Los pactos in extremis entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV son ya habituales y amenazan con convertirse en legendarios. Como si a ambos socios les gustase apurar hasta el último momento durante sus tiras y aflojas. Pero, sean lo duros que sean en la mesa de negociación, lo cierto es que casi siempre llegan a acuerdos. Y el fondo de los mismos se repite: el Ejecutivo cede a las pretensiones de los peneuvistas y ellos, a cambio, sostienen a Sánchez en el poder.
El último ejemplo se vivió este mismo viernes. Otra vez a contrarreloj. Otra vez amenazas mediante. Empezaba el día con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, afirmando que "todos los escenarios están abiertos", incluido el de enmendar las cuentas. Tres horas después el portavoz parlamentario jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, daba cuenta del acuerdo: el Gobierno cedía la "gestión íntegra" del ingreso mínimo vital a Euskadi a cambio de que el PNV no presentase la enmienda a la totalidad. Presupuestos salvados.
Sean peleas negociadoras o fuegos de artificio para ponerle emoción, el caso es que una vez más llegaba el acuerdo en el tiempo de descuento. Mismo esquema y mismo resultado final. Ortuzar amaga y Esteban negocia. Algo similar, por poner un ejemplo, a lo que pasó hace un año también para aprobar las cuentas públicas. Lo siguiente que reclamará el PNV al Ejecutivo, ya en la negociación sobre partidas presupuestarias concretas, será acelerar las obras del AVE vasco. No es difícil prever que habrá fumata blanca otra vez, como ya era fácil vaticinar que el IMV sería traspasado a Euskadi.
En las cesiones se entremezclan algunas reivindicaciones históricas con otras menores. Algunas se firmaron en el acuerdo para la investidura firmado por el propio Sánchez y Ortuzar, otras eran previas y otras han surgido después
En realidad, la mayoría de lo que el PNV reclama ahora ya se acordó tiempo atrás. Pero la pandemia congeló los planes en 2020. Y ahora algunas de esas cesiones empiezan a consumarse. La pregunta pertinente es, llegados a este punto y calendarios aparte, cuánto ha sacado ya el PNV a los gobiernos de Sánchez y cuánto sacará en lo que queda de legislatura. El listado no es pequeño. Ni tampoco es sencillo, porque se entremezclan algunas reivindicaciones históricas con otras menores. Algunas se firmaron en el acuerdo para la investidura firmado por el propio Sánchez y Ortuzar, otras eran previas y otras han surgido después.
El Ingreso Mínimo Vital. Es la penúltima cesión, que por fin se cerraba este viernes tras largas discusiones al respecto. Ya en su día, al sacar adelante la ley que regula este tributo, el PNV arrancó el compromiso de que se le traspasaría esta gestión. Ambos socios fijaron octubre de 2020 como momento para consumar el traspaso, pero la pandemia del coronavirus cambió los plazos.
Prisiones y otras competencias. Desde el pasado 1 de octubre el País Vasco se ocupa de la competencia de Prisiones. Esta era una de las reivindicaciones más antiguas de los nacionalistas vascos, ya que es una de las trasferencias que estaban pendientes pese a figurar en el Estatuto de Gernika, del que esta semana se han cumplido 42 años. En el citado pacto de legislatura, el PSOE se comprometió con el PNV a ceder a Euskadi las más de 30 competencias pendientes. En abril de este año ambos gobiernos, el central y el vasco, pusieron fecha a la trasferencia de Prisiones y a otras tres menores.
Varios impuestos. El pasado verano, en medio de un momento de tensión entre ambos socios, el lehendakari, Íñigo Urkullu, amagaba con dar un plantón a Sánchez en la conferencia de presidentes. Pero nuevamente hubo acuerdo de última hora. Urkullu asistió, pero a cambio de más cesiones. En concreto, el Gobierno vasco logró empezar a gestionar la recaudación en Euskadi del IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras, más conocido como tasa Tobin, y el impuesto de servicios digitales, llamado tasa Google. Justo un año antes, también con motivo de otra conferencia de presidentes, el lehendakari arrancó un nuevo compromiso de déficit a cambio de ir a la reunión.
Gestión de la Seguridad Social. Corría el mes de febrero de 2020, a pocos días de que estallase la pandemia del coronavirus, cuando los representantes de ambos ejecutivos alcanzaban un acuerdo, por cierto adelantado por Vozpópuli, sobre las dos grandes joyas de la corona de las cesiones pendientes que están en el texto de Gernika: Prisiones y la Seguridad Social. La primera llegaría a finales de 2020 y la segunda, la más deseada por el PNV, en 2021. Después, con el virus, todo cambió, claro. Y, como se ha dicho, la gestión de las cárceles se traspasó a Euskadi recientemente. Pero, tal y como publicó este diario, la negociación sobre la gestión de la Seguridad Social sigue y apunta a un final con traspaso en 2022.
Las obras del TAV. Antes de que pueda consumarse ese traspaso de competencias, lo más perentorio para el PNV es, como viene contando este periódico, un acuerdo para que los Presupuestos del próximo año incluyan más inversión para el Tren de Alta Velocidad (TAV), más conocido como el AVE vasco. Ese era y sigue siendo el verdadero precio de los peneuvistas por su apoyo a las cuentas públicas. No en vano, Esteban ya decía este viernes que es ahora cuando empieza la negociación sobre la letra pequeña.
¿El nuevo Estatuto? Esta es la cuestión quizás más compleja de todas las que el PNV exige al Gobierno de Sánchez. Alumbrar un nuevo Estatuto que sustituya al de Gernika es uno de los principales objetivos de Urkullu. De hecho, este es uno de los puntos del pacto de legislatura de PNV y PSOE que permitió la investidura del presidente del Gobierno. Sin embargo, la lentitud de los trabajos en el propio Parlamento vasco, con fuertes discrepancias entre los partidos, apunta a que los tiempos de este proceso tal vez no coincidan con los de la legislatura de Sánchez.
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