobierno Vasco.
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