España

Los 100 días de los alcaldes de Podemos: humillaciones, nepotismo y censura

Los regidores populistas reclaman más tiempo para poder implementar sus políticas. De momento, mucho ruido y poca gestión. Ni siquiera han levantado bochornosas alfombras. 'Vozpópuli' hace aquí un recopilatorio de las medidas, con más carga ideológica que eficiencia, que han provocado gran revuelo.

Las alcaldías de candidaturas populares integradas por Podemos alcanzan este domingo sus primeros cien días desde la constitución de los ayuntamientos el pasado 13 de junio. Del cumplimiento de su programa electoral, con promesas de vertiginosos planes de rescate ciudadano y exhaustivas auditorías de la deuda, todavía no quieren hacer balance y piden calma, más tiempo para poder implementar sus políticas. Apelan así a los “100 días de gracia”, término que inmortalizara el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1.933, cuando se dio este plazo para la puesta de marcha su New Deal ante la Gran Depresión.  

Sin embargo, a falta de que empiecen a tomar medidas de calado conforme a sus promesas electorales, de lo que sí han dejado impronta los alcaldes populistas es de gestos innecesarios, aspavientos y polémicas. Mucho ruido y poca gestión. Ni siquiera han levantado, como esperaba la ciudadanía, bochornosas alfombras del “régimen” -así definen al bipartidismo-  y eso que hace hace tres meses que manejan consistorios donde la carcoma del amiguismo y de las corruptelas llevaba tiempo instalada. Vozpópuli hace aquí un recopilatorio de las medidas, con más carga ideológica que eficiencia, tomadas de cara a la galería, que han provocado amplio revuelo.

-Madrid. La alcaldesa, Manuela Carmena, se vio sorprendida nada más tomar el bastón de mando por la facilidad que tenían algunos de sus concejales para meterse en berenjenales. Desconocedora quizás del perfil de estos ediles, la exjuez tuvo que dejar a Guillermo Zapata sin la cartera de Cultura por haber publicado en las redes sociales mensajes que resultaron ofensivos para víctimas del terrorismo y la comunidad judía. La Fiscalía pidió que el concejal declarara como imputado por sus tuits “humillantes”.

El cambio de la web V.O. no fue más allá de mantener la política de desmentidos, pero sin referencia al medio

A este tenso episodio de bromas de mal gusto, en un arranque no muy afortunado, se uniría después el encontronazo a tres bandas por el lanzamiento de la web municipal Versión Original (V.O.), destinada a publicar desmentidos periodísticos, señalando al medio y al periodista en cuestión. El entonces portavoz del PSOE, Antonio Miguel Carmona, pidió a sus socios (los socialistas firmaron con Carmena el acuerdo de investidura) que retiraran dicha página, como también hizo el PP. Sin embargo, el edil socialista dio marcha atrás y quedó contento -así se lo dijo al PP- con la sola promesa de la regidora de que la web sería modificada. El cambio finalmente no fue más allá de mantener los desmentidos, pero sin incluir la referencia al medio. Algo prácticamente irrelevante pues con teclear en un buscador la noticia señalada aparece su origen. La FAPE ha denunciado que la página V.O. tiene “un halo de censura”.

La falta de ética en algunos nombramientos también ha traído cola. Si bien nadie duda de legalidad de las decisiones y de la capacidad de los elegidos, Carmena y su portavoz Rita Maestre tienen ahora en puestos cercanos de responsabilidad a su sobrino político, Luis Cueto, y a su padre, Luis Maestre, respectivamente. El enchufismo de nuevo cuño, todo muy legal pero poco decoroso.

-Barcelona. También la regidora de la Ciudad Condal, Ada Colau, inició su andadura con acusaciones de nepotismo. La exportavoz de la PAH quiso que su pareja, Adrià Alemany, le acompañara en la tarea municipal como asesor de Relaciones Políticas e Institucionales, eso sí a sueldo del partido Barcelona en Comú y no del Ayuntamiento. Misma maniobra -otra vez innovando en el alambre- que la prevista por Ahora Madrid en el Consistorio capitalino respecto a Irene González Martínez, esposa y, a la vez, “asistente” del concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto. Vozpópuli publicó en exclusiva el mensaje de WhatsApp con que la pareja del edil se despidió de sus compañeros de trabajo en la cadena Distribuidora Internacional de Alimentación SA (DIA). Empleada como “supervisora de tiendas”, mandó dicho mensaje un mes y once días antes de las elecciones municipales del 24-M. El futuro era ilusionante.

También a vueltas con la gestión de la comunicación municipal, Colau nombró directora del área a la activista post porno (corriente que cuestiona la visión clásica y hetero de la industria del sexo) Àgueda Bañón. Unas imágenes “artísticas”, de hace diez años y colgadas en su blog, donde aparecía ella orinando en la Gran Vía de Murcia, con el apodo Miss Bragas, incendiaron las redes sociales.  

Pero más incertidumbre generó en los inversores el anuncio de suspender la concesión de licencias para alojamientos turísticos, con el argumento de frenar la saturación de determinados barrios. Un bloqueo en toda regla a la llegada de más de 200 millones de euros. Barcelona en Comú tendrá que recular aquí -era una medida estrella de su programa- tras quedarse hace unos días en minoría en un votación sobre el levantamiento de la medida que reclama la oposición. Hasta 18 firmas afectadas por esta moratoria hotelera han avanzado que exigirán al Consistorio una indemnización. Y pagarán, llegado el caso, todos los barceloneses, no sólo el 25% que confío en la candidatura de Colau el 24-M.

De lo último sonado ha sido la sanción de 60.000 euros a dos bancos (BBVA y Sabadell) y la Sareb estatal por tener 12 pisos vacíos (cuatro, uno y siete, respectivamente). Una manera un tanto hostil de afrontar una negociación con entidades bancarias que están dispuestas a ceder viviendas. De hecho, ya han comunicado al Gobierno central su intención de aportar 3.000 inmuebles más al Fondo Social de Vivienda (FSV), que pasará de disponer de cerca de 6.000 pisos sociales a 9.000. Por su parte, las administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento, acumulan 400 pisos vacíos en Barcelona y de momento no hay auto-sanciones.

-Cádiz. El alcalde José María González Kichi se ha críado entre el Carnaval y la Semana Santa, como él reconoce, pero ahora quiere reducir las ayudas a las cofradías gaditanas por cuestiones de austeridad, algo que ha llevado a algunas hermandades a dar la voz de alarma, ya que sin la asignación municipal, sostienen, no podrán sacar sus pasos a la calle.

En lo de elegir asesores, Kichi y los suyos quisieron dar ejemplo de transparencia y convocaron un concurso público, abierto a toda la ciudadanía, para cubrir cuatro puestos de su grupo municipal (Por Cádiz Sí se puede) en el Ayuntamiento. Buscaban perfiles de “activistas”. Al final, como informó el Diario de Cádiz, terminaron contratando a tres miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Cádiz y a un cuarto que también participaba en la formación morada. La decisión de escoger a estos afines provocó indignación incluso entre simpatizantes de Podemos.

La hemeroteca también pasa factura a González cuando se le recuerda intentando frenar -sin éxito- un desahucio a pie de calle, con las cámaras de televisión inmortalizando su ‘cara a cara’ con la Policía Nacional. Cuatro de sus concejales formaron una cadena humana en la puerta de vivienda. Tras el desalojo, Kichi manifestó que sentía “una gran impotencia” y criticó que faltó “voluntad por parte de la propiedad”. Pues la propiedad no resultó ser ningún banco, ejecutor de una feroz hipoteca, sino “una viuda enferma, como el inquilino, que lleva dos años sin recibir ni un euro por el alquiler”, según informó lavozdigital.es.

-Zaragoza. El regidor Pedro Santisteve mantiene su intención de cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós, el que fuera entrenador del club de baloncesto CAI Zaragoza fallecido en octubre de 2014. Este empeño ha provocado profunda división en la calle, con más partidarios de homenajear a Abós de otra forma que retirando la nomenclatura actual del citado polideportivo. El propio CAI Zaragoza ha manifestado que “no puede estar de acuerdo con este cambio de nombre y confía en que se busquen, a la mayor brevedad, soluciones alternativas que permitan terminar con una polémica que no beneficia a nadie”. El club ha lamentado así la “instrumentalización” que están sufriendo la figura y la memoria de José Luis Abós.

Asimismo, Zaragoza en Común hace oídos sordos al mandato (no vinculante) que el pasado julio salió del Pleno, donde la oposición (PP, PSOE y C's) sacó adelante una moción en la que insta a Santisteve a reconsiderar el cambio de designación. De nuevo, prima la mayoría de 11 concejales frente a 20, aunque entre los socialistas ya se escucha aquello de que “en el pecado va la penitencia” pues ellos mismos fueron quienes auparon a la marca de Podemos al gobierno local. 

-A Coruña. El alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica, afín a Podemos, ha suspendido las corridas toros en la ciudad esgrimiendo que tal medida responde al “interés público”. Ni consulta popular, ni nada, por la calle rápida, la del intervencionismo. Ferreiro ha argumentado también que en A Coruña no hay tradición taurina, lo que ha terminado de irritar a defensores de la fiesta nacional y aficionados, que han recordado que la feria lleva celebrándose desde hace 25 años.

La empresa afectada Tauro Siglo XXI exige una indemnización al Ayuntamiento por la rescisión del contrato y reclama más de 360.000 euros por daños y perjuicios, que tendrían que asumir todos los contribuyentes si la justicia le da la razón. El alcalde, sin embargo, ha cifrado el ahorro que ha supuesto la cancelación de los dos festejos de agosto en una cantidad muy inferior: 50.000 euros.

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