La vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital del Gobierno de España, Nadia Calviño, afirma que “el coste de la pobreza infantil es demoledor” y que “un país rico como España no puede tener niños pobres, por una cuestión de justicia social, pero también de racionalidad económica”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a promover más medidas para luchar contra la pobreza infantil, que califica de “infamia” porque supone “una brecha moralmente inaceptable, socialmente insostenible y económicamente suicida”. Pero lo cierto es que desde el año 2015, España ha pasado del puesto 21 al 26, de los 27 de la Unión Europea, en pobreza infantil.
No es necesario ir a los países más empobrecidos para identificar los indicadores de exclusión social de la infancia. En España hay un “cuarto mundo” que se refleja en el alarmante índice de pobreza infantil, el 27,5%, derivado de la desatención de las más elementales necesidades, que repercuten en la alimentación, la salud y la educación, en hogares sumidos en la precariedad, destacando la vulnerabilidad residencial por la falta de viviendas sociales.
Parece que ese presupuesto de 63.079 millones de euros anuales que iba destinado a acabar con la pobreza infantil, lo que representa un 5,1% del PIB o unos 1.300 euros por habitante, según un reciente estudio del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno español, no ha sido suficiente para que bajemos al umbral más bajo de pobreza infantil extrema de Europa, únicamente superados por Rumanía.
Destaca, además, el incremento de la pobreza infantil durante la última década analizada en las comunidades autónomas consideradas más boyantes, como Madrid (del 13% al 17%) y Cataluña (del 10% al 19%).
En el año 2014, UNICEF ya alertaba de esta situación, reivindicando un pacto de Estado para reducir la pobreza y generar un sistema educativo de calidad estable, algo que sigue pendiente. Los datos actuales reflejan que es urgente. Y no es solo cuestión de números.
Un submundo delante del nuestro
Ciertamente, existe un submundo. Y está delante nuestro, en nuestro entorno, en nuestras ciudades, tan invisible como lo es la cara oculta de los niños, niñas y adolescentes que no ven cubiertas sus necesidades vitales más esenciales. Es el perfil de los niños españoles que vive en situación de pobreza crónica (en hogares que están por debajo del 40 % de la renta media), uno de cada cuatro. Un sector de la población que ha crecido un 70 % las dos primeras décadas de este siglo.
Las solicitudes de becas de comedor o actividades estivales que también cubren necesidades alimentarias son un claro indicador y han crecido un 40% en cinco años (3 de cada 4 familias que solicitan beca).
Los derechos de la infancia se construyen en la Convención sobre los Derechos del Niño sobre una premisa básica: la erradicación de la pobreza infantil. Porque la dignidad es el principio del desarrollo sano de la personalidad, y la salud integral es el cimiento de la supervivencia.
Junto con la violencia, esa es la mayor preocupación de los propios niños, niñas y adolescentes, como declararon en el último Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en Córdoba, Argentina.
No es solo una alarma del presente, sino que refleja la ineficacia del pasado reciente al subir, en vez de bajar, esas tasas de pobreza infantil. También de futuro, porque estamos sembrando más desigualdad de oportunidades, más problemas de salud física y mental, mayor inequidad social y vulnerabilidad.
Peores expectativas salariales y enfermedades crónicas
Un niño pobre tiene peores expectativas salariales y mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas en su edad adulta porque la malnutrición en la niñez genera deficiencias irreversibles en la madurez y secuelas crónicas, que destaca el informe sobre El coste de la pobreza infantil en España.
La pobreza infantil pronostica problemas de salud (30%), de obesidad (36%) y depresión (12%), lo que repercute en costes de salud pública en un 0,5% del PIB (6.079 millones de euros); e incide en el abandono escolar (28%), lo que resulta determinante para el acceso al empleo por la falta de estudios superiores (12%).
Emigran quienes mejor se han formado y se quedan quienes no tienen expectativas profesionales, lo que significa menos recaudación de impuestos por pérdida de productividad y mayores costes sociales para frenar la exclusión (calculado en unos 57.000 millones de euros anuales).
No estamos rompiendo el círculo de la pobreza infantil. Se está ampliando su impacto social y económico, porque los costes individuales repercuten sobre los que debe asumir el conjunto de la sociedad con nuestros impuestos.
Además de la necesidad de analizar los índices de pobreza infantil, directamente, sobre cada persona menor de edad, hay que determinar su incidencia en cada unidad residencial, por su situación de dependencia. Los recursos, incluso de las pensiones de jubilación, pueden repercutir sobre la provisión de las necesidades a niños, niñas y adolescentes, y por eso se pone el acento en las situaciones de empleo, ingresos laborales y rendimientos económicos en el grupo familiar.
La prevención ha fallado
Pero las expectativas de erradicación de la pobreza infantil deben ir más allá de las ayudas o recursos económicos perentorios; hay que facilitar cañas de pescar, además de peces. Nos ha fallado la prevención, y ahí hay que incidir: en habilidades parentales, conciliación familiar, actividades culturales y atención temprana de los trastornos, poniendo especial atención a la primera infancia y a la adolescencia como etapas clave en el desarrollo de la personalidad que han sido especialmente descuidadas.
La calidad de vida es la solución a la pobreza infantil y debe afrontarse sobre los tres pilares del sistema social y democrático, en clave de gobernanza y derechos humanos de la infancia y la adolescencia: la salud, la educación y la justicia. Y debe calibrarse y medirse a partir de la evaluación independiente y empírica de los efectos reales de las políticas sobre la superación de la pobreza infantil. Calcular los índices de pobreza infantil debe mostrarnos la cara de esa niñez para que las medidas para combatirla sean efectivas en su retorno económico y social.
Romper definitivamente el círculo de la pobreza infantil no es solo una cuestión de corresponsabilidad con los derechos humanos y la justicia social, es un desafío que nos conviene para la sostenibilidad económica.
Carlos Villagrasa Alcaide, Profesor titular de Derecho Civil, Universitat de Barcelona
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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